BANCO CENTRAL EUROPEO ACTUARÁ EN DEFENSA DEL EURO

Londres.   El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, aseguró hoy que esa entidad hará los esfuerzos necesarios para mantener la moneda única ante las presiones por la crisis de la deuda.

En declaraciones a la prensa durante una cumbre empresarial en esta capital, el funcionario indicó que el ente emisor tiene la función de mantener la estabilidad monetaria en los países de la Eurozona.

El titular del BCE alertó contra los efectos adversos de las elevadas primas de riesgo en naciones como España, lo cual reduce la efectividad de las medidas en materia de política monetaria.

Por ello, indicó Draghi, el organismo actuará para contener los elevados costos que enfrentan los socios del bloque en sus intentos por acceder a financiamiento.

Asimismo resaltó que en septiembre ya estará listo el proyecto para la creación de un supervisor bancario en el área, tras lo cual se establecerá un sistema de liquidación de bancos europeos.

El pronunciamiento del presidente del BCE fue interpretado por expertos como una señal de posibles intervenciones del organismo en los mercados de deuda.

Con una acción de ese tipo, el instituto emisor inyectaría liquidez a largo plazo en el sistema financiero de la Eurozona.

Las palabras de Draghi aliviaron las tensiones en los mercados, donde se reportó una caída de 32 puntos en la prima de riesgo de España, para ubicarse por debajo de las 600 unidades.

Santiago de Chile 26 de julio 2012
Fuente Prensa Latina
Crónica Digital

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DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONALDE DERECHOS CIUDADANOS DEL PARTIDO RADICAL SOBRE LEY HINZPETER

Jue Jul 26 , 2012
Respecto al actual proyecto de ley presentado por el Gobierno en el boletín N° 7975-25,denominado “Proyecto de Ley sobre Fortalecimiento del Orden Público”, conocido por la ciudadanía “Ley Hinzpeter”, ésta comisión declara lo siguiente: Que el proyecto individualizado es un manifiesto desmedro a los derechos ciudadanos, yen particular, a las garantías constitucionales de reunión y de petición a la autoridad, y por consiguiente podría significar un debilitamiento sustancial al sistema democrático. Asimismo, de la sola lectura y de su fundamento contenido en el mensaje presidencial, se puede afirmar que el proyecto de ley obedece a una visión altamente conservadora, en la cual la promoción del bien común y la paz social se confunden con la noción de orden en un sentido militarista, sobrevalorando artificialmente a las fuerzas de orden y seguridad, y desplazando a la ciudadanía y sus garantías constitucionales a un segundo plano. Lo anterior se colige necesariamente de lo que el promotor de la iniciativa legislativa entiende por Rol del Estado frente al Orden Público. Si bien principia con una descripción genérica en la cual se afirma que “corresponde al Estado la promoción del bien común y la paz social, para lo cual debe establecer los mecanismos que faciliten la creación de las condiciones necesarias a fin de permitir el adecuado desarrollo de todos los miembros de la sociedad”, luego, sin mayores fundamentos, el texto degenera en la necesidad de fortalecer el orden público para cumplir la obligación de promoción, entregando como herramientas idóneas el aumentar las penas asociadas a los desordenes públicos, aumentar las facultades de las fuerzas de orden y seguridad a quienes considera guardianes exclusivos de este valor, y extender las responsabilidades no solo a los agentes antijurídicos, sino que también a todos aquellos que pudiesen promover o liderar ideas diferentes al régimen establecido. En otras palabras, se utiliza como excusa la necesidad de un mayor Orden Público, con el afán de crear un Estado Policía quesea eficaz en el control y supresión de las movilizaciones ciudadanas que puedan atentar contra el orden imperante. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que la argumentación del proyecto adolece, además de cimientos moralmente cuestionables en un sistema democrático, de una valoración jurídica errónea. Esto se materializa en el hecho de que se han elevado valores indeterminados, como loes el orden publico, por sobre derechos constitucionales determinados, como lo son derecho de petición a la autoridad y de reunión. Cabe hacer presente en este punto, que desde a mediados del Siglo XIX a la fecha (particularmente con la entrada en vigencia del Código Civil), se han establecido diversos conceptos jurídicos como el de orden público, moralidad, equidad natural u otros, pero cuyo contenido es indeterminado, correspondiendo a recursos discursivos y términos laxos que deben ser considerados caso a caso y atendiendo principalmente al tiempo particular que se hacen valer. En ese orden de ideas, es posible afirmar que el proyecto de ley in comento trata de limitar e incluso proscribir garantías constitucionales determinadas (como lo es el derecho […]

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