“La educación no es un privilegio de los ricos y acomodados; es un derecho inalienable de cada niño y niña”, afirmó hoy el Relator Especial sobre el derecho a la educación, Kishore Singh, durante la presentación de su informe ante la Asamblea General de las Naciones Unidas*.
“El crecimiento exponencial de la educación privada debe ser regulado por los gobiernos para garantizar la educación como un bien público”, señaló el experto en el foro global, advirtiendo que la rápida expansión de la educación privada está sustituyendo cada vez más a la educación pública, en lugar de complementarla.
“Los costos asociados a las escuelas privadas están exacerbando la desigualdad en las sociedad, ya que sectores pobres y marginados no pueden acudir a ellas” dijo Singh. “El Estado es a la vez garante y regulador de la educación, que es un derecho humano fundamental y una causa noble. Ofrecer educación básica gratuita no es sólo una obligación fundamental de los Estados, sino también es un imperativo moral”.
El informe de Singh abordó varias preocupaciones surgidas en términos de las obligaciones del Estado en la prestación del derecho a educación, así como del respeto a los principios de justicia social y equidad, que son básicos para el Sistema de las Naciones Unidas.
“Los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación”, comentó Singh.
El Relator Especial destacó que los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales a través de una regulación cuidadosa de las escuelas privadas, con una supervisión y aplicación diligente, en países en desarrollo donde el sistema público se ve sobrepasado y es incapaz de hacer frente a una demanda que crece rápidamente.
“No hacerlo ha resultado en que escuelas de bajo costo, pero con fines de lucro, tomen el dinero de los padres, pero a la vez sean incapaces de ofrecer una educación de calidad para sus hijos. Perversamente, esto lleva a los estudiantes pobres a una vida de aún más pobreza, a pesar de los mayores esfuerzos de sus padres”, expresó, llamando a los Estados a poner fin a las reformas educacionales impulsadas por el mercado, que proporcionan subsidios a la educación privada.
Singh advirtió que la privatización por definición es perjudicial para la educación como un bien público, y deteriora la misión humanista de la educación. “Debemos reconocer la importancia de preservar el interés social en la educación, y sostener la educación como un bien público”, afirmó.
“Esto es de gran importancia para fomentar el valor humanístico de la educación para el bien común. Debe ser una preocupación central en la regulación de los proveedores privados de educación, para que el interés social de la educación no sea sacrificado en aras del beneficio privado”, enfatizó el experto en derechos humanos.
“En conjunto con regulaciones gubernamentales y mecanismos de derechos humanos, los reguladores, la sociedad civil, los padres y los estudiantes deben tener el derecho legal de declarar cualquier abuso cometido por estas escuelas en las cortes y tribunales”, dijo el Relator.
Singh señaló que los parlamentarios desempeñan un papel crucial en promover el derecho a la educación, a través de la aprobación de leyes y la estimulación del debate público, centrado en preservar la educación como un bien público, y garantizando que la educación con fines de lucro esté prohibida”.
“Reitero mi llamado a todos los gobiernos, a que cumplan con su obligación de ofrecer educación primaria de calidad y gratuita para todos y todas, y a que reconozcan los grandes beneficios que reportan sus economías y sociedades cuando la educación pública se pone a disposición para todos y todas, en todos los niveles”, puntualizó el Relator Especial en la Asamblea General de la ONU.
(*) Revise el informe completo (A/69/402): http://www.ohchr.org/EN/
Santiago de Chile, 29 de octubre 2014
Crónica Digital
