El triunfo del NO en el plebiscito de 1988 representa una paradoja. Por una parte, fue una victoria del pueblo chileno que demandaba el fin a la dictadura y la conquista de la democracia. Pero, al mismo tiempo, fue la victoria de una estrategia orientada a poner término al régimen sobre la base de garantizar la continuidad del modelo económico y el sistema institucional.
Este asunto resulta pertinente a propósito de la película “No” de Pablo Larraín. No es nuestra preocupación, sin embargo, examinar su validez como producto artístico, y ni siquiera su consistencia con la historia, sino que poner el foco en el proceso político que condujo al plebiscito y el triunfo del NO, pues de allí pueden devenir conclusiones útiles para aprehender la realidad del presente y los desafíos del futuro.
La acumulación social, política y cultural de la resistencia que se abrió desde el mismo momento del golpe de Estado, dio un enorme salto adelante el 11 de mayo de 1983, cuando fue convocada la Primera Jornadade Protesta Nacional. Fueron, literalmente, millones de personas las que se movilizaron en todos los rincones del país, ocupando las calles de los centros urbanos y los centros de estudio durante el día, y llenando de cacerolazos y barricadas los barrios durante la noche.
La movilización paso a una nueva etapa en 1986, cuando el conjunto de la oposición se planteó transformarlo en el “año decisivo” para poner fin a la dictadura. La idea había sido introducida por el presidente del PDC y la Alianza Democrática, Gabriel Valdés, en el discurso en una concentración opositora en el Parque O’Higgins, en noviembre del año anterior.
Todos los partidos políticos opositores se concertaron para emprender una nueva y definitiva embestida de movilización. Así, formaron un “Comité Político Privado” para coordinarse en torno al esfuerzo, conducido visiblemente porla AsambleaNacional de la Civilidad, encabezada por el presidente del Colegio Médico, Juan Luis González.
La Asamblea fue la mayor multigremial constituida en los últimos 40 años de historia del país, que representaba las exigencias sociales, políticas y económicas de diversos sectores sociales, sindicales y también profesionales, las cuales fueron recogidas en el documento “La Demanda de Chile”, el que se hizo público el 26 de abril de 1986 en el acto constitutivo enla Casade Ejercicios Padre Hurtado. La principal exigencia era: “La restitución de la soberanía popular para poder ejercer la democracia” (1). Luego, el 6 de mayo, se entregó en La Moneda esta plataforma y se otorgó al régimen militar un plazo de un mes para responder.
La estrategia se expresaba en la consigna “todos juntos y al mismo tiempo” y consistía en llamar a un paro nacional si la dictadura respondía negativamente o no contestaba la Demandade Chile, y persistir en sucesivas convocatorias a paralización mientras la situación nacional no experimentara cambios.
Representé en la Asambleadela Civilidada los estudiantes secundarios, agrupados en esos días en el Comité Pro FESES.
El 2 y 3 de julio de 1986, se realizó el Paro Nacional convocado por la Asambleadela Civilidad. Fue la movilización más enorme que se ha conocido en las últimas décadas. El fin de la dictadura se apreciaba como un propósito alcanzable, como resultado de la profundización de la desobediencia civil y la movilización social. No es efectivo que la única opción posible a la insurgencia armada fuera una negociación que dejara intacto el país refundado por la tiranía.
El cuadro de creciente movilización comenzó a experimentar un drástico cambio tras el Paro de julio. El 11 de agosto el régimen informó el hallazgo de arsenales Carrizal Bajo. La oposición se fracturó: el Comité Político Privado se extinguió, mientras la Asamblea de la Civilidad quedó paralizada en la práctica: en su interior, los dirigentes sociales del PDC obstruyeron el acuerdo de convocar a un nuevo Paro para el 4 de septiembre, el que terminó siendo impulsado sólo por la izquierda, y con no pocas vacilaciones, y que terminó en un fracaso.
La situación se tornó irreversible luego que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FMPR) falló el 7 de septiembre en su intento de matar a Augusto Pinochet. A partir de ese momento, Estados Unidos apostó a fondo por imponer una “salida pactada”.
