La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados estableció la existencia de actividades lucrativas en al menos siete universidades privadas del país. Se trata, según el informe, de las universidades Del Mar, de Viña del Mar, UNIACC, De Las Américas, Andrés Bello, Santo Tomás y Del Desarrollo, la cual cuenta entre sus propietarios al secretario general de Gobierno, Cristián Larroulet, y, entre sus socios fundadores, al ex titular de Educación y actual ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín.
El vocero de la instancia legislativa que estudió los antecedentes, Rodrigo González, sostuvo que la comisión identificó “altos sueldos a miembros del directorio de ejecutivos importantes, externalización de servicios relevantes, utilización de formas impositivas que son también formas de desviación de recursos, asignación de altos sueldos al propietario y los ejecutivos, el directorio incorpora familiares también a los sueldos, la universidad usa la cartera de deudores incobrables a empresa de factoring, la utilización de empresas y sociedad espejos y de la inmobiliaria”. Asimismo, “se señala el manejo financiero de dineros provenientes de fondos públicos”, agregó el parlamentario (radio.uchile.cl).
Tras el informe, la controversia relativa a las millonarias utilidades generadas a partir del negocio de la educación comenzará a tener ahora también un capítulo judicial, pues la comisión se mostró proclive a notificar de las conclusiones al Consejo de Defensa del Estado (CDE). En realidad, era bastante imaginable que las operaciones especulativas de capital iban a saltar automáticamente en las empresas de los dueños de la enseñanza. Lo verdaderamente sorpresivo, en cambio, fue el desparpajo con que el MINEDUC se desentendió de los antecedentes hechos públicos por el Congreso Nacional. “No hemos recibido ninguna denuncia formal”, fue la respuesta del ministro, Harald Beyer, al ser requerido sobre el informe que involucra a siete casas de estudios (La Tercera, 20 de junio).
¿Qué quiere decir esto? Porque una cosa, igual de imaginable que la anterior, es qué intereses defienden realmente las sucesivas administraciones de educación, y otra es pretender que un ministerio como éste deba esperar pasivamente que le hagan llegar denuncias para, eventualmente, actuar, pues si ello es así, entonces dicha secretaría de Estado ha renunciado a priori a informarse por sí misma, periódicamente, de lo que hacen o no las corporaciones que gozan del permiso de esa repartición para convertir en mercancía lo que debiera ser un derecho de cada educando en tanto ciudadano.
Pero Beyer fue incluso más allá y, para disipar cualquier beneficio de la duda, también rechazó la recomendación de la Comisión Investigadora, que planteó, dada la gravedad de los hechos establecidos, la necesidad de congelar por dos meses la agenda legislativa sobre educación, pues las triangulaciones, externalizaciones y desviaciones de fondos ya identificadas subrayan la necesidad de introducir importantes modificaciones orgánico-constitucionales que pongan freno al lucro. “No compartiremos esa disposición. Necesitamos aprobar proyectos que beneficien a los estudiantes y futuros egresados”, adelantó Beyer, quien nunca ha mostrado interés por favorecer a los educandos y que aquí, por boca propia, nos ayuda a comprender por qué, después de décadas, a las autoridades del sector les ha bajado tanto apuro en la materia.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 26 de junio 2012
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