‘Crónica Digital es un medio de circulación nacional y de acuerdo a la ley de prensa publica una carta firmada por el señor José Cabión Álvarez, Prefecto Jefe Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, quien desmiente el artículo firmado por nuestro Editor General.
Santiago, martes 12 de agosto de 2007
Señor
Víctor Osorio Reyes
Director Periodístico
Crónica Digital
P r e s e n t e
C.C.: Señor
Roberto Portilla
Editor General
Crónica Digital
De mi consideración:
En relación con el reportaje titulado DETENIDOS DESAPARECIDOS: LAS TAREAS PENDIENTES, aparecido en el diario Crónica Digital hoy martes 14 de agosto, la Policía de Investigaciones de Chile se ve obligada a desmentir la información publicada que dice relación con nuestra Institución.
Al respecto, es importante precisar:
,La nota periodística señala:
El Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, en el último tiempo, se ha visto mermado en sus recursos financieros y humanos para cumplir con la labor encomendada .,
Lo anterior no es efectivo. Muy por el contrario, recientemente se aumentó la dotación de la Unidad de Derechos Humanos en tres funcionarios, cifra que -atendiendo a lo reducido de nuestra planta funcionaria y a las altísimas demandas por seguridad de la ciudadanía- resulta importante.
,Y sigue
No es desconocido que existe una instrucción de reducir costos y dividir el trabajo de este Departamento en otras áreas de la policía civil
Lo anterior, tampoco es efectivo. Más aún, en el transcurso del presente año se instruyó la compra de nuevos computadores con el fin de modernizar la infraestructura de la unidad y contribuir a la labor policial a través del uso de tecnología actualizada.
,La nota continúa:
Esta decisión política proviene de su propio Director General, Arturo Herrera por lo que abre la duda respecto del actual compromiso de la Policía de Investigaciones, como política institucional, en materia de derechos humanos.
Esto es absolutamente falso. La Policía de Investigaciones de Chile liderada por la figura de nuestro Director General, señor Arturo Herrera Verdugo- ratifica su más irrestricto respeto a los derechos humanos. Prueba de ello, es que se trata de uno de los valores base de la formación de nuestros aspirantes a detectives y aquel que inspira nuestra labor y proceder policial diario.
Cabe destacar que la actual gestión institucional ha concentrado sus esfuerzos en hacer de Investigaciones de Chile, una policía moderna, profesional, efectiva, reconocidamente técnica e interdisciplinaria. Los últimos estudios y la recientemente publicada encuesta de la Fundación Paz Ciudadana, así lo confirman.
,Finalmente señala:
Sobretodo, si a este resquemor sumamos el incidente producido por el informe del general Miguel Trincado, donde la máxima autoridad policial solicitó al Departamento Quinto, modificar la participación del militar en los hechos investigados por un juez de la República.
Lo anterior constituye una injuria grave por lo que la Policía de Investigaciones de Chile se reserva el derecho de emprender acciones legales.
Sin duda, resulta lamentable que un medio de comunicación como el que usted dirige se haya prestado para denostar a nuestra Institución, más aún cuando nuestra única misión es el oportuno esclarecimiento del delito y cumplir de manera exitosa, y de acuerdo a los más altos estándares éticos, con las exigencias y requerimientos de la Justicia.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
José Cabión Álvarez
Prefecto
Jefe Brigada Investigadora de Asuntos Especiales y Derechos Humanos
A nuestros lectores
Crónica Digital quiere dejar constancia que en Chile existe la libertad de expresión y que los periodistas, directores y medios de comunicaciones de este país están amparados por la ley de prensa y la propia Constitución de la República.
Queremos recordar que el articulo séptimo de la ley de Prensa señala que los directores, editores de medios de comunicación social, las personas a quienes se refieren los artículos 5º y 6º y los corresponsales extranjeros que ejerzan su actividad en el país, tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa, la que se extenderá a los elementos que obren en su poder y que permitan identificarla y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente.
La defensa y promoción de los derechos humanos ha sido un elemento central en la línea editorial de Crónica Digital. En consecuencia, procurar que las instituciones funciones es deber de una sociedad que busca lograr la verdad y la justicia en esta materia.
El artículo publicado por Roberto Portilla tiene un doble valor. Primero, nuestro Editor General es un reconocido profesional de la prensa chilena y segundo, porque es hijo de un alto dirigente comunista que fue detenido, torturado y luego desaparecido durante el régimen militar.
Hasta el día hoy no sabemos donde está su padre, situación que todavía viven miles de familias chilenas. Es por este motivo, exigir que las instituciones funcionen y que cuenten con los recursos necesarios para que su labor sea realizada en óptimas condiciones es para nuestro medio de comunicación de primera prioridad.
Iván Gutiérrez Lozano
Director y representante legal
Crónica Digital
A continuación entregaremos el artículo de Roberto Portilla publicado el 12 de agosto pasado.
