TORRES SILVA: JUEZ Y PARTE

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Ambos están acusados de participar en el secuestro y homicidio de un ex miembro de su pandilla, para silenciarlo, pues puede implicarlos en varios asesinatos ocurridos años antes.

El primero estaba retirado, el segundo en cambio seguía ejerciendo su profesión de abogado, sin embargo su último cliente está prófugo de la justicia, acusado de secuestro.
Lo anterior podría ser un buen guión para una película de gangster que haría palidecer de envidia a Coppola y a todo el elenco de “El Padrino”. Más aún, la historia podría ser graciosa, sino fuera por quienes la padecieron.

El hombre es Fernando Torres Silva, uno de los hombres más duros y temidos de la dictadura. Ejerció como Fiscal militar durante diez años y como tal persiguió sin piedad a los opositores al régimen. Muchos de ellos aún recuerdan su voz, en medio de los interrogatorios y torturas a los que eran sometidos. Dicen que le gustaba asistir a ellos. Además, como señala El Mercurio de ayer “tuvo un duro papel en la investigación del atentado al general (r) Augusto Pinochet y de otras acciones subversivas”.

Sería bueno saber exactamente a que se refiere con aquello de “duro papel”.

Ibarra Chamorro, fue su subalterno y sucesor en la Fiscalía Militar. Además fue miembro de la Corte Marcial en representación del ejército. Ambos están acusados de asociación ilícita para el crimen y su principal misión fue la de crear una organización al interior de la Auditoria General y el DINE, para obstruir la justicia en casos de violaciones a los derechos humanos, ocultando información, amenazando o comprando testigos, falsificando documentos.

La idea era impedir a cualquier precio que la justicia pudiera avanzar en las investigaciones que involucraban al ejército. Un ejemplo ya acreditado es el caso del suboficial mayor ( R ) José Remigio Ríos quién en 1993 cambió su testimonio judicial en el caso Carmelo Soria, tras una “reunión” con miembros del Ejército.

Hoy han sido procesados por el juez Alejandro Madrid, que investiga el secuestro y la muerte de Eugenio Berríos, funcionario de la dictadura, hoy sospechoso de asesinar al ex Presidente Frei Montalva. De hecho se espera que para los próximos días haya novedades en este caso. Berríos fue sacado del país y trasladado a Uruguay, en 1991 para evitar que fuera llamado a declarar en el caso Letelier. En ese país apareció muerto en 1995. Se presume que habría estado dispuesto a entregarse a la justicia chilena, y eso le costó la vida.

Como si todo lo anterior fuera poco, anteriormente Torres e Ibarra habían sido procesados por el cargo de obstrucción a la justicia en el caso del asesinato de Tucapel Jiménez. Sin embargo por esta causa Ibarra fue sobreseído por falta de pruebas y Torres Silva cumplió una condena de 700 días de presidio. Esta vez parece ser que no todo será tan fácil para ellos. Los buenos tiempos parecen acabarse para quienes se consideraron intocables.

Sin duda que los crímenes en que estos personajes están involucrados son condenables y brutales, pero tanto o más estupor debiera causarnos que individuos como estos fueran parte nada más y nada menos que de la administración de justicia en nuestro país.

La vida y la muerte de muchos de nuestros compatriotas dependió de ellos durante la dictadura. Pero Torres Silva no sólo fue Fiscal Militar durante más de diez años, si no que en esa calidad fue miembro de la Corte Suprema hasta que la ley fue reformada, una vez ya iniciada la transición. Fue precisamente esta posición la que le permitió tener acceso privilegiado a las causas que involucraban a los militares que el mismo buscaba proteger.

Ibarra por su parte los defendió en su calidad de abogado, legítimo derecho en el ejercicio de su profesión, si no fuera porque su último cliente fue Iturriaga Neumann, -acusado de secuestro calificado Luis Dagoberto San Martín, desparecido desde 1974-, y hoy prófugo de la justicia, actitud que públicamente Ibarra defendió, y justificó, en abierta rebeldía a un estado de derecho.

Finalmente cabe mencionar que todas estas operaciones de encubrimiento, falsificación de pruebas y obstrucción a la justicia se financiaron a costa del erario público, utilizando recursos del ejército, es decir, con dinero de todo los chilenos. Sólo cabe esperar que la justicia siga su curso nosotros no perdamos la capacidad de asombro e indignación.

Por Carla Peñaloza. Academica de la Universidad de Chile. Colaboradora de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 25 de julio 2007
Crónica Digital , 0, 93, 3

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