En los días posteriores al atentado, empezó a circular en la “izquierda renovada” un texto de José Joaquín Brunner, que planteaba el fracaso de la movilización popular y la consiguiente necesidad de abandonarla, de tomar distancia de la izquierda y proponer a las Fuerzas Armadas una “salida negociada” que no podía encontrarse al margen de las condiciones creadas porla Constituciónde 1980. La tesis básica era que existía una vigencia de facto dela Constitución por el solo hecho de su existencia, lo que obligaba a la oposición a definir su acción en función de ella. Por tanto, a su juicio, correspondía un acuerdo constitucional con las Fuerzas Armadas que sólo se alcanzaría si éstas y el propio Pinochet, estaban dispuestos a concederlo.
Era una de las primeras formulaciones explícitas de la tesis estratégica de “negociación sin ruptura” (2).
Una de las primeras expresiones fue la casi inmediata aparición de un documento que se denominaba “Bases de Sustentación del Régimen Democrático”, el que firmaban 13 colectividades, desde el Partido Nacional al Partido Humanista. Se comprometían a no propiciar políticas que rompieran los equilibrios macroeconómicos e insistían en que los partidos debían convenir la transición con las instituciones castrenses, permitiendo “el retiro digno del poder político de las Fuerzas Armadas” (3).
El nuevo curso de los acontecimientos políticos fue seguido con alarma porla Izquierda Cristiana en esos días. En el periódico “Liberación” apareció un informe de la situación, titulado: “Ante la represión dictatorial y exclusión dela Izquierda: Unidad del Pueblo”.
Indicaba que la dictadura se proponía “eliminar, como actor, al sector social y político que en términos estructurales puede ser más radicalmente disfuncional al proyecto de continuidad del dictador o del régimen, es decir, asegurarse de marginar a la izquierda como actor nacional”.
Agregaba: “A lo anterior, se suma un documento que contiene elementos políticos, jurídicos y económicos dentro de un marco de acuerdo de gobernabilidad futura (…) Este documento es el resultado de los esfuerzos de determinados sectores del centro y la derecha por atraer a partidos de la izquierda para presentar un plan de resolución de la crisis, a través de una salida negociada, que sea posible de ser implementada en acuerdo con los sectores más aperturistas del régimen, ya que el requisito para que el bloque social organizado en torno a un proyecto de centro derecha prospere es la captación de los sectores más moderados de la izquierda”.
Más aún, sostenía que “es evidente que este esfuerzo tiene como interlocutor a las Fuerzas Armadas, y cuenta con el apoyo del Departamento de Estado” de los Estados Unidos, que favorecerá el reemplazo de Pinochet “en la medida que exista capacidad probada de control del proceso de recambio y de respaldo al régimen resultante”.
“A pesar de ser un documento que fue suscrito por un espectro amplio de partidos políticos, es excluyente de los sectores de la izquierda que no son considerados democráticos, de tal forma de hacerlo ‘viable’ ante las Fuerzas Armadas”, señalaba. Por consiguiente, enfatizaba, “la participación de sectores de izquierda es doblemente peligrosa. En primer lugar, porque viabiliza la estrategia de la centro–derecha; en segundo lugar porque crea las condiciones para legitimar la exclusión, dividiendo a la izquierda, en los hechos, en dos sectores”.
Frente a la situación, concluía que la izquierda debía “salirle al paso al recambio, vía externa, que sólo nos conduciría a una transición democrática cautelada, excluyente y hegemonizada por el centro y la derecha. Porque ni aún en sus manifestaciones más abiertas tal proyecto puede incluir niveles de democratización satisfactorios” (4).
Edgardo Boeninger, en documento de 24 páginas, propuso en esos días que se debía aceptar como “un hecho”la Constituciónde 1980 y poner término a la movilización social de carácter rupturista. Postulaba que el camino a la democracia pasaba por una “estrategia basada en reformas constitucionales mínimas suficientes, movimientos por elecciones libres y designación de un candidato de consenso”. Señalaba que el carácter de la transición se vincularía, entonces, con tres elementos: continuidad institucional, acuerdo con las Fuerzas Armadas y aislamiento del Partido Comunista.
