IZQUIERDA CIUDADANA RECHAZA EL PROYECTO DE LEY DE PESCA

La Izquierda Ciudadana de Chile manifiesta su más categórico rechazo a la aprobación del proyecto de Ley de Pesca. Al respecto, estima necesario compartir con la ciudadanía las siguientes consideraciones:

1. A través de esta iniciativa se pretende entregar, en la práctica, derechos a perpetuidad sobre las cuotas de pesca a una minoría de empresarios industriales, contribuyendo así a incrementar en forma sustancial la concentración económica, en solo siete familias, en un sector productivo que genera al año unos 1.500 millones de dólares. El proyecto acentúa además la depredación de los ecosistemas marinos, que son de propiedad del conjunto de quienes habitamos este territorio, y afecta gravemente a las pescadoras y los pescadores artesanales, las comunidades indígenas y a la sociedad en su conjunto.

El proyecto de Ley de Pesca, elaborado por el Ministro Pablo Longueira (UDI), nos hace ver nuevamente y de manera nítida el carácter del Gobierno de Piñera: una administración que sistemáticamente se ha dedicado a defender los intereses de los grandes empresarios del país. Esta era la nueva forma de gobernar que ofrecían tan alegremente hace tres años y que hoy día hace aguas por todas partes.

2. El apoyo de senadores de la Democracia Cristiana al proyecto de ley impulsado por el gobierno de Piñera constituye una nueva muestra de que en el interior de la Concertación persisten sectores comprometidos con el proyecto neoliberal. Más allá de su discurso, en los hechos desarrollan una práctica política orientada a favorecer, de espaldas al pueblo, a las minorías económicas que gobiernan el país desde las sombras, mediante el poder del dinero y el uso de las influencias.
Mientras los que apoyan este proyecto de ley dicen estar con los pescadores artesanales, entregan a perpetuidad cuotas de pesca a un pequeño grupo de empresarios que lucra de manera exclusiva y excluyente con frutos del mar que son patrimonio de toda la sociedad. Las explicaciones a esta conducta pueden ser diversas: intereses económicos directos de quienes votan, espurios financiamientos a campañas electorales, presiones o acciones de lobby. En cualquier caso, es expresión de una práctica política que contribuye a acentuar el creciente desprestigio de la llamada “clase política” y a deteriorar aún más la calidad de la democracia en Chile.

3. Junto con rechazar categóricamente esta iniciativa, la Izquierda Ciudadana invita a las movimientos sociales, a los partidos y movimientos políticos de oposición, a continuar e intensificar la protesta contra esta peligrosa iniciativa del gobierno de la derecha, la que a todas luces atenta contra los intereses del país y profundiza el daño que ya se ha hecho en el sector pesquero con las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas.

Al igual que en la defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, es urgente que se escuche con fuerza la voz decidida de la ciudadanía para poner freno a estas políticas depredadoras que tanto perjuicio han causado. Asimismo, es indispensable el surgimiento de una nueva oposición unida en torno a un programa de democratización del país, que responda de manera creativa a la exigencia de construir un país menos desigual y más comprometido con la defensa del patrimonio público en sus diversas formas.

Nos sumamos a las organizaciones y los movimientos sociales, a los estudiantes, a los trabajadores, a los pescadores artesanales y a la población en general, para expresar nuestro  repudio a esta colusión política que claramente busca defraudar al país.

COMISIÓN POLÍTICA

                                                                                                IZQUIERDA CIUDADANA DE CHILE

Santiago de Chile, 24 de noviembre 2012
Crónica Digital

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INCORRECTAMENTE POLÍTICO

Sáb Nov 24 , 2012
Al examinar la realidad política del Chile actual surge de inmediato la cuestión de una crisis de la institucionalidad vigente. Las cosas no están funcionando como estaba previsto en la constitución redactada bajo la dictadura: Cada día, la distancia entre los partidos políticos y la ciudadanía se acrecienta. La abstención electoral en la última elección ha sido apenas un síntoma más. Se puede resumir la situación actual como el resultado de la prolongación forzada al comienzo y consentida luego de una institucionalidad hecha a la medida de los sectores empresariales representados por una derecha extrema. Tal descripción del estado de cosas olvida, no obstante, un aspecto fundamental de nuestra realidad que se ha convertido en un tabú, algo políticamente incorrecto. Todo el andamiaje constitucional y uno de los pilares del actual orden jurídico y constitucional de Chile radica, precisamente, en quienes protagonizaron el golpe de estado hace casi cuatro décadas. Aun cuando ninguno de los candidatos presidenciales se atreva siquiera a tocar el tema, lo cierto es que los altos mandos de las Fuerzas Armadas y una serie de organizaciones paralelas de militares en retiro actúan como una presencia, ahora silenciosa, verdaderos poderes fácticos, en nuestra realidad. Esta presencia soterrada de los uniformados se advierte con suma claridad en temas como los derechos humanos, pero también en el presupuesto que se discute cada año para la defensa nacional y que ha convertido a Chile en uno de los países latinoamericanos que encabeza la lista de gastos militares. Las instituciones castrenses se han mantenido en un discreto segundo plano, dejando a los civiles en la administración de la cosa pública, pero –  no seamos ingenuos –  ello no significa, en absoluto, una ausencia ni, mucho menos, una prescindencia en los grandes temas políticos del país. Durante los primeros años de la Concertación, los uniformados eran vistos todavía como una amenaza tácita a la naciente democracia, recordemos que Augusto Pinochet permanecía al mando del ejército. En los años que siguieron, su figura fue degradándose hasta lo grotesco y los uniformados perdieron protagonismo. Pero, hay que decirlo, hasta la fecha ningún gobierno se ha planteado una política seria hacia las fuerzas armadas. Esto ha impedido el debate en torno a cuestiones tan relevantes como el régimen de pensiones entre los uniformados o los sensibles casos pendientes en relación a torturas y asesinatos durante la dictadura. En pocas palabras, hasta la fecha sigue pendiente una democratización de las fuerzas armadas, una política país para redefinir el lugar de los uniformados en una nueva institucionalidad democrática en el país. Por Alvaro Cuadra. Investigador y docente de la Escuela Latinoamericana de Postgrados. ELAP. Universidad ARCIS Santiago de Chile, 24 de noviembre 2012 Crònica Digital

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