Muchos consideran que el detonante de ese empuje policial fueron acciones de violencia el pasado 11 de septiembre, que provocaron la muerte de un carabinero y el apresamiento de cerca de 500 personas.
Para respaldar el programa contra el delito, según el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, a la seguridad en el país se destinarán el próximo año 940 millones de dólares.
«Vamos a disponer de más recursos de los que teníamos el año pasado para hacer frente a los problemas de la delincuencia», manifestó.
Sin embargo, el subsecretario del Interior Felipe Harboe anunció que ya está en marcha el nuevo plan de seguridad que contempla un mayor control en la venta y uso de armas y municiones, incremento en el número de carabineros y más equipamientos para éstos.
Indicó que en noviembre venidero habrá más de tres mil carabineros adicionales, cuya incorporación es parte del aumento a seis mil de ese contingente, el cual se completará en 2010.
También se adelantará en 2008 el ingreso de 250 oficiales a la Policía de Investigaciones, e iniciarán trabajos de fiscalización intensa y estricta, en zonas donde se observaron actos de violencia, para controlar armas en manos de delincuentes.
Aunque, de acuerdo con analistas, las disposiciones ponen el acento en un mayor accionar policial, el programa anunciado incluye la capacitación laboral de cinco mil jóvenes de comunas con elevado nivel de vulnerablidad social y desempleo.
Pese a que el gobierno apuesta a garantizar la tranquilidad ciudadana en las calles y poblados, para algunos, según un análisis de la Revista Punto Final, la solución radica, sobre todo, en los tribunales de justicia.
Los mismos son acusados de tener «puertas giratorias» para la delincuencia y de no aplicar las leyes con rigor, en tanto a los legisladores se les imputa que no promulgan endurecidas disposiciones contra lacras sociales.
En muchas tribunas, de otro lado, se afirma que el origen del fenómeno radica en la falta de mejores empleos y oportunidades, en la deficiente educación pública, en la cada vez más injusta distribución del ingreso e incluso, en la desintegración familiar.
Para Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista chileno, el tema de los grados de delincuencia que los medios de difusión promocionan habla de una sociedad muy enferma.
En Chile está planteado un modelo neoliberal -consideró- que resulta excluyente desde el punto de vista no sólo político, sino también social, cultural y que deviene fracaso como mecanismo de organización de la vida de los seres humanos.
Carmona fue más lejos aún al cuestionar que se ponga el acento de un mayor accionar de carabineros en las poblaciones, cuando, según él, «todos saben donde está instalada la mafia y el narcotráfico».
«Desde Pudahuel Sur, La Legua, La Victoria y San Gregorio -comunas santiaguinas- no se construyó el vínculo con los grandes carteles colombianos», sostiene.
Esos nexos -apunta- se instalaron, como mecanismo de financiamiento de los aparatos represivos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI).
Hoy día -asevera- eso está reconocido judicialmente. Ellos trajeron la droga a nuestro país, particularmente la cocaína y la pasta base, y «luego construyeron la necesidad, una adicción».
Investigadores apuntan incluso que la hipocresía de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos se reflejó en toda su magnitud durante el régimen dictatorial pinochetista, cuando estableció una cómplice sociedad con los grupos de narcotraficantes que operaban en Chile.
También subrayaron que medios de prensa de derecha, como El Mercurio, no tocan esas realidades, sino que insisten en focalizar al microtráfico, sin develar los suprapoderes a escala transnacional.
Desde otra perspectiva, al abordar el problema de la delincuencia, el secretario de la Corporación Ciudadanía y Justicia, Mauricio Salinas, dijo a Prensa Latina que en el país se aprecia una dinámica social que genera insatisfacciones y resentimiento.
La violencia afecta en lo fundamental a los excluidos y marginados de la sociedad porque existe una brutal desigualdad del poder, no sólo en cuanto a riqueza económica, sino social e incluso de género, apuntó.
Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, muchos chilenos perciben que en el país el orden social es un obstáculo para el desarrollo de sus posibilidades y que la matriz de poder es de sometimiento y sumisión, lo cual los excluye.
Por *El autor es Corresponsal de Prensa Latina en Chile.
Santiago de Chile, 7 de octubre 2007
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