Respecto del PC, indicaba que “resulta indiscutible que (…) debe quedar excluido de las alianzas y negociaciones políticas”. En ese sentido, explicaba crudamente que aunque renunciara explícita y formalmente a todas las formas de lucha, “no se le puede dar cabida en los acuerdos políticos de sustentación democrática o de gobierno futuro ni en la mesa de negociaciones con las Fuerzas Armadas”, puesto que “su presencia es absolutamente inaceptable para éstas, lo que constituye un factor decisivo en la política chilena actual”. Por ello, recomendaba una “nítida separación entre las fuerzas democráticas y el PC”. En cambio, expresaba la voluntad de aproximarse al sector del PS que entonces conducía Clodomiro Almeyda, a condición de “que se independice del Partido Comunista”.
Asimismo, criticaba las propuestas democratizadoras que hasta entonces planteaba la oposición. Respecto a la idea de un gobierno provisional cuestionaba la debilidad que su carácter y su corta duración implicaría, lo que “conducirá casi inevitablemente al desarrollo de fuertes presiones para retrotraer la situación institucional a fojas cero, por ejemplo, a través de la demanda por una Asamblea Constituyente”. Esta idea, decía, reduciría “la voluntad y disposición democrática de algunos actores claves, en especial las Fuerzas Armadas (…) No es por azar que Gobierno Provisional y Asamblea Constituyente sean el escenario favorito del Partido Comunista” (5).
La estrategia de la salida pactada se puso en marcha con la idea de una campaña por las “elecciones libres”. El 4 de octubre de 1986, el democristiano Sergio Molina remitió una carta a los presidentes de los partidos que firmaron en 1985 el Acuerdo Nacional, que afirmaba la urgencia de la designación de un candidato único para las elecciones presidenciales, lo que garantizaría “el triunfo en el plebiscito” (6).
Enla Junta Nacionaldel PDC, celebrada el 13 y 14 de diciembre de 1986, enla Casa de Ejercicios del Arzobispado de Santiago en Talagante, se aprobó un Voto Político que encomendó a la mesa directiva nacional convenir con “los partidos democráticos” un “programa de Gobierno, una coalición política que lo respalde y una fórmula para la designación de un candidato presidencial que encabece y personalice esta posición”. Se acordó además llamar a la campaña por las elecciones libres, para lo concertaría su acción “con los demás partidos democráticos” (7).
La dictadura puso en marcha su proceso de institucionalización el 25 de febrero de 1987, cuando se abrieron los registros electorales, luego que en octubre del año previo promulgara la Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio . El 23 de marzo, le tocó el turno ala Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
Muy pronto, el 13 de marzo, hizo su debut la Campaña Nacional por Elecciones Libres, encabezado por Sergio Molina y un Comité de otras 13 personas, con el documento “Convocatoria a una Tarea Nacional” (8).
La oposición que apostaba a una salida intra–sistema dio un nuevo y fuerte impulso a la campaña por las “elecciones libres” cuando formuló un llamado al país a inscribirse en los registros electorales e iniciaron un debate sobre la forma de insertarse en la nueva institucionalidad legal sobre partidos políticos.
La Alianza Democrática, el 12 de junio, formó el “Comité de Partidos Políticos para las Elecciones Libres” (COPPEL). Poco después, el día 19, Ricardo Lagos formó el “Comité de Izquierda por las Elecciones Libres” (CIEL), con un manifiesto titulado “Chile tiene un camino: unidad y movilización por elecciones libres”.
En agosto de 1987, el PDC eligió un nuevo presidente en su Junta Nacional: Patricio Aylwin, quien postulaba explícitamente la tesis de una transición institucional y de la negociación con las Fuerzas Armadas. Allí se concordó una estrategia basada en una “movilización político–electoral”, la que se planteaba trabajar por derrotar al régimen, “si persiste en su plebiscito”, abriendo el camino para “las reformas necesarias para posibilitar las elecciones libres”. También resolvió emprender su constitución legal, lo que se inició el 10 de septiembre, bajo la coordinación de Adolfo Zaldívar.
