AFIRMAN QUE LA ACTUACIÓN REPRESIVA DE LA POLICÍA GENERA MÁS VIOLENCIA POR PARTE DE LOS MAPUCHES

Para el investigador de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Parker Gumucio, hay un conjunto de reivindicaciones que no se están escuchando en el tema mapuche, lo que genera una retroalimentación de las posiciones más extremas. Agrega que el Estado, así como la sociedad chilena, tiene parte de responsabilidad en la medida que no pone atención a sus demandas, lo que se suma el actuar represivo de las fuerzas policiales, lo que despierta mayor violencia en los conflictos.

Hace algunos días, el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco, en favor de 20 comuneros mapuche, denunciando la actuación de Carabineros, quienes los habría interceptado violentamente cuando pasaban cerca del fundo de la familia del diputado Germán Becker.

También, hace unas semanas resultó completamente quemada la casa de Gabriel Sandoval Ñancupil, funcionario de la Subdirección Nacional de Temuco de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi. En la oportunidad, cuatro encapuchados llegaron hasta la vivienda de Sandoval Ñancupil, agredieron a su esposa e incendiaron el inmueble.

Además, los agricultores de la zona están dejando de invertir unos $55 mil millones al año ante el clima de inseguridad que se vive en la región desde hace años, donde han sido objetivo de ataques por parte de encapuchados, acción que se atribuye a personas de la etnia mapuche o a grupos en favor de ellos.

Ante el clima hostil en la Araucanía, el Gobierno propuso un proyecto de seguro a bienes muebles e inmuebles para las personas que resulten afectadas, tanto victimas mapuches como los que no lo son.

Temas de fondo no solucionados

Ante este escenario, el sociólogo e investigador del Instituto Estudios Avanzados (IDEA) de la Universidad de Santiago, Dr. Cristián Parker Gumucio, explica que “en la medida en que no sean solucionados ciertos temas de fondo entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile, el conflicto obviamente va a tender a agravarse, porque esto se viene conversando desde el retorno a la democracia. Si bien es cierto, hay un conjunto de leyes de políticas indígenas que se han ido implementando, además del conjunto de modificaciones donde se ha tratado de responder, no se ha actuado de manera correcta, coherente y sistemática al conjunto de demandas que son fundamentales, por lo que este conflicto tiene alicientes”.

“Hay que extinguir un conjunto de causas, posiblemente la más visible del conflicto inmediato es el problema de tierras, sin embargo, más allá de dicho ítem, está el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluso el reconocimiento constitucional que está pendiente”, agrega.

En cuanto al análisis de comportamiento, el experto de la Universidad de Santiago destaca que “en el pueblo mapuche hay muchas posiciones. La inmensa mayoría de ellas son moderadas y pacifistas, pero un pequeño grupo plantea una lucha y resistencia violenta, cuyos integrantes son los que arrastran a los demás y llevan el conflicto a su límite”.

Estado centralista

«El Estado ha sido muy centralista, por lo mismo no se preocupa de lo que está sucediendo en regiones, con problemas étnicos gravísimos, donde no se le da toda la relevancia”, añade Parker.

Expresa que “las personas afectadas con la violencia merecen obviamente todas las garantías de seguridad, en condiciones de que su convivencia diaria no sea alterada y su actividad productiva no sea estropeada. Sin embargo, hay un tema sobre el actuar de las fuerzas policiales, donde aparecen muy represivas, lo que despierta mayor violencia a los conflictos”.

“Tienen que haber actividades de análisis de la situación, los juicios tienen que ser más asertivos, buscando efectivamente a los culpables y no inculpando a personas que no tienen nada que ver. Por lo mismo, la justicia tiene que actuar con mayor transparencia y las posiciones tienen que llegar a una mesa que establezca un diálogo entre los comuneros con sus vecinos que no son mapuches, con medidas de seguridad más claras”, puntualiza el experto.

Finalmente, Cristian Parker indica que “hay que encausar estas demandas, sobre todo por los grupos mapuche no violentistas, en la vía de las negociaciones políticas para no dar pie para que estas medidas extremas puedan seguir cundiendo. Entonces, el Estado y la sociedad chilena estamos provocando todo esto, en la medida que no escuchamos como corresponde, por lo que hay que analizar qué medidas concretas se pueden adoptar, porque las actuales, no han resultado”.

Santiago de Chile, 10 de junio 2015
Crónica Digital

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EN FASE FINAL JUICIO EN ARGENTINA POR PLAN CÓNDOR

Mié Jun 10 , 2015
El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina bajo el tenebroso Plan Cóndor, que se desarrolla en esta capital con 18 militares acusados, entró en su fase final. El proceso comenzó en marzo de 2013 e involucra entre otros a los exgenerales Reynaldo Benito Bignone, Santiago Omar Riveros y el oficial uruguayo Manuel Cordero, quien operó como enlace con Argentina. En sus audiencias hubo cerca de 200 testimonios y se analizaron documentos gubernamentales, recuerda el diario Página 12 en una entrevista al abogado Jaime Nuguer, quien representa las querellas que abrieron la causa en 1999. Se espera que este miércoles la querella complete los pedidos de condenas. La Operación Cóndor fue el nombre que recibió a partir de 1975 la coordinación de las fuerzas represivas del Cono Sur para la persecución y eliminación de militantes políticos que estaban fuera de sus países de origen. El proceso ha tenido una enorme carga simbólica dado que las investigaciones trabajaron no sólo la reconstrucción de los hechos y del plan como tal, sino que buscó probar el conocimiento y apoyo que dio el gobierno de Estados Unidos, señala Página 12. Este juicio se abrió con una primera denuncia en noviembre de 1999, y en paralelo a la causa por el plan sistemático de robo de niños, durante la vigencia de las leyes de impunidad y aprovechando las brechas jurídicas que esas leyes no habían podido bloquear. Nuguer recuerda que tenían un solo documento desclasificado cuando se inició la causa. Este pertenecía al departamento norteamericano de Estado, el cual envió el agente especial Robert Scherrer al FBI desde la embajada norteamericana en Buenos Aires, en septiembre de 1978. El informe es una síntesis completa sobre la Operación Cóndor y dice básicamente que estaba constituida por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia para combatir a los opositores políticos y ubicar blancos, perseguirlos, torturarlos y matarlos inclusive en el exterior. Sirvió para describir un plan en el que Estados Unidos aparece como ajeno y como quien simplemente conoce. Eso cambió -señala el letrado- a partir de 1999 y 2000, cuando Estados Unidos desclasificó los documentos de Chile y Argentina, lo cual permitió conocer miles de documentos que muestran un rol distinto del gobierno norteamericano. Para Nuguer, este juicio demostró la responsabilidad individual de los procesados sobre su participación en la asociación ilícita denominada Operación Cóndor, en el secuestro, muerte y desaparición de las víctimas. Además, demostró que efectivamente hubo participación activa de Estados Unidos en la concreción del plan; participó, conoció, presionó, instigó para que se hiciera, y luego facilitó las comunicaciones y las controló, sostiene el abogado querellante. Buenos Aires, 10 de junio 2015 Crónica Digital / PL

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