Las familias de menores ingresos y los estadounidenses socialmente más vulnerables podrían resultar perjudicados si los correligionarios de George W. Bush recuperan el poder de la Casa Blanca, cuatro años después de la debacle republicana.
El gremio político opositor tuvo que ceder la Oficina Oval en 2008, cuando el exgobernador de Texas transitaba por el peor nivel de popularidad para un jefe de Estado norteamericano debido al impacto de las guerras del Pentágono en el Medio Oriente.
Camino a las votaciones de noviembre, la coalición del Elefante parece haber renovado esperanzas de retomar el mandato en el Capitolio (ya en 2010 ganaron el control de la Cámara de Representantes) y, sobre todo, en la Mansión 1600 de la Avenida Pennsylvania.
Empero, este aparente exceso de confianza respecto a los comicios de invierno puede incubar un ambiente negativo entre el electorado que module el comportamiento de las urnas en contra de la formación ideológica afín al difunto Ronald Reagan.
Al llamado partido rojo parece no preocuparle tal perspectiva. Los republicanos confirmaron que recortarán en millones de dólares el plan federal de ayuda para pobres si triunfan en las elecciones de fin de año y obtienen la Presidencia o el control del Senado.
Los correligionarios del candidato a la Casa Blanca Mitt Romney adelantaron que presentarán una enmienda para retirar del Medicaid casi dos billones de dólares durante la siguiente década a partir de enero de 2013.
De concretarse la previsión, sería el mayor golpe al programa ideado por Lyndon Johnson hace medio siglo, que cuesta al erario 400 mil millones de dólares anuales y auxilia actualmente a casi 70 millones de estadounidenses.
Si ganamos dentro de cuatro meses, ya no existirán excusas, anunció el congresista Jim Jordan, de Ohio, uno de los activistas conservadores y detractores del Medicaid, con el argumento de que incrementa los gastos gubernamentales y fomenta burocracia más corrupción. Romney, Jordan y otras importantes figuras del gremio político opositor fueron alentados por una reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia que limitó las prerrogativas sociales de la reforma nacional de salud, sancionada por Obama en 2010.
El gobernador de Virginia, Bob McDonnell, propuso que los estados -al margen del control federal- administren la aplicación del Medicaid con más efectivos y pragmáticos criterios de implementación y la meta de ahorrar dinero en las cajas gubernamentales.
La iniciativa republicana sale a la luz cuando la cantidad de ciudadanos auxiliados con boletos de comida aumentó en Estados Unidos en un 45 por ciento entre los años 2009 y 2012, según confirmó un estudio del Departamento de Agricultura.
Oficialmente denominado Programa Asistencial de Suplementos Nutricionales (PASN), las populares estampillas de comida llegan en la actualidad hasta 46 millones de estadounidenses, en un contexto de complejidad económica nacional llamado la Gran Recesión.
Pese a ajustes positivos desde enero en el panorama industrial general, la macroeconomía norteamericana sigue lidiando con un remanente de 11,7 millones de desempleados y más de 40 millones de pobres o núcleos familiares de bajos ingresos.
Desde finales de 2007, casi cuatro millones de estadounidenses perdieron sus casas por ejecución hipotecaria y un aproximado de 1,6 millones de niños quedaron en algún momento en la calle con una calidad de vida cercana a la indigencia.
Paralelamente se conoció que millones de estadounidenses pobres quedarán sin los beneficios de la reforma de salud, luego que estados republicanos usaran un acápite del dictamen de la Corte Suprema para eludir responsabilidades administrativas.
Unos 16 territorios gobernados por republicanos amenazaron con no implementar la llamada cláusula de la expansión en los seguros, propuesta en la ley certificada por el presidente Barack Obama hace dos años. Otros siete estados criticaron el programa de la Casa Blanca e indicaron que tampoco respaldan los estatutos del nuevo sistema sanitario. De concretarse el boicot, cerca de 11 millones de ciudadanos quedarán fuera de los auxilios federales.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó gran parte de la reglamentación de la reforma de Obama, pero aclaró que la Oficina Oval no puede obligar o multar a las gobernaciones en el caso de la cláusula de la expansión.
Este mandado, prácticamente suspendido por la CSJ, exigía a los estados incluir en el plan de ayuda a aquellos ciudadanos adultos con ingresos menores al 133 por ciento del nivel federal de pobreza, actualmente en 14 mil 400 dólares anuales.
Florida, Ohio, Pennsylvania, Colorado, Missouri, Mississippi, Nebraska e Indiana son algunos de los departamentos que anunciaron su rechazo a la expansión.
