Durante la segunda semana de mayo diversos dirigentes de organizaciones sociales y ambientales del país recibieron una invitación de Javier Zulueta, jefe de la División de Desarrollo y Diálogo Social del Ministerio de Energía. El objetivo, invitarles a integrarse a una mesa de trabajo para la elaboración de “estándares de participación para el desarrollo de proyectos de energía”. La primera reunión sería el miércoles 20 de mayo en Santiago, y contemplaría la presencia de representantes “de las comunidades, de empresas, municipios, universidades, ONGs, organizaciones territoriales y de consultoras”.
Sin embargo, una parte importante de las organizaciones del mundo de la sociedad civil no participó en la reunión constitutiva. Y más aún, enviaron en bloque una carta en la cual expresaron su negativa a participar en dicha instancia por la forma en que el Ministerio de Energía ha llevado adelante la discusión de la participación ciudadana y el desarrollo local en el marco de la elaboración de la así llamada Ley de Asociatividad.
Suscribieron la misiva la Agrupación Defensores de los Ríos, la Agrupación Wallmapu , Chile Sustentable, CODEFF, CODESA, Ecosistemas, Ética en los Bosques, FIMA, Fundación Terram, el Instituto de Ecología Política, Mañíos y Baguales y el Observatorio Ciudadano. Entre ellas se encuentran varias de las organizaciones que fueron invitadas a participar en la elaboración de los estándares junto a otras que han seguido de cerca el proceso.
Aunque los dirigentes valoraron “los esfuerzos del ministerio de abrir esta instancia a la sociedad civil y fomentar los procesos de participación ciudadana”, señalaron que todo apunta a que el objetivo de la cartera está orientado, fundamentalmente, a dar directrices no vinculantes a los inversionistas para “destrabar proyectos más que una visión de desarrollo justa, equilibrada y sustentable”.
En su opinión, los estándares que se han planteado “no consideran los elementos que a nuestro juicio debieran involucrar instrumentos de este tipo”, algo que explícitamente ha señalado el ministerio al puntualizar que no se abordarán “problemas estructurales y pendientes hace años en la política pública de nuestro país”. Entre ellos, el ordenamiento territorial, la evaluación ambiental estratégica, la reforma al SEIA, la participación ciudadana vinculante, la aplicación del Convenio 169, entre otros. Es la precisamente la carencia de estos elementos “la que genera violación de derechos, incertidumbre e incompatibilidad entre las prioridades del desarrollo local y regional y las prioridades de los inversionistas”.
En la misiva cuestionan también que “la propuesta del Ministerio de Energía trata de regular un proceso, pero no su contenido. El proceso será voluntario y no obligatorio” lo cual deveniría en mecanismos que “finalmente se traducirán en pagar por contaminar y/o destruir el medio ambiente”.
Además, “este tipo de instrumentos voluntarios ad-hoc se enmarcan en una decisión ex post del inversionista de llevar adelante un proyecto en base a la propiedad o concesión sobre un recurso natural o autorizaciones concedidas por el Estado. Esto se hace sin ordenamiento territorial previo que refleje las prioridades de desarrollo local o regional. Y sin participación vinculante”.
Un punto importante que abordan las organizaciones es lo que califican de “soborno” o “corrupción social” que llevan asociados los procedimientos sin un enfoque de derechos humanos. “Estos mecanismos arriesgan la vulneración de derechos a cambio de compensaciones económicas, en un contexto de comunidades carenciadas, y donde el Estado no ha generado condiciones para el ejercicio y protección de derechos sociales universales en ámbitos clave como salud, educación, energía, etc.” señalan en la carta.
En su opinión esta mirada “debilita la institucionalidad existente no garantizando el desarrollo local, sino que vehiculando la mitigación y compensación monetaria de impactos de proyectos no deseados”.
Ante esto, plantean que cualquier propuesta para avanzar hacia un “desarrollo sustentable e inclusivo a nivel nacional, y para el desarrollo energético en particular” debe contemplar que “se respetará un ordenamiento territorial democráticamente acordado, existirá una participación ciudadana vinculante en las decisiones sobre el desarrollo local/regional y sobre los emprendimientos propuestos por intereses del inversionista, y se hará una aplicación ajustada a derecho de las regulaciones que prevengan la degradación ambiental y aseguren el uso sustentable de los recursos naturales y los territorios”.
Algo que, en el caso de las bases de la invitación que está realizando el Ministerio de Energía, no se cumplen.
Por Patricio Segura
Santiago de Chile, 26 de mayo 2015
Críonica Digital
