Pese a la fuerte represión por Carabineros, que dejó un saldo de más de 700 detenidos y decenas de heridos, dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras fuerzas consideraron como una victoria la protesta, por el respaldo de la clase obrera.
En medio de ese clima enrarecido, el presidente de la CUT Arturo Martínez, corroboró que la jornada sirvió como importante barómetro para medir la capacidad de presión de los empleados, que pusieron en la agenda pública el debate sobre bajos salarios y otros temas.
Las concentraciones, además de Santiago, se extendieron a Rancagua, Concepción, Valparaíso y Arica, entre otras demarcaciones, según confirmó la multisindical.
Muchos trabajadores protestan porque «hay rabia acumulada debido a los constantes abusos y promesas incumplidas por los gobiernos de la Concertación», valoró Julio Lobo, vicepresidente del Colegio de Profesores en Concepción, 509 kilómetros al centro de Santiago.
En alusión a las nutridas marchas y pronunciamientos laborales, Martínez consideró que hemos iniciado un proceso interesante para cambiar las cosas en el país.
Luego de suscribir esa opinión, el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, sostuvo que el gobierno y los empresarios deben dialogar hoy con los trabajadores, porque de lo contrario continuarán las protestas con mayor fuerza aún.
Esas recientes movilizaciones demuestran -significó- que el Ejecutivo debe preocuparse por el ambiente de descontento que se vive en los poblados, con un salario indigno, miserias y sin vislumbrar soluciones a las necesidades de las gentes.
Para el secretario general del PC, Lautaro Carmona, constituye un logro el hecho de haber instalado en la agenda nacional el debate sobre temas como reformas de los sistemas de cesantía y electoral, y de justicia laboral.
Debido a eso -expresó- la prensa del sistema y autoridades de gobierno intentaron descalificar las protestas mediante su criminalización, para desvalorizar la cohesión del movimiento obrero y provocar rechazo social.
Tras reconocer que en el país es necesario lograr salarios más justos, la presidenta Michelle Bachelet señaló la víspera en referencia a los incidentes del miércoles último que «la violencia no se justifica y es inaceptable».
De todas formas, para manifestantes como el trabajador Ignacio Flores, las movilizaciones constituyen un paso de unidad de las fuerzas progresistas contra la actual legislación laboral, hecha a la medida de los empresarios, y la desigualdad social.
Patricio Véjar, de Izquierda Cristiana, expresó a esta agencia que «mediante las acciones de protesta condenamos el esquema neoliberal, el cual ha generado destrucción del medio ambiente y precariedad laboral».
Muchos consideran que es materia aún pendiente la creciente privatización del cobre, principal riqueza económica del país, la cual controlan empresas extranjeras. Estas dejan a la Corporación Nacional Cuprífera sólo el 33 por ciento del metal rojo.
Ante los retos que tiene el país, el senador Alejandro Navarro consideró que frente a las múltiples muestras de inconformidad expresadas, Chile debe cambiar en beneficio de los desposeídos.
Por Oscar Bravo Fong. El autor es corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 1 de septiembre 2007
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