DESCONCIERTO Y FRUSTRACIÓN EN MILES DE JÓVENES ESTUDIANTES CHILENOS

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Se trata del aún poco ventilado problema que viven unos 15 mil estudiantes, de cerca de 40 mil potenciales afectados a lo largo de todo Chile, según cifras mencionadas en recientes declaraciones por la Ministra de Educación, Yasna Provoste.

Provoste culminaría a fines de septiembre una serie de gestiones con las casas de estudio comprometidas (unas 18 en todo el país) en un sondeo preliminar de posibles salidas a la crisis. La ministra ha sido convocada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para que entregue un informe sobre el estado de esas gestiones e informe de eventuales soluciones discutidas con los centros profesionales y técnicos, informó el presidente de esa instancia, diputado Gabriel Silber.

Miles de jóvenes se volcaron a estudiar las carreras de Perito Forense, Ciencias Criminalísticas, Perito en Documentología, Perito Judicial y otras tantas especialidades que surgieron al alero de supuestas necesidades que generaría la Reforma Procesal Penal realizada en Chile durante el quinquenio 2000-2005. Pero hoy –y lo confirman autoridades como el Ministerio Público- dichos técnicos y profesionales no tendrían cabida ni proyecciones laborales por reglamento y calidad de su formación.

Los afectados, en el caso de peritos ejemplo, son jóvenes egresados de la educación media y sus estudios de peritaje en institutos de formación técnica (peritos químico, documental, balístico, huellas, ecología, fotógrafo, contador, entre otras disciplinas) abarcan tan solo tres años de estudios.

Los peritos en ejercicio son abogados, arquitectos, químicos, paisajistas, ingenieros, contadores, entre otros, con carreras de cuatro y cinco años, todos titulados en institutos o universidades reconocidas por el Estado. Este es solo uno de los aspectos que no conocieron los estudiantes ni fueron advertidos por la propaganda de centros de formación que los llevó a enrolarse en las supuestas nuevas posibilidades laborales abiertas con la Reforma Procesal Penal.

La Universidad Santo Tomas, La Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad del Mar, el instituto IPLACEX, el Instituto Valle Central, UCINF, entre otros centros de formación de los más variados tipos y orígenes y sus respectivas sedes desde los extremos norte a sur figuran en estos hechos, de los cuales están al margen las universidades tradicionales del país.

Habrían incurrido en “falta de información sobre futuro laboral o publicidad engañosa de parte de las instituciones”, de acuerdo con lo consignado en un comunicado de prensa del Ministerio de Educación, de fecha 12 de septiembre de 2007, por lo que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) realiza igualmente una investigación al respecto.

En el último mes, cientos de jóvenes han presentado denuncias ante el SERNAC y millonarias querellas judiciales a lo largo del país. Al menos 175 de ellos, representados por el jurista Carlos Gaete, lo hicieron en la Regiòn Metropolitana por el delito de “estafa” contra la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM).

Los estudiantes –que contrajeron millonarias deudas en créditos bancarios para pagar sus estudios- denunciaron nulas posibilidades de ejercer su profesión u oficio en organismos del Estado, como la Policía de Investigaciones, Carabineros, el Ministerio Público, Defensoría Pública y el Servicio Médico Legal, cuyos profesionales, además por reglamento, son los únicos autorizados para ejercer las especialidades en cuestión, salvo excepciones.

Soluciones

Las eventuales alternativas de solución –citadas preliminarmente por el Ministerio de Educación- giran en torno a un cambio de carrera dentro de las mismas instituciones que las impartieron, convalidación de materias sin costo para los alumnos, retiro de estudiantes con devolución de montos pagados e incluso congelar el ingreso de alumnos.

Amparadas en las leyes del mercado y del sistema, ha trascendido que algunos de los institutos de formación técnica y al menos una de las dos universidades involucradas se negarían a cualquier arreglo o reparación y se someten al dictamen de la justicia. Otras se han adelantado por decisión propia a cerrar temporalmente la carrera, suspender matrículas y levantar sus ofertas desde sus sitios WEB con el conocido rótulo “en renovación”, en un virtual temporal en el mercado de la educación.

