DEMOCRACIA LOCAL REPRESENTATIVA Y PARTICIPATIVA DE CARA AL BICENTENARIO

Un país desarrollado requiere de un Estado moderno con una institucionalidad capaz de dar respuesta a nuevas realidades, considerando a todos los actores que forman parte de la administración del Estado.

Durante el gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, administración en la cual se institucionaliza el Comité Interministerial de Modernización de la Gestión Pública, se inició un proceso de modernización de la gestión pública con indicadores en cada una de las entidades, incorporación de tecnología y, mejoramiento de la calidad. Pero la verdadera reforma, la piedra angular de ese modelo, la Alta Dirección Pública, no tuvo acuerdo político. Había un acuerdo transversal, tanto en los equipos técnicos del
Estado como del mundo político (Alianza y Concertación sin embargo el Proyecto de Ley quedó redactado en los escritorios de quienes tenían que firmarlo.¿Por qué? En parte, porque el Estado Chileno, a diferencia quizás de otros, funciona. No es un elefante blanco ni menos una caja de corrupción como otros. Entonces, el sentido de urgencia de reformar era claramente menor al que existía en otras latitudes. Las crisis posteriores han sido las que han comenzado a generar este sentido de urgencia en el mundo político .

Lamentablemente, hoy no sólo no hay urgencia política y desconocimiento de quienes lideran el tema, sino que además existe carencia de una agenda que no sea motivada únicamente por la crisis. Hemos perdido el foco. Es un error creer que la macro-institucionalidad va a resolver los problemas de transparencia y probidad del Estado. La ciudadanía demanda un Estado cada día más profesional, transparente y meritocrático. Quienes no entiendan este mensaje serán irremediablemente castigados en las urnas.

Nueva demanda ética y por modernización

Para algunos regionalizar y descentralizar significa asignar recursos del Ministerio para que algunas decisiones menores se tomen a nivel regional. Sin embargo, no se atreven a avanzar más porque se duda de la capacidad institucional de las instancias de gobierno subnacionales y no se invierte en la modernización de esas instancias subnacionales (gobiernos regionales y municipios). ¿Hay falta de voluntad política? La hay. En lo macro y en lo micro. El artículo 121 de la Constitución, que establece la flexibilización
de las plantas municipales, lleva 10 o 15 años siendo discutido en el Parlamento.
Esta falta de acuerdo político en el Congreso ha sido el gran obstáculo para impulsar un cambio en serio que posibilite la modernización del ámbito municipal.

Este país cambió. El estándar ético es otro. Algo ha pasado con el país, y lo que podía ser visto como algo normal, hoy es inaceptable. Ese estándar ético se mide por la línea de la transparencia equitativa y por volver al sentido de la austeridad en la función pública. Por ejemplo hace algún tiempo se discutió si los municipios podrían tener los contratos a honorarios en la página web. Fue largamente discutido y aunque haya una norma de la Contraloría General de la República que dice que esto es privado, las
personas que trabajan para el Estado restringen parte de su privacidad, utilizan los recursos de todos los chilenos . La nómina debería estar publicada en todos lados.

También creo que hay que transparentar las donaciones de campaña. Eso equipararía el sistema de financiamiento de las campañas a todo lo que se le está exigiendo en materia de probidad y transparencia sólo al Estado. Una medida sana, particularmente en el caso de empresas que son sociedades anónimas, que representan a miles de chilenos, por no decir millones, sería informar al Directorio que se le van a donar tal o cual cantidad a una determinada persona. Sería bueno que los chilenos que tienen sus dineros en
ellas, por ejemplo en el caso de las AFP, supieran a quién le están donando recursos para su campaña. Sí es para unos, es para todos.

La modernización pendiente

La modernización pendiente se encuentra a nivel local. ¿Qué pasa en la comuna? ¿Llegan estas marco políticas públicas?, ¿Se implementan bien o quedan amarradas en algún lugar intermedio entre el Ministerio y la comuna? Lo que pasa es que todo el esfuerzo modernizador ha estado puesto en la esfera nacional. No hay perspectiva local en la legislación de políticas públicas. Es interesante detenerse en el rol de los
municipios en este panorama. La verdad, es que muchas veces son meros informadores o intermediadores de las decisiones de terceros. Son una suerte de ventanilla única de información sobre temas que otros ya definieron. Creo que no hay desarrollo en este ámbito y la eficacia de estas políticas públicas supone por un lado, tener aliados en el mundo municipal y por otro, que los programas tengan un municipio que sea gestor. En este escenario, existe un importante desafío: ¿qué medidas se podrían implementar para que lo local tuviera relevancia en la agenda nacional?

Un punto de partida podrían ser nuevas medidas legislativas, pero es importante destacar que se pueden hacer muchas cosas, sobre todo en materia de gestión, sin necesidad de nuevas leyes, aprovechando el marco legal vigente.

