Buscando la entrega de una mejor atención en el mercado de los servicios básicos, un grupo transversal de diputados, liderados por el DC Jorge Sabag, presentó una moción que obliga a las compañías que los prestan a mantener un sistema de llamado telefónico gratuito.
El proyecto, derivado a la Comisión de Economía para su estudio, fue ingresado el pasado 19 de junio por el diputado Sabag junto a los diputados René Alinco (Ind), Osvaldo Andrade (PS), Gonzalo Arenas (UDI), Guillermo Ceroni (PPD), José Manuel Edwards (RN), Tucapel Jiménez (PPD), Ricardo Rincón (DC), Alejandra Sepúlveda (PRI) y Germán Verdugo (RN).
Explicaron que el propósito de este proyecto de ley apunta en la dirección de establecer la obligación para las empresas que prestan servicios públicos básicos y relevantes para la ciudadanía de disponer para sus usuarios, en eventos de emergencia o ante la suspensión de suministro o prestación del servicio, la existencia de una línea telefónica de atención pública gratuita.
Los legisladores estimaron que las compañías o empresas tienen el deber de optimizar en favor de los usuarios su gestión y la calidad del servicio que les ha sido entregado en concesión, especialmente considerando que se ejerce una actividad más o menos monopólica que implica importantes beneficios o rentabilidades.
En este sentido, consideraron que “los usuarios, sin tener que cancelar por ello, deben tener acceso a vías de solución de emergencias, ante la interrupción de estos servicios que el Estado ha entregado a manos privadas”.
Específicamente, la moción establece que las empresas “deberán habilitar y mantener en funcionamiento, las veinticuatro horas del día, un servicio de atención telefónico gratuito, para recibir de los usuarios los avisos o reclamos por corte o suspensión del servicio, como asimismo, la notificación de las emergencias vinculadas con su prestación”.
Los diputados puntualizaron que la modificación legislativa se concreta con la incorporación en cada una de las leyes reguladoras de las distintas actividades sectoriales específicas, de cumplir con esta nueva obligación. Además, se entrega un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación de la ley en el Diario Oficial, para hacer los ajustes necesarios.
Santiago de Chile, 3 de julio 2012
Agrencias