Estos hechos –denunció un padre de uno de los estudiantes en conferencia de prensa ofrecida en el Palacio Ariztía el sábado último- son diametralmente opuestos o atentan contra el proyecto-país del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y del Estado de elevar cuantitativa y cualitativamente la educación en Chile, por ser éste un factor fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social en el país.

Antecedentes regionales

La Comisión de Educación del Senado ha tomado cartas en el asunto y se encuentra en proceso de acumulación de información y antecedentes, algunos de los cuales están confirmando el peor escenario para los estudiantes.

El senador Ricardo Nuñez, en un extenso documento da cuenta que constató recientemente la situación descrita en la Región de Atacama con referencias reveladoras sobre lo que está pasando a lo largo del país.

“La mayor parte de los jóvenes -dijo- provienen de familias que con enorme esfuerzo financian sus carreras y han visto seriamente frustradas sus expectativas de desempeño profesional futuro, toda vez que la mayoría de las instituciones ofrecidas como campo laboral no contemplan tal posibilidad”…

“A mayor abundamiento, los estudiantes me han señalado que algunos funcionarios activos y en retiro de las instituciones policiales y del Poder Judicial ejercen labores docentes en estas carreras, no obstante que, precisamente, esos organismos han expuesto, a requerimiento del SERNAC de Atacama, que las mencionadas carreras no tendrían campo laboral alguno en ellas, por disposición de sus propios estatutos”.

El senador informa que solicitó se oficie en su nombre al Fiscal Nacional del Ministerio Público, al Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública, al General Director de Carabineros, al Director General de la Policía de Investigaciones y al Ministro Presidente de la Corte Suprema para que informen si los egresados y egresadas de las carreras de perito criminalista, perito forense e investigador forense, y otras similares, están realmente habilitados para desempeñarse profesionalmente en sus respectivas instituciones”

El legislador Sergio Ojeda, en intervención del 13 de agosto, ya había demandado igualmente en la Cámara de Diputados “oficiar a la Ministra de Educación para que se cautele el derecho de los alumnos afectados debido a esa publicidad engañosa y a la falta de campo laboral”.

Pidió igualmente la adopción de medidas para evitar que alumnos continúen matriculándose en ese tipo de carreras, solución y orientación a los jóvenes afectados y que se estudie la posibilidad de cerrar esas carreras y reubicación de sus alumnos, sin costo alguno para ellos.

En un escenario de desconcierto e incertidumbre, la mayoría de los alumnos afectados (y sus respectivas familias) que continúan asistiendo a sus clases y no han congelado la carrera ni han interpuesto demandas, piden al Gobierno que se adopten medidas urgentes y se les oriente respecto a qué hacer hoy frente a una situación que para ellos no tiene respuesta.

Consecuencias

“Detrás queda un daño moral de proporciones no dimensionado aún por la totalidad de la opinión pública y las autoridades del país. Son tres y hasta cinco años de estudios perdidos, millonarias deudas, esperanzas frustradas y hasta destrucción de proyectos de vida, como postergación de maternidad en muchas jóvenes que estaban priorizando y finalizando sus estudios para pasar a otra etapa de su vida con mejores expectativas”, denunciaron padres, estudiantes y el diputado Gabriel Silber en la citada conferencia, en la cual se calificaron los hechos como un “Transantiago que afecta a todo el país”.

Los estudiantes sienten –y lo expresan en cientos de testimonios en blogs y sitios web, una protesta virtual- que ha sido destruida asimismo la esperanza de mejorar su calidad de vida. Hacían esfuerzos para no formar parte de ese contingente de miles de jóvenes que -por falta de educación en su mayoría- constituyen el segmento de población con la más alta tasa de desempleo en el país.

En este contexto estaría incubando el germen de una movilización a lo largo del país, un nuevo episodio que deja al descubierto no pocas falencias institucionales de gran costo político y social. En el contexto de una liberalización extrema, Chile videntemente está lejos aún del desarrollo. En este caso está resultando afectada un área vital para el futuro del país.

Por Manuel Villar Burchard. El autor es un destacado perodista chileno.

Santiago de Chile, 3 de octubre 2007
Crónica Digital, 0, 688, 21

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