La petición, suscrita por 49 diputados, recuerda que «la opinión pública fue testigo del dramático fallecimiento de 10 jóvenes en un Centro de Detención Provisoria en la ciudad de Puerto Montt, con ocasión de un incendio provocado al interior de dicho establecimiento».
Agrega que «ello ha dejado en evidencia las precarias condiciones de seguridad que dicho Centro mantenía. Por esta razón, se hace necesario determinar con exactitud el grado de responsabilidad administrativa y política que les cabe en estos hechos a las máximas autoridades del SENAME y al Ministerio de Justicia».
La Comisión Investigadora, junto con indagar este hecho en concreto, se abocará a analizar las condiciones en que operan el resto de los Centros a lo largo del país, los recursos asignados con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Penal Juvenil, y la utilidad de las «onerosas» sumas gastadas en honorarios.
Asimismo, estudiará todos los antecedentes que sirvan para «poder precisar y determinar las causas directas e indirectas de las lamentables muertes y las condiciones futuras de implementación, tanto del funcionamiento de la ley, de infraestructura, rehabilitación y seguridad».
Valparaíso, 6 de noviembre 2007.
Crónica Digital
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