Hace unos días, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, anunció la decisión del Ejecutivo de poner término a la selectividad de estudiantes que caracteriza hoy la matrícula en los establecimientos. La medida, precisó el titular de la cartera, será aplicada en forma “paulatina”, a partir de un “período de adaptación” (latercera.com, 19 de abril).
Desde luego, no es posible ni responsable pretender cambiar en cuestión de días una práctica a todas luces deplorable y enquistada en la base de una institucionalidad clasista e inspirada en un modelo que fue profundizado con la municipalización. Hay que llevar a cabo un progresivo proceso de ajuste entre los objetivos elementales del currículum oficial del MINEDUC y aquéllos específicos que añaden diferencias entre un colegio y otro.
En esa dirección, una medida correcta es la que igualmente se ha anticipado, en el sentido de reducir la frecuencia de aplicación de las pruebas del SIMCE, tanto porque faltan en ellas procesos de evaluación de las capacidades expositivas de los estudiantes, como porque hasta aquí sólo han servido al esquema de mercado para dirigirse a un ciudadano reducido a la condición de consumidor de entidades de enseñanza.
Sin embargo, es necesario advertir que la señal dada al respecto es todavía ambigua y débil ante la arremetida inmediata de parlamentarios que, tras reunirse con el secretario de Estado, aseguran haber obtenido de él la promesa de introducir únicamente una cuota parcial de acceso universal a los llamados establecimientos “emblemáticos”, que podrían mantener una proporción relevante de matrícula condicionada. Tal situación no es admisible.
De nada puede jactarse un liceo que exhibe buenos resultados sólo porque sus estudiantes ya tenían altas calificaciones antes de inscribirse. Y, en cambio, la sociedad tiene mucho de qué avergonzarse si mantiene un sistema de segregación estudiantil que exacerba y profundiza, según constatan los estudios vigentes en la materia (G. Elacqua/H. Santos.
Los Efectos de la Elección Escolar en la Segregación Socioeconómica en Chile: un Análisis Georreferenciado), que establecen que la discriminación existente en las escuelas, bajo la actual modalidad, genera entre uno y otro establecimiento brechas sociales más grandes que las observables en el territorio de procedencia de los niños y jóvenes de escasos recursos.
Pero la selectividad escolar no es apenas una aberración desde la perspectiva de la justicia social, sino también una práctica inadmisible para un Estado que declara al mundo haber consagrado la obligatoriedad de la enseñanza. Como contrapartida, los paladines de la selectividad escolar no quieren aplicar una medida semejante de selección donde sí corresponde que rija: es decir, en la institucionalidad universitaria, porque allí no les importa la mala calidad de la educación, mientras ésta les siga llenando los bolsillos.
Por Academia Libre
Santiago de Chile, 5 de mayo 2014
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