El caso de la diputada Isasi, que recibió unos 52 mil dólares de una empresa a cambio de impulsar la polémica Ley de Pesca será analizado mañana en la Comisión de Etica de la Cámara baja.
La legisladora independiente Marta Isasi se expone a sanciones administrativas, incluso a ser suspendida de sus funciones parlamentarias de ser encausada ante la justicia, de acuerdo con fuentes legislativas.
Organizaciones de pescadores que se opusieron con fuerza al controversial proyecto de ley el pasado año, respaldados por diputados de partidos opositores, se mostraron favorables a una revisión de la constitucionalidad de la ley, ya que el delito de cohecho pudo estar presente en el proceso de votación.
Según trascendió, Isasi recibió de la empresa Corpesca, propiedad del grupo Angelini, la suma de 25 millones de pesos chilenos (unos 52 mil dólares) antes de la votación del entonces proyecto de ley, a favor del cual votó, incluso realizó propaganda para promoverlo.
El diputado Hugo Gutiérrez hizo público el contenido de un correo electrónico entre la legisladora y el gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en el cual el empresario agradece a la legisladora por su informe.
Además, Mujica le adjuntó una presentación con detalles de cómo debería ser la Ley en cuestión.
El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, Nelson Estrada, anunció que el gremio valora la posibilidad de ingresar una querella criminal contra la diputada y todos los que resulten responsables, porque pueden haber otras personas vinculadas.
«Queremos que se haga una investigación a fondo, no nos sirve que los manden a la Comisión de Ética. No nos sirve. A la justicia», exclamó Estrada.
La Ley de Pesca fue aprobada en diciembre pasado, tras más de un año de trámites legislativos, y en medio de críticas de sectores políticos y sociales.
El texto recibió el visto bueno del Senado, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara gracias al apoyo de legisladores del oficialismo y la Democracia Cristiana.
Una de las cláusulas más polémicas de la ley es que otorga a las empresas concesiones pesqueras por 20 años, renovables por otros 20, de ahí que sean consideradas prácticamente a perpetuidad.
Santiago de Chile 14 de mayo 2013
Crónica Digital
