El Presidente de la Cámara, diputado Aldo Cornejo (DC), recalcó que la Corporación «no puede inmiscuirse en decisiones del Poder Judicial, independientemente de que las acusaciones tengan o no fundamento; para todos los efectos legales, él no se encuentra suspendido de sus funciones y si apela, deberemos esperar la decisión de la Corte Suprema “.
Lo anterior, tras conocerse la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió el desafuero del diputado Rosauro Martínez (RN), investigado por su posible responsabilidad en el caso Neltume.
El artículo 61 de la Constitución Política de la República establece que «ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el Tribunal de Alzada de la jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse para ante la Corte Suprema».
Cornejo agregó que “de acuerdo al nuevo Reglamento evaluaremos si la justificación de inasistencia presentada por el diputado de RN tiene o no fundamento, no sabemos si tiene o no relación, además, con su situación procesal; pero, mientras no exista un pronunciamiento definitivo del Poder Judicial, el diputado Martínez debe cumplir con sus funciones “.
Finalmente, el diputado Cornejo subrayó que “independientemente de los procedimientos e instancias respectivas, y frente a graves acusaciones por violaciones a los derechos humanos, lo que lamento en lo personal, y respetando las decisiones de los tribunales, aquí no puede haber diferencias entre un ciudadano común y un parlamentario y debe primar la verdad y la justicia “.
Santiago de Chile, 14 de mayo 2014
Crónica Digital / Agencias
Mié May 14 , 2014
El desafuero de un parlamentario chileno, acusado de crímenes de lesa humanidad, marca un comienzo importante de depuración del Congreso de Chile, aseguró hoy aquí el abogado Eduardo Contreras. El emblemático defensor de los derechos humanos comentó así la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Valdivia, conocida aquí la víspera, de acoger una petición de desafuero del diputado Rosauro Martínez, del partido Renovación Nacional. En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el jurista chileno insistió en que «no es posible que un hombre que ha cometido crímenes de lesa humanidad, como Martínez, continúe representando al Estado chileno en un cargo tan importante». Manifestó, además, su confianza en que, ante una probable apelación, la Corte Suprema de Justicia ratificará la resolución y Martínez quedará fuera del parlamento y sometido a proceso judicial. Contreras -próximo a asumir como nuevo embajador de Chile en Uruguay- recordó que Martínez encabezó el asesinato en 1981 de tres militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Dijo que era el jefe del comando operativo que llevó asesinó a Prospero del Carmen Guzmán, Patricio Alejandro Calfuquir y José Eduardo Monsalve durante la denominada «Operación Machete». Contreras denunció que el régimen militar los presentó inicialmente como víctimas de un combate, pero testigos civiles y militares coincidieron en que los tres jóvenes dormían cuando fueron masacrados. «Llegó el comando de 15 o más militares, dirigidos personalmente por Martínez, y ametrallaron la casa, a tal punto que resultó totalmente destruida» aclaró Contreras, uno de los abogados que participó en este proceso. Martínez, aseguró, recibió felicitaciones por su «acción heroica» y, después del crimen, fue recibido en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos, prácticamente como «ejemplo de combatiente por la democracia». Subrayó que el exmiembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI), continuadora de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), «es una persona que ha cometido un crimen espantoso y debe ir a la cárcel». Explicó que a mediados del año pasado, en nombre de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), reforzó esa labor, sumando esa asociación a la querella contra Martínez y solicitar su desafuero. Aseguró que «hubo algo extraño» porque este desafuero «debió haberse producido mucho antes. Se demoró más de la cuenta pero, en fin, lo importante es que por último se hizo». Reiteró la importancia de esta resolución por tratarse del primer caso en más de 40 años, pero subrayó que no tiene que ver tanto con el pasado, como mucho con el presente y mucho más aún con el futuro. Contreras resaltó el hecho además debido a que en Chile se da un cuadro nuevo en que la ciudadanía reclama que no sólo los militares paguen los crímenes de la dictadura, sino también los civiles responsables. Por Jorge Luna, corresponsal de Prensa Latina en Uruguay Montevideo, 14 de mayo 2014 Crónica Digital / PL
