PRESOS POLÍTICOS MAPUCHES EN ESTADO CRÍTICO

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Se trata de José Huenchunao, Jaime Marileo, Héctor Llaitul, José Millalén y la activista Patricia Troncoso, única del grupo que no es descendiente directa del pueblo mapuche, la principal etnia de Chile.

Los huelguistas, que sólo beben agua y mate, una infusión tradicional, han bajado entre 16 y 22 kilogramos de peso y sufren mareos, problemas visuales y afecciones a los riñones y al sistema circulatorio.

Su estado de salud es tan crítico que la Gendarmería (guardia de prisiones) recurrió a la justicia para obtener una autorización para trasladarlos en cualquier momento y en contra de su voluntad al Hospital de Angol, en el sur del país, para que sean alimentados con suero.

Marileo y Troncoso cumplen desde 2001 una condena de 10 años y un día por el delito de incendio terrorista, por el que deben pagar, junto a los otros inculpados, cerca de 840.000 dólares a la firma afectada por el fuego.

Huenchunao, fundador de la radicalizada Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y también condenado por este caso, estuvo prófugo de la justicia hasta marzo de este año.

En diciembre de 2001, quedaron reducidas a cenizas 100 hectáreas de una plantación de pinos del predio Poluco Pidenco de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago.

Para juzgar éste y otros casos, el gobierno del entonces presidente Ricardo Lagos (2000-2006) invocó la severísima ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que fue modificada en democracia.

Esto ha sido muy criticado por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales por considerar desproporcionadas las penas aplicadas y por estimar que las reivindicaciones políticas y territoriales del pueblo mapuche no son actos de terrorismo.

Los condenados por este caso, recluidos en la prisión de Angol, en la misma Araucanía, siempre se han declarado inocentes de los cargos.

Llaitul, quien también integra la CAM, está en prisión preventiva y es juzgado por varios delitos, entre ellos el de acto incendiario, y Millalén está condenado a cuatro años y un día por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado.

A través de varios comunicados públicos, los huelguistas han expresado sus exigencias para deponer la extrema medida.

Las más importantes son la liberación inmediata de todos los “presos políticos mapuches”, cifrados en cerca de 20, y la “desmilitarización y fin a la represión hacia las comunidades movilizadas por sus derechos políticos y territoriales”.

Además, reclaman el término de “los montajes políticos judiciales en contra de dirigentes mapuches”.

Entre marzo y mayo de 2006, Jaime Marileo y Patricia Troncoso protagonizaron por el mismo motivo, junto a otros dos comuneros, una huelga de hambre de 72 días, 67 de los cuales fueron continuados.

En esa oportunidad, terminaron el ayuno, esperanzados en la aprobación de un proyecto de ley presentado por parlamentarios oficialistas, que abría la posibilidad de que fueran liberados, pues modificaba un decreto de libertad condicional.

Esa alternativa, luego rechazada por el parlamento, surgió luego de una fuerte campaña de sensibilización nacional e internacional.

“Yo le he enviado como tres o cuatro cartas a la presidenta Michelle Bachelet. Me acaba de llegar una respuesta que dice que no me puede recibir porque tiene una agenda muy ocupada”, comentó a IPS Roberto Troncoso, padre de Patricia, también conocida como “Chepa”.

“El gobierno no se ha manifestado para nada. Nosotros pedimos que se instale una mesa de diálogo, pero ya no sabemos qué hacer para que nos tomen en cuenta”, señaló el desesperado padre de esa auxiliar de parvularios, de 37 años y comprometida con la causa mapuche.

“Si los hubieran encarcelado correctamente, (la situación) sería normal. Pero los juicios fueron mal hechos, con testigos falsos, encapuchados, pagados”, dijo Troncoso.

Ante la indiferencia de las autoridades, el 21 de noviembre seis familiares y amigos cercanos a los comuneros presos comenzaron otra huelga de hambre.

En un comunicado público, el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, con sede en Temuco, llamó este miércoles a las autoridades a responder las demandas de los presos mapuches.

“Mantenemos la convicción de que sus condenas son injustas y que su encarcelamiento es la dramática consecuencia de la política de criminalización de la protesta social indígena, impulsada por los gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia”, en el poder desde 1990, dice el texto.

A lo largo de estos meses, se han realizado manifestaciones ciudadanas en Temuco, Santiago y otras ciudades de Chile en reclamo de una solución al conflicto, el cual también ha tenido eco en Europa.

El jubilado juez Juan Guzmán, quien procesó al fallecido Pinochet, es una de las pocas figuras que se ha manifestado públicamente a favor de los huelguistas.

Desde 2006, un grupo de abogados de derechos humanos busca soluciones legislativas y administrativas para este caso. Uno de ellos es el jurista Alberto Espinoza, quien visitó a los huelguistas el 2 de este mes.

Según contó Espinoza a IPS, la semana pasada asistió a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para exponer la realidad de los indígenas y para pedir a los parlamentarios que patrocinaran un proyecto de ley que rebaja las penas para el delito de incendio.

La iniciativa legal ingresó a tramitación este martes, gracias a la firma de nueve legisladores oficialistas. Con el mismo objetivo, Espinoza se reunió con el ministro secretario general de la Presidencia (encargado de las relaciones con el parlamento), José Antonio Viera-Gallo, quien sólo se comprometió a “estudiar la situación”, aunque según el jurista mostró “buena disposición”.

Otra alternativa propuesta por el grupo de abogados de derechos humanos es el otorgamiento de algunos beneficios carcelarios, como salidas dominicales y traslado a una cárcel granja.

Espinoza, abogado de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, cree que todos estos pasos podrían alentar a los mapuches y a la activista y llevarlos a deponer su ayuno, pero es difícil garantizarlo debido a que sus demandas no son de solución inmediata.

Los familiares de los presos se comunicaron con el también abogado de derechos humanos Humberto Lagos, para que gestionara la conformación de una mesa de diálogo con representación, entre otros, del gobierno y la Iglesia Católica, que se han mostrado preocupados por el caso.

Esta instancia se debería centrar en los cuestionados procesos judiciales seguidos hasta ahora contra comuneros mapuches y en las acciones represivas denunciadas por las comunidades que levantan reivindicaciones políticas y territoriales. Lagos comentó a IPS que esperaba prontas novedades.

“Hoy hablé con mi hija y le pedí una vez más que se bajara de la huelga, pero ella no quiere, dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias con esto”, se lamentó Roberto Troncoso.

La autora es periodista de la agencia IPS en Chile.

Santiago de Chile, 10 de dicembre 2007
Crónica Digital / IPS / Rebelion. org , 0, 156, 13

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