Según el PC ese proceso venía avanzando eficazmente para obtener la liberación de numerosas personas retenidas en los campamentos de la guerrilla, y cientos de combatientes detenidos en las prisiones del gobierno.
La decisión tomada unilateralmente por el Presidente Uribe el pasado miércoles 23 de noviembre, cierra la puerta al canje humanitario y pone un muro para emprender posteriores pasos hacia el establecimiento de la paz a la que tiene derecho ese pueblo hermano. Esta decisión lejos de favorecer los intereses del pueblo colombiano, sirve a la política impuesta por los Estados Unidos en Colombia, principal responsable de la violencia imperante en ese país.
Los gobiernos latinoamericanos, las organizaciones políticas y sociales de nuestros países debieran exigir al Presidente de Colombia que rectifique su desafortunada decisión y que atienda el clamor de los familiares de las personas retenidas, para que el Presidente de Venezuela y la Senadora Piedad Córdoba continúen con la labor mediadora altamente humanitaria que con tanto empeño estaban realizando, señala el PC en un comunicado de prensa.
Santiago de Chile, 28 de noviembre 2007
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Mié Nov 28 , 2007
Jorge Rafael Videla, de 82 años, cumple prisión domiciliaria en un proceso que sigue la Justicia por los robos de unos 500 bebés, hijos de prisioneros políticos durante la última dictadura (1976-1983). Según señalan fuentes judiciales los ex jerarcas de la dictadura militar serán sometidos a proceso por sus responsabilidades en la llamada Operación Cóndor, política de coordinación y exterminio que utilizaron las dictaduras latinoamericanas de Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay para detener, torturar y hacer desaparecer a opositores políticos más allá de sus propias fronteras. El general Videla comandó el régimen entre 1976 y 1981, cuando los secuestros, torturas, exilios y desapariciones de disidentes era pan de cada día en la república Argentina. Ya el retirado general había sido condenado a reclusión perpetua en 1985 por un tribunal civil, en un histórico juicio público a las juntas militares. Pero, fue indultado por el Presidente Carlos Menem (1989-1999), quien dispuso por decreto perdonar a centenares de jefes militares y policías entre 1989 y 1990. Aquellos indultos a los acusados de cometer un genocidio fueron anulados este año, aunque un centenar de causas judiciales contra un millar de militares y policías se habían reactivado antes al ser declaradas inconstitucionales las leyes de amnistía sancionadas por el Congreso entre 1986 y 1987. Junto a Videla, en el banquillo, deberán sentarse otros comandantes acusados de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el ex jefe del Ejército (terrestre) Cristino Nicolaides y el ex jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, alias La Hiena . Otros imputados en la reabierta causa serán el ex ministro del Interior Eduardo Albano Harguindeguy y el ex ministro de Planificación de la dictadura, Ramón Díaz Bessone. Buenos Aires, 28 de noviembre 2007. Crónica Digital / Agencias , 0, 42, 11
