En lo internacional, hay tratados que ratificar y acciones que emprender para recuperar el sitial que tuvimos entre las naciones respetuosas de los derechos y de la vida, cuando no conocíamos la tortura sistematizada, las desapariciones forzadas, ni los abusos genocidas.
Hoy no puede cada uno hacer lo que quiera ni imponer la ley del más fuerte. El mundo ha cambiado cobrando fuerza el concepto de Jurisdicción Universal que posibilita la efectiva defensa de los derechos de todos. A nadie le puede ser indiferente que queden en la impunidad crímenes ni torturas. Según Naciones Unidas, en la última mitad del siglo XX tuvieron lugar cerca de 300 conflictos; perdieron la vida unos 90 millones de civiles, principalmente mujeres y niños y unos 180 millones vieron violados sus derechos, su dignidad y su propiedad. La mayor parte de las víctimas quedaron en el olvido y muy pocos responsables han respondido ante la justicia. Como señala el Estatuto de Roma, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad. Ya no debe ser posible que, desde la II Guerra Mundial en adelante, la mayoría de los responsables de violaciones graves escaparon de la justicia.
El mundo se ha globalizado en el ámbito del respeto, del establecimiento de obligaciones que impidan los excesos y de elementos de control que los sancionen. Ya no tienen cabida los piratas que impusieron su ley en los mares, ni los asesinos que pretendieron dominar sin contrapeso, así como tampoco los abusadores, vengan de dónde vengan. Ni terroristas contra los Estados ni de los propios Estados. Tampoco privilegios que impidan hacer justicia.
Chile es parte del nuevo sistema global debiendo admitir que la administración de justicia se ha vuelto mundial, sobre todo en materia de Derechos Humanos; que ha cambiado el concepto de jurisdicción, concebida como elemento territorial de soberanía, para integrarse a un orden supranacional, no limitante para nuestras instituciones, sino llamado a poner término a los abusos, con participación de todos. En lo particular, debemos llegar al Tribunal Penal Internacional, tanto como ratificar el Convenio 169 de la OIT y el Segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la Pena de Muerte e integrarnos con presteza a todos los instrumentos de Derechos Humanos vigentes, tarea en la que deberíamos mostrarnos especialmente interesados para asegurar que los horrores que vivimos, no los volvamos a vivir y no se vivan en ninguna otra parte.
Son tareas pendientes que, si no las cumplimos con prontitud, arriesgamos ser reprobados y no avanzar entre los países que buscan la justicia, respetan los Derechos Humanos sin exclusiones y pueden llamarse civilizados en un concepto moderno, más allá de la pertenencia a uno u otro mundo de desarrollo económico, en los que la vida puede valer muy poco.
Por: Leonardo Aravena Arredondo, abogado y profesor de Derecho de la Universidad Central. Coordinador de Justicia Internacional y CPI Amnistía Internacional.
Santiago de Chile, 10 de septiembre 2007
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