Madrid. Profesores de la educación estatal, trabajadores de la salud, de la administración pública y policías continuaron hoy sus protestas por el centro de esta capital española para protestar por los recientes recortes aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy.
Por sexto día consecutivo, los empleados de esos sectores, incluidos bomberos, marcharon durante varias horas por varias zonas de Madrid para condenar lo que califican como el mayor tijeretazo social en la historia de esta nación, anunciada el pasado viernes por la administración española.
La manifestación, con reclamos en la supresión del aguinaldo o pago extra de Navidad y la reducción de los días de licencia a todos los empleados públicos, entre otros ajustes salariales, fue convocada a través de las redes sociales y avanzó en forma pacífica.
Grupos de empleados públicos lanzaron gritos en el transcurso de la marcha en contra de las medidas aprobadas por el ejecutivo, incluso frases exigiendo la dimisión del presidente Mariano Rajoy.
«Menos crucifijo y más trabajo fijo» y llamadas a la movilización ciudadana como el «Juntos podemos», figuran entre los cánticos protagonizados.
Aunque la concentración fue convocada para acampar frente al Congreso, la Policía Nacional le impidió a los manifestantes acceder a la calle Carrera de San Jerónimo donde se ubica el Palacio de las Cortes (Cámara de Diputados).
Los trabajadores públicos avanzaron por el Paseo de Recoletos hacia la Fuente de Cibeles y la Plaza de Colón y desde ahí se fueron a la sede del Partido Popular (PP) mientras el regreso fue rumbo Alcalá en dirección a la Puerta de Sol y a las cercanías del Congreso.
El pasado 13 de julio, el gobierno del PP, encabezado por Rajoy, aprobó un paquete de severas medidas a fin de sortear la crisis económica y recaudar más de 56 mil millones de euros, aunque el objetivo final es recortar 65 mil millones de euros hasta 2014.
Tales disposiciones que incluyen recortes salariales a los funcionarios españoles derivaron en protestas al considerar esas acciones son un abuso del Gobierno contra los ciudadanos.
Santiago de Chile 17 de julio 2012
Fuente Prensa Latina
Crónica Digital