La gestión pública no es de una reforma, es de sucesivas reformas, y necesitamos una institución que revise permanentemente la cultura y prácticas del Estado.

Sin embargo, hay algunas medidas alternativas que se pueden implementar sin necesidad de hacer reformas estructurales. Por ejemplo, la norma que permite a los municipios ajustar sus plantas. Existen comunas en que el 87% de los funcionarios tiene cuarto medio o menos. Otro temas son lo salarios. No podemos tener sueldos poco competitivos y que no constituyan un verdadero incentivo trabajar en el municipio. La Municipalidad no puede jugar siempre en tercera división, y tampoco puede ser nicho para que sus funcionarios de primer nivel trabajen a honorarios en otras reparticiones del Estado, complementando un sueldo en forma permanente, con utilización de los
recursos públicos (autos, celulares, etc). Una gestión moderna requiere de profesionales preparados para desempeñarse en las diferentes áreas. No podemos vivir del voluntariado, debemos sincerar sus realidades.

A mi juicio, flexibilidad en la gestión es otro elemento a considerar. Sólo un dato que probablemente se desconoce: hoy se dice que hay concursabilidad de los directores de los establecimientos educacionales .Pero no se menciona que si un director concursa y no gana, permanece en el colegio con su mismo sueldo.

Otro ámbito dice relación con la agenda de transparencia a nivel local .Aquí debemos tener un observatorio nacional que nos ayude a transparentar las cifras de los municipios, que nos diga, por ejemplo, cuánto cuesta el metro cuadrado por basura y cuánto se gasta, entre otros datos. Debemos tener un observatorio profesional, porque la transparencia una vez más genere buenas prácticas. Sin embargo, no basta con observar ni medir. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Sólo un dato. En los últimos 10 años la Subdere gastó millones de dólares en el programa de fortalecimiento Institucional (PROFIM) en cientos de micro programas de gestión local, mucho de los cuales se repetían. ¿Por qué no creamos un incentivo que financie con platas centrales sistemas para mejorar la gestión de todos los municipios y los otorgamos en forma gratuita? Los 342 municipios de Chile tienen la misma legislación y cada uno está arreglándoselas como puede, lo cual es caro, lento y muchas veces ineficiente.

Finalmente, creo que todas las autoridades de los diferentes poderes del Estado tienen un tremendo desafío en materia de transparencia. Me parece que es la hora de que a todos se les aplique la misma vara y respondamos a las exigencias de la ciudadanía en esta materia.

Por Marta Canto Castro. Lic .en Ciencias Políticas y Administrativas. Administrador Público Secretario Ejecutivo Instituto Jorge Ahumada

Santiago de Chile, 2 de noviembre 2007
Crónica Digital , 0, 134, 3

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DORANDO LA PÍLDORA

Vie Nov 2 , 2007
Obviamente es inútil seguir discutiendo con ellos si la píldora del día después efectivamente es o no abortiva. Se trata de una discusión estéril, ya que para el integrismo ni toda la evidencia científica del mundo logrará apartarles de una decisión ideológica, que ha resulto convertir este debate en un casus belli en su cruzada contra la políticas de salud reproductiva que implementa el gobierno. Lo grave de esta situación es que un grupo de presión minoritario, que no logra articular razones científicas coherentes, y que descree del rol público que debe animar a las empresas y al mismo Estado, logra implementar por la vía de los hechos consumados un veto activo a una política pública de salud. La libertad de las empresas parece entronizarse por encima de las decisiones de las autoridades democráticas. ¿Quién dijo que los poderes fácticos habían desaparecido? Es importante recordar que la Objeción de Conciencia la ejercen las personas, no las empresas ni las instituciones. Es justamente un recurso que salvaguarda a quién esta siendo obligado a realizar una función o ejercer un rol que no comparte en su fuero interno. En nuestro país, en ningún caso o situación, se impone a nadie la decisión de injerir la píldora del día después. Sin embargo, si la píldora no esta disponible en el mercado quién esta siendo coaccionado injustamente es la persona que opta libre e informadamente a injerir este fármaco. Nos gustaría tanto que los “Objetores de Conciencia” a la píldora movieran siquiera un dedo por los cientos de jóvenes que son obligados, todavía hoy, a realizar el servicio militar obligatorio, a pesar de declarar su objeción por convicciones religiosas, sociales o políticas. Que hicieran un mínimo gesto por los presos políticos mapuches que mantienen “por razones de conciencia” una larga huelga de hambre que pone en riesgo sus vidas. Que dejaran de de perseguir al senador Navarro, que por manifestar en público sus ideas y compromisos en la manifestación del 29 de agosto arriesga su escaño parlamentario. Si hicieran algo así serían un poco más creíbles sus tristes alegatos, que ya no les convencen ni a si mismos. Alvaro Ramis es Teólogo. Miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital. Santiago de Chile, 2 de noviembre 2007 Crónica Digital , 0, 122, 3

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