Los acontecimientos del 21 y 22 de junio en Paraguay que dieron al traste con el gobierno del presidente constitucional Fernando Lugo quedarán como otro nefasto capítulo de la historia republicana del pequeño país suramericano y de América Latina.
El golpe de Estado de nuevo tipo -llámese juicio político- aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso por la cámara de diputados y senadores, lejos de asombrar, ratifica que la derecha paraguaya y mundial permanece al acecho de los cambios que tienen lugar hoy 
en Latinoamérica.
No importa que el proceso iniciado en 2008 con la asunción del exobispo católico a la presidencia no sea de los más radicales del continente ni que el poder fáctico haya permanecido intacto en los casi cuatro años que gobernó.
A las fuerzas reaccionarias paraguayas, del continente e internacional les preocupó más la manera en que la nación suramericana, de poco más de seis millones de habitantes, se fue insertando, no con pocos tropiezos, en la madeja integracionista de la región.
La amenaza de juicio político pendió como espada de Damocles sobre Lugo desde el mismo inicio de su mandato y fue utilizada más de una veintena de veces por las fuerzas políticas opositoras para tener en jaque al mandatario y su gobierno.
Entre los argumentos utilizados por la derecha en todo este período estuvieron acusaciones de incapacidad para gobernar, presuntos vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y con el secuestro del ganadero Fidel Zabala.
Esta feroz campaña, que no cesó un instante, incluyó también la supuesta «incitación a la lucha de clases» por parte del presidente y el escándalo por la denuncia de tres mujeres que le reclamaban la paternidad de sus respectivos hijos.
A finales del pasado año, Lugo fue acusado y amenazado con juicio político por el supuesto de haber violado el artículo 143 de la Constitución al firmar el llamado Protocolo de Montevideo, Usahia II, sobre el compromiso con la democracia.
Los gobernantes de los Estados partes y países asociados rubricaron ese documento en la cumbre del Mercado Común del Sur, celebrada en Uruguay el 20 de diciembre del 2011.
La última amenaza y a la postre la «justificación» para enjuiciar al gobernante provino de un dudoso y trágico suceso del que fueron víctimas mortales 11 campesinos y seis policías cuando estos últimos intentaron desalojar a los labriegos de una finca de un terrateniente del Partido Colorado.
Si bien nunca antes hubo consenso en el Parlamento entre las distintas fuerzas políticas, en mayoría opositora dominadas por colorados y liberales del Partido Radical Auténtico (PLRA), ahora prevaleció la casi total unanimidad en Diputados y en el Senado.
Ese es un elemento importante a tener en cuenta en un país donde alcanzar el consentimiento mayoritario pasa por intensas negociaciones con el consiguiente beneficio, y más aún, con la rivalidad política manifiesta entreliberales y coloradas, no así en el ámbito ideológico.
Téngase en cuenta que Lugo llega al gobierno sustentado por una variopinta alianza de partidos políticos y movimientos sociales, cuya base eleccionaria fundamental fue el PLRA, fuerza que lo acompañó con vaivenes a favor y en contra hasta su destitución.
El carecer de una base política y parlamentaria que lo apoyaran y el contar con una izquierda dispersa y, por momentos, asustadiza,constituyeron elementos clave de la fragilidad de su gobierno, en el que la negociación fue siempre válvula de escape.
Otros dos aspectos interesantes vinculados al cuestionado juicio político, fueron su celebración a nueve meses de los comicios generales del 2013 y la celeridad con que los legisladores de ambas cámaras se pusieron de acuerdo y lo ejecutaron.
Los partidos tradicionales vienen preparándose con todo para recuperar el espacio perdido y es bastante probable que accedan de nuevo al poder, sin un rival atrayente por parte de la izquierda y una figura que pudiera ser aglutinadora como colofón de una alianza, aunque nada está definido aún.
Resulta llamativo, además, que si en ocasiones anteriores sectores como el de la Iglesia, empresarial y ganadero se opusieron a la celebración de ese engendro constitucional, ahora hicieron mutis o aprobaron abiertamente la aplicación del artículo 225 de la Ley suprema, como fue el caso de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
El golpe de Estado, arropado bajo una supuesta legalidad constitucional, ocurrió a escaso tiempo de que Paraguay traspase a Perú la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas.
Tampoco puede obviarse que en la vecina Brasil más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participaban en la reunión Río+20 sobre sostenibilidad medioambiental.
Puede interpretarse que los sucesos en la nación guaraní son un dardo envenenado disparado contra el bloque subregional y todo lo que representa desde el punto de vista de la integración de Suramérica.
Por eso, este ultraje a la democracia, sobrepasa las fronteras paraguayas y se inserta en un nuevo capítulo de vasallaje de la derecha latinoamericana e internacional contra los pueblos del continente.
No caben dudas que detrás de este siniestro plan -repetido una y otra vez en la historia de América Latina- están las manos oscuras de Estados Unidos, principal interesado en lograr el retroceso continental.
El sociólogo paraguayo Tomás Palau, fallecido recientemente, aseguró en entrevista con Prensa Latina que su país «en cierta medida, es clave para las pretensiones estadounidenses, no sólo por su ubicación geográfica, sino por la adhesión de los liderazgos políticos con respecto a la relación con Estados Unidos».
En el período de 35 años que gobernó el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) -dijo Palau- más de una generación de políticos se formaron en esa «incubadora», todos iguales desde el punto de vista ideológico.
Santiago de Chile 26 de junio 2012
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Prensa Latina
Crónica Digital
