BANCADA DC RESPALDA AGENDA LABORAL DEL GOBIERNO Y RECHAZA CRÍTICAS QUE “BUSCAN DILATAR TRAMITACIÓN “

Parlamentarios DC aseguraron que “esta agenda le hará bien a Chile”, y que responde a recomendaciones internacionales de la OIT y de la OCDE por relaciones laborales más justas y equitativas“. La iniciativa ingresará el próximo 29 de diciembre al Congreso.

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana expresó hoy su respaldo a la agenda laboral que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet, pidiendo a quienes critican, “asumir que esta agenda le hará bien a Chile, a sus trabajadores, y será una contribución por mayor equidad y justicia laboral “.

Así lo manifestaron el jefe de la bancada DC, Matías Walker, el subjefe de esta instancia, diputado Víctor Torres y los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo, Patricio Vallespín y René Saffirio.

El diputado Walker señaló que “nuestra bancada le expresa todo su respaldo a la ministra Javiera Blanco, con el objeto de llevar adelante la agenda laboral; rechazamos tanto las presiones que existen para dilatar el envío de este proyecto de ley, por parte de la Sofofa y la CPC, así como también las declaraciones vertidas por el diputado Tucapel Jiménez, acusando de un exceso de diálogo en esta etapa prelegislativa. Creemos que la ministra Blanco ha hecho lo correcto, escuchar a todos los sectores, escuchar a la Central Unitaria de Trabajadores, a la Sofofa, a la CPC, a los 7 gremios de las PYMES agrupados en Conapyme, con los cuales la Bancada DC también se reunió».

Walker agregó que “esta es una agenda laboral que busca generar relaciones laborales más equitativas al interior de cada una de las empresas de nuestro país, permitiendo que sean trabajadores con empleadores los que puedan adecuar la relación laboral a las condiciones propias de la empresa, del sector laboral determinado. Eso es algo que está absolutamente a tono con las recomendaciones de la OCDE y de la OIT, de poder tener relaciones laborales mucho más equitativas.”

Precisó, además, que “nos preocupa el sesgo antisindical que ha expresado el presidente de la Sofofa. Los democratacristianos siempre hemos abogado, desde la época del presidente Frei Montalva, por la necesidad de aumentar los porcentajes de sindicalización en nuestro país; creemos que los sindicatos lejos de promover intereses propios, lo que hacen, es promover los intereses de los trabajadores. Necesitamos más sindicalización, necesitamos más negociación colectiva, eso es sinónimo de relaciones laborales mucho más equitativas, mucho más modernas, desde el Padre Hurtado en adelante que siempre se ha advertido en la necesidad que los trabajadores estén sindicalizados.”

El diputado Vallespín, en tanto, integrante de la Comisión de Trabajo, agregó que “velaremos, sin duda, por aquello en que los trabajadores han puesto énfasis, que es su interés en la Titularidad Sindical; derecho a huelga efectiva, que significa el término de los reemplazos y negociación anterior como piso por nuevo proceso de negociación, ampliando, también, posibles temas de negociación colectiva”.

Finalmente, el diputado Saffirio pidió “evitar las críticas inconducentes y tramitar con entusiasmo y rigurosidad esta agenda que ha sido esperada por años por los trabajadores y trabajadoras en el país. Junto con los temas relativos al fortalecimiento de la sindicalización, que obviamente requiere también de incentivos para que ello ocurra, buscamos cambios reales, que representen una situación laboral general mucho más justa y sin abusos, es lo fundamental “.

Santiago de Chile, 24 de diciembre 2014
Crónica Digital / Agencias

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La moción, presentada por diputados independientes vinculados a Amplitud, también aumenta las sanciones por daño en inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la humanidad. Reconociendo una problemática actual, los diputados independientes vinculados a Amplitud, Karla Rubilar, Joaquín Godoy y Pedro Browne presentaron el pasado jueves 27 de noviembre una moción (boletín 9750) que modifica el Código Penal y la Ley 17.288, de Monumentos Nacionales, para sancionar el rayado en bienes públicos y privados y aumentar las sanciones por daño en inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la humanidad. Los legisladores indicaron que nuestro ordenamiento jurídico no tipifica expresamente el graffiti o los rayados, pero estimaron que estas conductas podrían ser calificadas como daño y sancionadas atendida la cuantía del perjuicio. «Se trata de figuras sancionadas en el Código Penal, que se complementan en el caso de daños cometidos en Monumentos Nacionales», acotaron. Bajo esta visión, el proyecto, destinado a la Comisión de Constitución para su estudio, pretende calificar el daño tratándose de rayados o la aplicación de carteles a bienes públicos o privados. «Se trata de un hecho que, de no combatirlo enérgicamente, se tornará en un hábito social inconveniente que genera pérdidas millonarias, más aun, tratándose de inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la humanidad», agregaron. Específicamente, la moción modifica la sanción definida para quienes causen daño cuyo importe exceda de 40 UTM, elevando el rango de la multa aplicable para estos casos (pasa de 11 a 15 a un rango entre 15 a 20 UTM). Además, agrega dentro de las causales afectas a este tipo de sanción (además de la multa la persona puede ser objeto de pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, esto es, desde 541 días a cinco años) el hecho de estar «pintando, dibujando, rayando o aplicando carteles u otros adhesivos a bienes públicos o privados, sin la autorización de sus dueños o quienes los tengan bajo su administración». Asimismo, el proyecto aumenta las multas para quienes causen daño a valores que excedan las 4 UTM y no pase de 40 UTM (pasa de un rango de 6 a 10 UTM a uno de 10 a 15 UTM); y para la afectaciones a valores que no excedan las 4 UTM y que no bajen de una UTM (pasa de una multa de 5 UTM a una de 10 UTM). Finalmente, la iniciativa agrega una nueva norma a la Ley 17.288 que indica que «serán sancionados con el máximum de la pena privativa de libertad señalada en el inciso anterior (cinco años de cárcel) y multa de cien a doscientas UTM, quienes causen daños a inmuebles ubicados en sitios declarados patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura». Santiago de Chile, 24 de diciembre 2014 Crónica Digital / Agencias

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