Por esos días, la revista opositora “Apsi” diagnosticaba con rigurosidad el cuadro: “Uno de los argumentos más socorridos por los personeros dela Administración(de Ronald) Reagan y sus asesores es que la mantención del régimen militar y en especial de Pinochet, polariza al país y crea las condiciones para que la izquierda (…) saque partido de la polarización que en Chile día a día se acrecienta. Lo sostienen apelando a las matemáticas: ‘La mantención de Augusto Pinochet en el poder –argumentan– es proporcional a las posibilidades de los comunistas de alcanzar el poder. Mientras más dure Pinochet, más se afianza una alternativa revolucionaria’ (…) La preocupación de la Administración Reagan no es por la democracia en Chile, sino por la mantención del status quo (el sistema general) en el que se garantice la inviabilidad de un cambio social radical (…) Desde donde han llegado indicios concretos de este plan para forzar una salida sin Pinochet a una democracia que surja de la negociación entre civiles y militares, ha sido desde medios diplomáticos europeos. Estados Unidos ha iniciado una labor de convencimiento ante la comunidad europea para conseguir apoyo en esta gestión. El mensaje es el mismo: reconocer la necesidad de una salida que, aunque deje en el camino a Pinochet, incorpore a los militares como los tutores del proceso” (9).
Un poco antes que Patricio Aylwin llegara aLa Moneda en marzo de 1990, José Joaquín Brunner escribió un trabajo llamado “Chile: claves de una transición pactada”.
Señalaba: “La transición chilena se mueve entre pactos (…) El primero de esos pactos ha sido el pacto constitucional. Nació en el momento en que la oposición democrática reconoció que la lucha contra el régimen militar no podía desarrollarse exitosamente al margen de la institucionalidad consagrada por la Constitucióndel general Pinochet, dictada en 1980. Al aceptar de hecho la Constitución y su institucionalidad, y adaptar a dicho marco de hierro su propia estrategia política, la oposición dio un paso decisivo que puso en marcha el proceso de transición”. Ello, porque “desde ese instante quedó descartada cualquier alternativa opositora más radical, de ruptura y confrontación” con el régimen militar. Y añadía que dicho paso debió ir acompañado “por un segundo pacto, el pacto partidista de las fuerzas opositoras dispuestas y capaces de dirigir una estrategia de lucha ‘dentro’ del sistema definido por la ‘institucionalidad pinochetista’. En la práctica, tal pacto resultó primero en la Concertación por el NO, agrupación de partidos que movilizó electoralmente al país para derrotar la pretensión de Pinochet de permanecer por otros ocho años como presidente (en el plebiscito del 5 de octubre de 1988); y, en seguida, enla Concertaciónde Partidos por la Democracia”.
Con brutal crudeza, quizás atribuible a la euforia del momento, indicó que, además, “ha venido gestándose durante el último año un pacto quizás más fundamental, tácito y abarcante que todos los demás, cual es el pacto del desarrollo del país, que incluye el conjunto de condiciones económico–institucionales y políticas cuya mantención ha sido acordada como imprescindible para asegurar el crecimiento de Chile dentro de un esquema de economía abierta, con fuerte presencia de inversión privada y extranjera, papel regulador de los mercados, independencia de parte del Banco Central para el manejo de las variables monetarias y garantías suficientes a la propiedad”. Al respecto, precisaba, la oposición incluyó en su Programa “todos los elementos requeridos para soldar este pacto, desactivando con ello cualquier inquietud o amenaza proveniente de los sectores más importantes del empresariado nacional y de los inversionistas extranjeros” (10)…
El triunfo del NO fue la victoria de este camino, cuya premisa era la perpetuación del sistema a través de una negociación: un diseño que conquistó la hegemonía en el país democrático paradojalmente para traicionar su voluntad de democratización, como ha quedado en evidencia luego de 20 años de transición pactada.
Por Víctor Osorio Reyes. El autor es periodista.
NOTAS
1. Demanda de Chile, abril de 1986, publicada como separata en la revista “Hoy”, 5 de mayo de 1986.
2. Jorge Arrate y Eduardo Rojas: “Memorias dela Izquierda Chilena”, Tomo II.
3. “El Mercurio”, 11 de septiembre de 1986.
4. “Liberación”, órgano oficial dela Izquierda Cristiana, septiembre de 1986.
5. “Carta a dirigentes del Partido Demócrata Cristiano”, 13 de octubre de 1986. Archivo Corporación Justicia y Democracia.
6. “La Segunda”, 7 de octubre de 1986.
7. “El Mercurio”, 15 de diciembre de 1986.
8. “Hoy”, 23 de marzo de 1987.
9. “Apsi”, 11 de mayo de 1987.
10. “Nueva Sociedad” Nº 106, Caracas, marzo–abril de 1990.
Santiago de Chile, 26 de agosto 2012
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