Pese a que el ministro instructor Raúl Mena cerró 19 veces la investigación judicial en torno a la muerte de los comandantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), Cecilia Magni y Raúl Pellegrin, la Corte de Apelaciones de Rancagua acreditó esta semana que miembros de Carabineros detuvieron, torturaron y asesinaron a los dos líderes insurgentes tras atacar el cuartel precordillerano de la policía uniformada en la localidad de Los Queñes.
El Tribunal de Alzada de Rancagua, en su resolución judicial acredito que «resulta suficientemente comprobado que, dentro de los últimos diez días del mes de octubre de 1988, como consecuencia de los operativos practicados por Carabineros luego del asalto a la localidad de Los Queñes por una agrupación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fueron capturados dos de sus cabecillas mientras huían del sector, Raúl Alejandro Pellegrin Friedman y Cecilia Magni Camino, a quienes se golpeó rudamente en zonas vitales por funcionarios policiales encargados de su custodia e interrogación, mientras se encontraban reducidos y completamente indefensos».
Agrega el fallo que «producto de lo cual ambas personas recibieron lesiones necesariamente mortales, arrojándose sus cuerpos agonizantes al río Tinguiririca, tanto para completar el propósito homicida, como para simular de este modo una muerte por inmersión».
De este modo, la Corte de Apelaciones de Rancagua acreditó la verdad judicial en torno a la muerte de los dos comandantes del FPMR tras ser apresados en las inmediaciones de la localidad de Los Queñes. En tal sentido señalan que el actuar de carabineros «constituyen sendos delitos de homicidio calificado», ilícitos previstos y sancionados en el artículo 391 N°1 del Código Penal.
Por tales razones sometió a proceso a los carabineros en retiro Julio Verne Acosta Chávez y Carlos Mauricio Acosta Chávez como autores de los delitos de homicidio calificado del «Comandante José Miguel» y «Tamara», como eran conocidos los dos jefes frentistas.
Al respecto, el senador Navarro dijo que el camino recorrido por los familiares de Raúl Pellegrín y Cecilia Magni para alcanzar este punto ha sido largo y difícil, pero gracias a su tenacidad, hoy podemos visualizar el final de este peregrinar por que se hiciera justicia, ya que tal como ellos han sostenido desde 1988 cuando los cuerpos evidentemente torturados fueron encontrados en el Río Tinguiririca, y tal como lo consigna el propio Informe Rettig, en estas muertes alevosas existió, nítida y claramente, la mano de agentes del Estado, que hasta ahora sólo habían buscado negar o eludir sus responsabilidades.
El legislador oficialista recordó que los ex oficiales procesados, Julio Acosta y Carlos Bezmalinovic, eran a esa fecha subprefecto de Colchagua y teniente del GOPE respectivamente, en tanto que los otros ex uniformados sobre los que debe pronunciarse el ministro instructor de la causa, Rafael Mera, para hacer efectiva su responsabilidad penal son el coronel en retiro Walter Soto Medina, ex prefecto de Colchagua; Juan Rivera Iratchet, mayor retirado y ex comisario de San Fernando; y Manuel Espinoza Castro, quien actualmente se desempeña como jefe de apoyo criminalístico de la Fiscalía Regional Sur y que a esa fecha era teniente del OS-4.
Por eso -agregó el legislador del PS- acompañaremos este domingo en el Cementerio General a los familiares y amigos de Raúl Pellegrín y de Cecilia Magni, junto a su tumba, para celebrar este fallo que permite avanzar a la verdad y la justicia, y porque además, simbólicamente, coincide con su fecha de nacimiento, declaró el parlamentario.
RESPONSABILIDAD DE MANDO
Un hecho relevante que suguiere el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua es la figura de la responsabilidad de mando por lo que solicita al ministro instructor de la causa que cite a declarar al ex general Director de Carabineros de la época, Rodolfo Stange para que entregue antecedentes respecto del asesinato de ambos comandantes insurgentes.
Stange además de ocupar el cargo de General Director de Carabineros integraba la Junta Militar de Augusto Pinochet entre 1985 y 1990.
Luego, mantuvo su cargo a la cabeza de la institución policial hasta octubre de 1995, lo que provocó una crisis política por su negativa abandonar la institución a solicitud del gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. En 1997, fue elegido senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por la Décima Región, en el período que finalizó el 11 de marzo de 2006.
Tras la decisión de la Corte de Apelaciones ahora deberá enfrentar a los tribunales de justicia, lugar que definirá si le corresponde responsabilidad en el homicidio calificado de los dirigentes del FPMR, Raúl Alejandro Pellegrin Friedman y Cecilia Magni Camino.
Santiago de Chile, 28 de octubre 2007
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