También Texas, donde la ley hubiera beneficiado a dos millones de personas, dijo no al programa con el argumento de que le costaría 27 mil millones de dólares en dos años. Aprobaba en 2010 bajo el nombre de Affordable Care Act, la reforma nacional de salud es presentada por el Partido Demócrata como el mayor éxito político del jefe de Estado luego que administraciones federales desde Harry S. Truman habían fracasado al intentar implementarla.
La nueva reglamentación, que no entrará en vigor hasta 2014, obliga a millones de norteamericanos a adquirir un seguro combinado entre privado y el gubernamental Medicaid, so pena de tener que pagar una multa al estado.
Este polémico acápite, junto con los 1,7 billones de dólares que tendrá que pagar el erario, provocó numerosas críticas y protestas principalmente desde las filas republicanas hasta que el descontento se tradujo en una querella ante la Corte.
El costo de los seguros médicos para muchos estadounidenses subió en 2011 de manera más aguda que en años previos, afectando a la vez un eventual aumento en los salarios.
Un estudio del grupo no gubernamental Kaiser Family Foundation reveló que el promedio anual de gastos de los empleadores para la cobertura familiar alcanzó la cifra de 15 mil 73 dólares, número que representó un alza de nueve por ciento respecto a 2010.
Alrededor de uno de cada dos estadounidenses cayó en la clasificación federal de pobre o en la de individuo con bajos ingresos, evidenció un reciente informe del Buró Nacional del Censo (BNC). Perjudicada por las altas cifras de desempleo y el estancamiento en los auxilios gubernamentales, la clase media norteamericana ha visto como se estrechan sus márgenes demográficos desde 2008.
En la etapa mencionada, muchos representantes de la clase trabajadora vieron caer sus ingresos por debajo del tope de 45 mil dólares anuales para una familia de cuatro debido a que perdieron horas laborales o incluso sus trabajos.
De acuerdo con el reporte del BNC, estados en el sur y en el oeste tienen las más altas tasas de habitantes con bajos ingresos, y paradójicamente Arizona, New Mexico y South Carolina evalúan propuestas legislativas para recortar ayudas a desamparados.
En el mismo periodo, 97,3 millones de norteamericanos calificaron para la categoría de bajos ingresos, y se sumaron a los 49,1 millones que ya estaban catalogados bajo la línea de la pobreza.
El número total indica 146,4 millones de individuos, o un 48 por ciento de la población actual, y representa un inventario de cuatro millones de estadounidenses más en comparación con cifras de 2009.
La tasa nacional de pobreza en Estados Unidos ascendió hasta un 15,1 por ciento durante 2010, el índice más alto en 17 años, confirmó una anterior estadística del gobierno federal.
El medio digital CNNMoney comentó que mientras la economía doméstica se esfuerza en salir de la recesión, esos datos representan los peores números en este acápite social desde 1993. En 2009 el indicador era de 14, 3 por ciento.
El gobierno central en Washington considera por definición como pobre a una familia de cuatro integrantes que gane menos de 22 mil 300 dólares al año, y a los individuos con ingresos por debajo de 11 mil 140 dólares anuales. Entretanto Romney cambió de opinión sobre la reforma nacional de salud en busca de alinearse junto a votantes conservadores, a pocos meses de elecciones generales en Estados Unidos.
De acuerdo con la nueva descripción del millonario magnate inversionista, la ley de seguros sanitarios es en síntesis un reforzamiento de los impuestos para el contribuyente norteamericano. La mayoría de la Corte Suprema de Justicia dijo que la reforma de Obama es una nueva tasa impositiva.
Entonces no hay nada más que discutir, es un gravamen, subrayó Romney entrevistado por la cadena CBS News.
Tales declaraciones del exejecutivo de Bain Capital contradicen las de sus propios voceros de campaña y jefe de relaciones públicas, quienes el martes último dijeron que «Romney no considera que la reforma sanitaria deba ser llamada un impuesto.» No obstante, la congresista republicana Ann Marie Buerkle criticó la reforma de salud patrocinada por la Casa Blanca y alegó que crea un clima de inestabilidad permanente en la economía estadounidense.
Esta llamada ley de salud es un fiasco en la misma cara de Estados Unidos, compromete la revitalización de nuestra industria y los valores que defendemos, subrayó la representante por Nueva York.
La economía doméstica, en medio de una llamada Gran Recesión, y la modificación en los seguros de salud han sido desde febrero las dos controversias preponderantes para ambos partidos norteamericanos que medirán fuerzas en las votaciones de noviembre. Otro asunto que ha golpeado la campaña reeleccionaria de Obama es el desempleo.
El Departamento del Trabajo confirmó que el mercado creó cinco mil posiciones menos en junio y la tasa nacional de paro se mantuvo pesadamente sobre ocho por ciento.
Por Jorge V. Jaime *Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.
La Habana, 10 de agosto 2012
Prensa Latina
