AMONESTAN A JUEZ CERDA POR DECLARACIONES REALIZADAS EN EE.UU

Una nueva arista de desencuentro se sumó hoy a la difícil relación que el ministro Carlos Cerda tiene con el Poder Judicial chileno, principalmente por su independencia respecto a sus fallos vinculados a temas políticos o de investigaciones de casos de derechos humanos.

En este contexto y tras haber recibido por parte de una organización internacional humanitaria un reconocimiento público y económico por su labor como juez, el Poder Judicial debió iniciar una investigación sumaria con el objeto de acreditar si las declaraciones del ministro Cerda, en Estados Unidos, emitían opinión respecto de la labor realizada por otros jueces.

Para ello se le encargó la tarea al presidente del tribunal de alzada, Cornelio Villarroel para que evaluara los dichos del magistrado. Sin embargo, la investigación determinó que no existían elementos suficientes para acreditar alguna norma que vulneré el Código orgánico de Tribunales. Por tanto, el ministro Carlos Cerda quedaba absuelto de los supuestos cargos en su contra.

Pero, hoy todo lo obrado por el ministro Villarroel quedó en foja cero cuando el Máximo Tribunal, por 10 votos contra 9, decidió imponerle una amonestación privada por considerar que sus dichos, en los que hacía referencia a algunas salas de la Corte Suprema, vulneraban lo establecido en el Código Orgánico de Tribunales, en referencia a que los jueces y ministros no pueden comentar o criticar a sus superiores.

La decisión de la Suprema no consideró en su resolución de Villarroel donde señala que el juez Cerda no incurrió en actos de indisciplina y que sus expresiones vertidas ala prensa eran solo opiniones.

Si bien la amonestación privada que hoy informó el Ministro Urbano Marín a la prensa es la sanción más leve establecida en el Código Orgánico de Tribunales para sancionar faltas a las disciplinas de los funcionarios judiciales, es abiertamente una señal a la clase política dado que el magistrado Carlos Cerda es constantemente recusado por los obogados defensores de los militares procesados por delitos de lesa humanidad.

En este sentido, cabe recordar la sería amonestación que debió enfrentar los años 80 cuando decidió procesar a 40 militares activos y en retiro por la desaparición de dos dirigentes comunistas, Edras Pinto y Reinalda Pereira, en el emblemático caso de los 13, donde descubrió la existencia de una asociación ilícita para cometer crímenes, conocida como Comando Conjunto, y donde fue procesado el ex miembro de la Junta de Gobierno, General del Aire, Gustavo Leigh Guzmán.

En esa oportunidad el ministro se encontró con un pie afuera de los Tribunales por las presiones de la Dictadura y por jueces vinculados al régimen que promovieron la expulsión del juez, quien debió excusarse para evitar su remoción del Poder Judicial.

Santiago de Chile, 7 de diciembre 2007.
Crónica Digital
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Vie Dic 7 , 2007
Un cambio de giro y una señal de distención a la polémica que debió enfrentar el presidente Uribe con su homólogo venezolano, Hugo Chavez, fue calificado el anuncio de la creación de una zona desmilitarizada en territorio colombiano. El Jefe de Estado de Colombia dijo que «Esa zona tendría la presencia de observadores internacionales y allí los presentes, para definir el intercambio humanitario, no deberían estar armados”. Uribe precisó que ese territorio «sería de unos 150 kilómetros cuadrados en una zona rural, donde no haya actualmente puestos de Policía o del Ejército» y que la propuesta de crear dicha zona le fue presentada por la Iglesia Católica, a través de una comisión de facilitación del canje humanitario. «La Iglesia Católica y la Comisión Nacional de Conciliación nos propone (crear) una zona de encuentro. El gobierno manifiesta la disposición de aceptarla», enfatizó Uribe al precisar que, en su criterio, ésta «debe estar preferiblemente sin población civil o con muy poca para no crear riesgos». Al respecto el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Luis Augusto Castro manifestó su alegría tras conocer la noticia que acerca las posibilidades de un canje humanitario. «Recibí con agrado la respuesta positiva del Presidente a nuestra solicitud. Lo demás hay que concretarlo, pero deseo que las FARC nos den este regalito de Navidad de aceptar la zona para comenzar a diseñarla de manera muy rápida y clara». En este contexto, diversos analistas internacionales consideraron favorable, para las negociaciones, la propuesta del Presidente Uribe, la cual se da justo en momentos cuando los presidentes de Francia, Argentina, Brasil y Venezuela intentaban fórmulas alternativas para reanudar las conversaciones en torno a la liberación de la ex candidata presidencial la franco-colombiana, Ingrid Betancourt, quien apareciera hace algunos días con visibles rastros de dolor en fotografías proporcionadas por las FARC como prueba de vida. Cabe recordar que estas pruebas fueron posibles gracias a las gestiones realizadas por el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez pero fueron luego interrumpidas por Álvaro Uribe. Los otros anuncios. El Jefe de Estado colombiano anunció también que su gobierno destinó un fondo de 100 millones de dólares para pagar recompensas a guerrilleros que decidan entregar a secuestrados en su poder y de esta forma comenzar el proceso de desmovilización del Ejército Guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El gobierno de Bogotá anunció que buscará una negociación directa con las FARC de la mano de Francia, para negociar un canje de 45 rehenes por 500 rebeldes presos. Entre los 45 rehenes que las FARC proponen canjear se encuentra la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt -quien también tiene nacionalidad francesa-, tres estadounidenses, y decenas de políticos, militares y policías colombianos. Bogotá, 7 de diciembre de 2007. Crónica Digital , 0, 41, 11

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