De hecho histórico calificó el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) la sentencia emitida por un tribunal contra el expresidente de facto (1982-1983) Efraín Ríos Montt, al condenarlo a 80 años de cárcel por delitos de genocidio y de lesa humanidad.
«La sentencia condenatoria (…) dictada por un tribunal, después de más de 12 años de haberse abierto el caso, constituye un hecho histórico de trascendental importancia política, social y jurídica para Guatemala», señala en un comunicado URNG, una de las partes signatarias de los Acuerdos de Paz en diciembre de 1996.
La organización política recuerda que con el desarrollo del juicio el país ha presenciado declaraciones de testigos, víctimas y de expertos que fueron la base que permitió evidenciar la inobservancia del derecho internacional humanitario.
URNG valoró las implicaciones del veredicto emitido por el Tribunal de Alto Impacto, pues se ordena «abrir investigaciones contra otros implicados; la ampliación del resarcimiento a las víctimas de genocidio, la declaración de perdón por parte del Estado a las víctimas y su plena garantía de no repetición de estos hechos».
En general esta sentencia representa un quiebre en el modelo jurídico-represivo que siempre se ha ensañado en contra del pueblo, de sus dirigentes y de sus reivindicaciones, expresaron.
Asimismo, el partido deploró la estrategia de la defensa de los acusados, empeñada en obstaculizar sistemáticamente la aplicación de la justicia y de la implementación de un estado de guerra psicológica por parte de los enemigos de la paz que pretende amedrentar a los jueces y testigos.
Criticaron que se mantiene y profundiza el deterioro de las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de la población como consecuencia de un gobierno utilizado por empresarios y militares únicamente para beneficios propios y de las empresas transnacionales.
De acuerdo con URNG, la condena abre las condiciones jurídicas y políticas para finalizar con la impunidad como instrumento y mecanismo de criminalización, abusos, captura y represión política y social.
Manifestaron su solidaridad y compromiso con las víctimas de genocidio pertenecientes a las comunidades del pueblo Maya Ixil y con las víctimas de otros pueblos indígenas que también esperan justicia.
Rechazaron las declaraciones de actores que irrespetan fallos judiciales y pretenden poner en duda la legalidad, legitimidad e implicaciones del proceso.
Guatemala, 14 mayo 2013
PL
