Según la parlamentaria, este establecimiento posee una norma donde se establece de manera explícita que las alumnas en estado de gravidez, o que sean madres al momento de la licenciatura no podrán participar de la ceremonia de graduación.
Tohá, quien estuvo acompañada por cuatro ex alumnas que vivieron esta situación cuando cursaban cuarto medio, manifestó que no es un caso aislado sino que se trata abiertamente de una política institucional de persecución que es inaceptable. En nuestro país legalmente las estudiantes embarazadas tienen el derecho de continuar con sus estudios, y el establecimiento tiene la obligación de darle todas las facilidades necesarias para concluirlos, aseguró.
Sin embargo, Tohá aseguró que el Mater Dei, por el contrario, lo que hizo fue impedir que las estudiantes asistieran a clases, obligándolas a que sólo presentaran sus exámenes de manera externa. Además, se les prohibió el ingreso al establecimiento y se las excluyó de todas las actividades, como la ceremonia de licenciatura y la fotografía del curso.
A pesar de todo lo anterior, la parlamentaria señaló que las alumnas sólo denunciaron este hecho porque a una de ellas se le negó un certificado de alumno regular, el cual necesitaba para acceder a una pensión de su padre fallecido.
El Ministerio de Educación ya ha mandado oficios para detener esta situación y está abriendo un proceso de sanción para el establecimiento. Además, la oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial se ha hecho parte, interponiendo un recurso de protección en los Tribunales, informó Tohá.
En ese sentido, el abogado de la Corporación, Manuel Puccio, hizo un llamado a no ocultar este tipo de abusos. No podemos permitir que se siga vulnerando uno de los principios básicos de la Constitución que es la igualdad de derechos. Hoy en día se pretende un desarrollo profesional igualitario para todos, sin embrago, este tipo de acciones van en contra del objetivo de crear una sociedad tolerante e igualitaria, aseguró.
El profesional agregó que lo que perseguimos es que la Corte de Apelaciones declare como inconstitucional el reglamento interno del colegio, que los sancione y que el establecimiento de la orden de que las alumnas participen de la ceremonia de licenciatura, ya todo alumno tiene el derecho de concluir con su proceso educacional, concluyó.
Santiago de Chile, 28 de noviembre 2007
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