El diputado Ramón Farías entró lleno en la polémica de las nuevas y más grandes patentes de motocicletas exigiendo que «Conaset explique las razones técnicas para aumentar el tamaño y la reformulación de la norma que exige llevarlas en la parte delantera».
«Los reclamos de los motociclistas son totalmente válidos, porque es practicante imposible instalarlas en la parte de adelante por el gran tamaño que tienen. No se entiende cual fue la lógica de la autoridad para hacer este cambio y hacer obligatorio su uso, claramente quien lo propuso no anda en moto».
El legislador explicó que en otros países solo es obligatorio su uso en la parte trasera «porque los diseños impiden su instalación en otro lado de la motocicletas. Hoy en Chile, debido a la cuestionable norma que obliga a llevarla adelante, los motociclistas han debido acudir a distintas técnicas para poder cumplir la ley, interviniendo la moto e incluso corriendo el riesgo de algún accidente».
De hecho, el legislador señaló que «estas intervenciones provocan serios problemas, como cuando la patente se suelte en la ruta, poniendo en riesgo tanto al conductor de la motocicleta como a los automovilistas».
«Si estamos considerando que el parque de motos crece año a año y pretendemos implementar nuevas medidas de seguridad para fomentar su uso en ciudades altamente congestionadas, no se entiende que se retroceda con estas normas innecesarias y peligrosas. Conaset debe explicar sus motivos, porque nadie que anda arriba de una moto avala este cambio».
Farías anunció que presentará un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad de llevar la patente delantera, igualando la legislación a la de otros países donde la motocicleta es un medio de transporte vital para las grandes ciudades.
Santiago de Chile, 11 de diciembre 2014
Crónica Digital
Jue Dic 11 , 2014
Tras 8 años de trámite legislativo, el Congreso Nacional despachó durante la jornada el proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en las investigaciones de lavado de activos (Boletín N° 4426-07), quedando en condiciones de ser promulgado como Ley de la República. Lo anterior, luego que la Sala del Senado aprobara (por 26 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención y 0 pareo) el informe de Comisión Mixta, que amplió la nómina de delitos base del lavado de dinero, contenida en la Ley N° 19.913 que creó la Unidad de Análisis Financiero (UAF). La iniciativa se originó en una moción ingresada en agosto de 2006 por los ex diputados Gabriel Ascencio, Jorge Burgos, Juan Bustos, Francisco Encina, Álvaro Escobar, Carlos Montes y Eduardo Saffirio, que fue patrocinada por el Ejecutivo. Durante su discusión fue objeto de diversas indicaciones para subsanar algunos vacíos que tenía nuestra legislación, y que organismos tales como el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud, hoy Gafilat) nos habían advertido en sus evaluaciones a Chile de los años 2006 y 2010. En este contexto, el cuerpo legal precisa, entre otros puntos, que los sujetos obligados a informar a la UAF sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ahora también deberán hacerlo respeto del financiamiento del terrorismo. “Desde el año 2006 que no se actualizaba nuestra normativa respecto de la prevención, detección y persecución del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Por tanto, esta Ley acerca la legislación chilena a los estándares internacionales sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), y nos ayuda a situarnos dentro de la línea formal de cumplimiento a nivel global”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz. Puntualizó que, en la actualidad, poco más de 5.200 personas y empresas privadas, correspondientes a 36 sectores económicos, deben enviar a la UAF los Reportes de Operaciones Sospechosas de lavado de activos (ROS) que detecten en el ejercicio de su actividad, y los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) superiores a 450 UF, o su equivalente en otras monedas. Sin embargo, una vez que la Ley se publique en el Diario Oficial, se estima que el número de sujetos privados obligados a informar a la UAF sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y/o financiamiento del terrorismo, se acercará a 5.300, al incluirse las Organizaciones Deportivas Profesionales, las Representaciones de Bancos Extranjeros y las Empresas de Depósito de Valores. A esto se suman casi 600 organismos públicos -entre ministerios, servicios, intendencias, gobernaciones, municipalidades y superintendencias- que hoy no podían alertar a la UAF sobre eventuales actividades ilícitas, y que ahora, con la nueva ley, podrán reportar operaciones sospechosas, sin estar sujetos a sanciones. Cabe destacar, además, que la nueva Ley modifica el umbral de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) desde 450 Unidades de Fomento a 10.000 dólares de Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas. Asimismo, amplía el catálogo de delitos base o precedentes de lavado de […]