DETENIDOS DESAPARECIDOS: LAS TAREAS PENDIENTES
A raíz del reportaje de Informe Especial, sobre el caso de calle Conferencia y el Cuartel Secreto de exterminio de la DINA, de calle Simón Bolívar y, las últimas diligencias judiciales de los Tribunales de Justicia, reinstalan temas que hasta hoy están pendientes, como es la reconstrucción de la red partidaria clandestina que sostuvo a los dirigentes desaparecidos en 1976.
La investigación periodística de Informe Especial, difundida anoche por Televisión Nacional de Chile (TVN) no deja espacio para la duda. Más allá del reconocimiento público de la existencia del Cuartel de Simón Bolívar como lugar de exterminio de las dos direcciones clandestinas del Partido Comunista en 1976 y, la barbarie en sus formas de aniquilamiento, deja de manifiesto que ex agentes de la represiva Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) han comenzado a hablar.
El secretismo impuesto, a sangre y fuego, por dicho organismo represivo liderado por el condenado general ® Manuel Contreras, por más de 30 años comienza a romperse y sus ex camaradas de armas hoy están entregando información que podría ser relevante para conocer la verdad y el destino final de los detenidos desaparecidos. Pero, el avance judicial en esta materia es dispar, en los llamados casos emblemáticos se ve que la investigación camina, como es el que lidera el ministro Víctor Montiglio, pero hay otros que desde el momento del recurso de amparo (años 1973, 1974,1975,1976 o 1977) nada o casi nada se sabe.
En este sentido se visualizan, a lo menos, tres tareas urgentes que hasta la fecha se encuentran pendiente. La primera tiene directa relación con la cantidad de procesos que deben investigar los magistrados y la necesidad de redestinar algunas a otros jueces con el objeto de avanzar en las pesquisas. En este sentido, exige un mayor esfuerzo por parte de abogados y familiares en la entrega de información que permitan abrir causas.
Una segunda arista es la responsabilidad del Estado en cuanto a tomar las decisiones políticas que permitan entregar mayores recursos financieros y humanos para investigar las causas de derechos humanos a la Policía de Investigaciones y, por último, la decisión política de los partidos donde militaban los desaparecidos con el objeto de determinar los últimos momentos de las víctimas antes de ser detenidos y hechos desaparecer por los organismos represivos de Pinochet.
Respecto del primer punto, la justicia hoy lleva la delantera. Las agrupaciones de familiares y sus abogados son, hoy por hoy, los últimos en enterarse respecto de lo que sucede en cada causa ya que deben ser éstas organizaciones los llamados a alimentar, permanentemente, a los magistrados en sus investigaciones. Por tal motivo, la coordinación entre ambas instancias es fundamental para avanzar en materia de verdad y justicia.
Además, mientras los jueces solicitan mayores equipos de investigación, hoy deben enfrentar un problema serio. El Departamento de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, en el último tiempo, se ha visto mermado en sus recursos financieros y humanos para cumplir con la labor encomendada. No es desconocido que existe una instrucción de reducir costos y dividir el trabajo de este Departamento en otras áreas de la policía civil. Esta decisión política proviene de su propio Director General, Arturo Herrera por lo que abre la duda respecto del actual compromiso de la Policía de Investigaciones, como política institucional, en materia de derechos humanos. Sobretodo, si a este resquemor sumamos el incidente producido por el informe del general Miguel Trincado, donde la máxima autoridad policial solicitó al Departamento Quinto, modificar la participación del militar en los hechos investigados por un juez de la República.
Por otro lado, se conoce que los equipos policiales tienen bastante avanzada la red de agentes y colaboradores de los organismos represivos, sean estos de la DINA o de la CNI o DINE, lo que ha permitido unir cabos de responsabilidad. Sin embargo, el nivel de conocimiento respecto de las formas de trabajo clandestino de las víctimas es todavía muy incipiente, por lo que se hace necesario la entrega de esta información con el objeto de determinar los últimos momentos de las víctimas antes de ser detenido por los organismos de seguridad.
Respecto de lo anterior, esta solicitud ya fue manifestada por los familiares de las dirigentes desaparecidos del PC en diciembre último no solo por la necesidad de reconstruir la vida y las estructuras políticas que acompañaron a estos mártires sino, porque muchos de sus compañeros de clandestinidad hoy superan los 65 años y, en muchos casos, han perdido la vida por el paso de los años. Lo mismo sucede en lo que queda del MIR y del Partido Socialista.
Sin duda hoy es el mejor momento para avanzar en materia de verdad. De todos depende ahora entregar, a través de los canales judiciales pertinentes, el máximo de detalles, lugares y nombres que permitan reconstruir este puzzle de la muerte que acompaña a Chile por casi 33 años.
Por Roberto Portilla Periodista, Editor General de Crónica Digital
Santiago de Chile, 14 de agosto de 2007.
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Santiago de Chile, 21 de agosto 2007
Crónica Digital, 0, 314, 3’
