Para el mundo de los Derechos Humanos (DDHH) en nuestro país, en particular el universo de víctimas que no ha sido reconocido ni reparado, la creación de una Subsecretaría de DDHH es una buena forma de lograr un órgano estatal que sea contraparte y no pueda eludir los compromisos con el derecho internacional de los DDHH ratificados por el Estado chileno.
A diferencia del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución subordinada al Estado, a un organismo de este tipo se le puede exigir una agenda, con políticas nacionales de respeto, defensa y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, sociales y de incidencia colectiva.
El rol que le asigne el gobierno de turno, impulsando o frenando la defensa y promoción de los DDHH, es una cuestión que depende del sector político al que pertenezca ese gobierno y, principalmente, de la capacidad que tenga el movimiento social para interpelarlo. Esta última razón es la que determina que las organizaciones sociales siempre debamos preferir la existencia de esta subsecretaría, al margen de los intereses políticos corporativos que estén en juego.
Esta es la opinión también del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Regional (ACNUDH) cuando dice, a propósito de la creación del viceministerio de DDHH en Perú, “El solo hecho de crear un ministerio con funciones de derechos humanos implica un compromiso muy grande por parte del Estado peruano y seguramente va a repercutir favorablemente en la vida de todos los peruanos y peruanas” (1)
Es necesario tener presente, en este punto, que esta Subsecretaría de DDHH existe hoy día en países como Argentina, Brasil (2), Perú, Uruguay, Honduras.
El lunes 25 de junio de 2012 fuimos informados por el diputado Enrique Accorsi, y posteriormente por las representantes de la AFDD y del Comando Unitario, que las organizaciones sociales con que se han reunido hasta ahora los parlamentarios de las comisiones de DDHH de ambas Cámaras del Congreso, son partidarias de la idea de no legislar sobre el tema.
También fuimos informados que los parlamentarios no oficialistas no tienen muchas intenciones de pronunciarse al respecto y más bien prefieren rechazar la idea de legislar o que el proyecto muera por inactividad (como miles de otros).
No nos corresponde especular con las verdaderas razones políticas y corporativas que están detrás de estas posiciones, cada uno sacará sus conclusiones y quienes las conozcan enfrentarán sus conciencias.
Los argumentos públicos presentados son que en el proyecto del gobierno no se recogen las demandas centrales, del movimiento de DDHH en Chile, relacionadas con la memoria histórica, verdad, justicia y reparación. Tampoco da cuenta de funciones destinadas a velar por el respeto, la defensa y la promoción de los DDHH, contraviniendo el Derecho Internacional de los DDHH y los propios fundamentos del proyecto en cuestión.
Compartimos varias de las observaciones mencionadas y coincidimos en que, efectivamente, la Subsecretaría propuesta por el gobierno no contempla:
La facultad permanente de calificar casos de detenidos desaparecidos, Ejecutados políticos y víctimas de tortura y prisión política.
La atribución de recibir denuncias, perseguir responsabilidades y reparar a las víctimas, cuando ocurran violaciones a los DDHH perpetradas por agentes del Estado o personas a su servicio.
La necesaria asistencia social y jurídica a los sobrevivientes de la Tortura.
La facultad de proponer la adecuación del derecho interno a los tratados internacionales sobre DDHH ratificados por Chile y que están vigentes.
La obligación de velar por la educación, a la sociedad civil y a las FF. AA., en el respeto, protección y promoción de los DDHH.
El objetivo central pretendido por el gobierno, es dar señales de buena conducta a la opinión pública internacional, creando un órgano sugerido por la Comisión de DDHH de la ONU y que al mismo tiempo le permita enfrentar las denuncias internacionales contra el Estado.
Así lo señala el art. 8 letra e: “Recibir y procesar las quejas y denuncias presentadas en contra del Estado de Chile ante organismos internacionales con competencia en Derechos Humanos,…”.
El gobierno hace lo suyo y con ello expresa la voluntad – cosa inédita – de la derecha por tomar la iniciativa en un tema que siempre trató de esquivar. Esto nunca ocurrió y, probablemente, nunca más volverá a ocurrir.
Corresponde, entonces, que los demás actores asuman sus roles: al movimiento social plantear sus demandas y a los parlamentarios, que tienen el proyecto en sus manos, legislar.
Por lo anterior nos sorprende, no entendemos y, claramente, no compartimos la conclusión de las organizaciones sociales encabezadas por la AFDD cuando dicen que: “Es por todo lo anterior, que esta organización, Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y otras que se suman a este diagnóstico, creen en la necesidad de votar en contra de la idea de legislar por parte de la Comisión de DDHH de la Cámara de Senadores,…” (3).
Esto es exactamente lo contrario de lo que planteaba la AFDD en el año 2009, cuando, por las mismas razones, proponía una Subsecretaría en lugar del INDH.
Si hay opiniones en el sentido que el proyecto es perfectible, el camino es hacer públicas las demandas y exigir al Congreso que presente las indicaciones pertinentes para mejorar el proyecto. A modo de ejemplo se puede mencionar que el proyecto de Nueva Ley de Pesca tiene ya más de 800 indicaciones, lo que prueba que es un camino perfectamente realizable (4). Por su parte al Congreso no le cabe otra labor que la que le asigna la Constitución y el régimen republicano en Chile, cual es LEGISLAR. Los parlamentarios no tienen otra opción que presentar las indicaciones que sus representados les exijan y usar toda su pericia, su expertise en lobbies y el capital acumulado en todos los acuerdos que, hasta ahora, han permitido a La Moneda aprobar todos los proyectos de ley que ha presentado.
Sería una vergüenza que el primer proyecto de ley que la actual oposición en el Congreso boicotee al gobierno, sea uno que puede favorecer los DDHH.
Hacemos un llamado a las organizaciones ya mencionadas a abrirse al diálogo, y a los parlamentarios a cumplir con su deber constitucional.
La sociedad chilena puede y debe, hoy día, dar un paso adelante en materia de DDHH.
ANEXPPCHILE
Coordinador Zona Centro Sur
Santiago, 9 de julio de 2012.
