El parlamentario, recordó que «recién el 29 de junio del año pasado, el Comité de DDHH de la ONU adoptó una resolución respecto de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, después de 22 años de negociaciones y esperas. La Declaración dice que los pueblos indígenas tienen derecho a gozar plenamente, tanto a nivel colectivo como individual, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por la Carta Orgánica de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de DDHH y el derecho internacional en esa materia».
«Los pueblos e individuos indígenas -agregó- son libres e iguales a los demás pueblos e individuos y tienen derecho a no ser discriminados en el ejercicio de sus derechos, particularmente aquellos que se basan en su origen o identidad indígena. Tienen derecho a mantener y reforzar sus instituciones políticas, legales, económicas, sociales y culturales particulares, a la vez que mantienen el derecho a participar plenamente, en la vida política, económica, social y cultural del Estado «.
Navarro dijo que «hay que señalar que una declaración no es un tratado vinculante u obligatorio para los países que lo suscriben, pero crea un sano precedente para la posterior elaboración de una Convención de Derechos de los Pueblos Indígenas, que sí es un instrumento vinculante. Es lo que ocurrió con la Declaración de Derechos del Niño, que una vez aprobada, dio paso a la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989».
Asimismo, el legislador indicó que la Declaración «ha sufrido este último mes varias enmiendas entre las cuales destaca la relativa al artículo 46, que actualmente dice: «Nada de lo señalado en la presente Declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de estados soberanos e independientes», lo que introduce similar disposición que ya se encuentra en el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, que impide que estos instrumentos sirvan de apoyo a divisiones territoriales de los Estados Partes».
Navarro dijo que «no podemos seguir el camino de Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, que se oponen a este tratado, porque privilegian sus legislaciones internas que tienen normas bastante favorables a sus pueblos originarios. La posición del gobierno chileno aún no está clara, y por ende, nos parece relevante que este instrumento sea votado favorablemente, en esta oportunidad histórica de reivindicar la lucha y los esfuerzos de los pueblos indígenas por recobrar su dignidad y el respeto irrestricto de sus derechos fundamentales».
Finalmente el senador del PS señaló que «es importante que el texto haya recibido la aprobación del Consejo Internacional de los Tratados Indios (IITC), del Comité de Coordinadores Regionales del Cónclave Mundial de los Pueblos Indígenas, del Grupo Internacional de Trabajo Sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), entre otros».
Santiago de Chile, 12 de septiembre 2007
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