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RENUNCIA GERENTE GENERAL DEL BANCOESTADO

Crónica Digital 8 diciembre, 2007

Mediante un comunicado de prensa, el BancoEstado informó el hecho y adelantó que en los próximos días se nombrará al reemplazo del renunciado Gerente General.
José Manuel Mena se desempeñó en ese puesto desde 1995 y a mediados de octubre del presente año, había renunciado a la presidencia del Administrador Financiero del Transantiago (AFT) para prestar el ciento por ciento de su atención a las labores en la entidad financiera estatal.

El renunciado ejecutivo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y Magíster en Ingeniería Industrial, con mención en Ingeniería Económica.

El renunciado gerente general del BancoEstado posee trayectoria profesional en diversas entidades bancarias, como el Banco Talca y el Banco Osorno, en donde se desempeñó como gerente de división, planificación y desarrollo, además de ser miembro de directorios de empresas filiales de bancos comerciales.

A BancoEstado llegó en agosto de 1995 para integrar el Comité Ejecutivo de la entidad, el que en esa fecha quedó conformado por José Luis Mardones como presidente, Jorge Marshall, como vicepresidente y José Manuel Mena, en el cargo de gerente general ejecutivo.

La institución comunicó además que no hará otras declaraciones respecto a la salida del ejecutivo.

Santiago de Chile, 8 de diciembre 2007.
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CHILE: LA CRUZADA CONTRA EL FEMINICIDIO

Dom Dic 9 , 2007

Ante fuertes presiones por el problema, el ministro de Justicia, Carlos Maldonado y la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Laura Albornoz, anunciaron la decisión del gobierno de aumentar el número de jueces para resolver la congestión del sistema judicial. Según los funcionarios, la erradicación de esa dificultad repercutirá directamente en una mayor atención a las mujeres víctimas del maltrato y podría evitar nuevos asesinatos de féminas. Además del aumento de la plantilla de magistrados a 353 en el país, el Ejecutivo propuso incrementar a 25 el número de Casas de Acogida para mujeres en riesgo vital y sus familiares, y también la cifra de centros de atención a féminas. De acuerdo con Albornoz, la inyección de recursos económicos y humanos, junto a la decisión del Poder Judicial de vigilar las medidas de protección, mediante la Creación del Centro de Control de Medidas Cautelares, es un paso de avance para enfrentar la violencia. Como parte de esfuerzos mancomunados para proteger a la mujer, la Cámara de Diputados ratificó esta semana, en un documento, su compromiso de implementar las medidas necesarias que contribuyan a poner fin a la violencia contra ese sector social. Los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo que se le ponga carácter de suma urgencia a un proyecto de ley, el cual modifica el actual código penal, y un decreto ley de 1925 «para sancionar el asesinato de mujeres y aumentar las penas aplicables a ese delito». Para la abogada de la Corporación La Morada, Camila Maturana, en el sistema legal chileno existen debilidades que impiden evitar los asesinatos contra mujeres. Maturana aseveró que se pudo comprobar que muchas de las víctimas «habían sido asesinadas aún cuando denunciaron con anterioridad la violencia sufrida y la situación de amenaza vital en la cual se encontraban». «Lo que está pasando es que los procedimientos para defender a las mujeres no están funcionando, y por eso no logran evitar que éstas sean asesinadas», aseguró. La debilidad se aprecia -apuntó- en el ámbito de la legislación y la imposibilidad de asumir el maltrato como un delito, y en que las medidas de protección no otorgan seguridad a las mujeres. En entrevista con Prensa Latina, la directora de la Clínica Jurídica de la Universidad Central, María Sandra Pinto, expresó que el nuevo plan legislativo exige se elimine la posibilidad de que condenados por delitos graves, con connotación familiar, accedan a numerosos beneficios como la libertad condicional. La especialista legal, quien manifestó que el feminicidio no existe como figura jurídica legal en Chile, señaló también que el mismo ocurre en la relación intrafamiliar y muchas veces está determinado por el tema de relaciones de poder. Ese poder -manifestó- el agresor lo demuestra con violencia física, o de manera sicológica e incluso con presiones económicas sobre la mujer. También -subrayó- diversos estudios en Chile demuestran que muchos de los agresores fueron víctimas u observaron durante su etapa de niñez o adolescencia violencia intrafamiliar. Para María Sandra Pinto, quien aboga en el contexto chileno por el incremento […]