El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet deberá desplegar un complejo esfuerzo argumental para explicarle al los chilenos las medidas de ajuste fiscal a la que se que ve forzado, dada la situación de la economía del país, consecuencia de un escenario desfavorable a nivel global.
La desaceleración global es un hecho objetivo y Chile no iba a escapar de ese escenario, dependiente como es de los factores internacionales, como el precio del cobre, la salud de la economía y de las finanzas de los países dominantes.
El ajuste, cuya necesidad y magnitud será el tema de la agenda gubernamental política y social al iniciarse este marzo político de 2016, año de una dura confrontación política electoral, se traducirá en un recorte al presupuesto 2016, aprobado el año pasado, es decir de los gastos del Estado.
La presidente fue franca al hacer los primeros anuncios de la situación, tras llegar de sus vacaciones: “La economía está lenta y habrá que hacer algunos ajustes, pero la verdad es que vamos a priorizar todo aquello que permita que a las personas les lleguen los servicios que necesitan”.
Buenos propósitos, sin duda, y de ello deberán dar cuenta las medidas concretas, porque otros ajustes en el pasado se hicieron con disminución del ítem de “gastos de personal” o del financiamiento de los programa de carácter social.
Es decir los que pagaron los platos rotos de la política económica, o de la crisis económica global y de sus efectos internos fueron los trabajadores, la ciudadanía.
En estos días los parlamentarios de la oposición derechista, como Juan Antonio Coloma, han propuesto “recortar” en honorarios y “revisar” los programas de inversiones, lo que se traduciría en menor actividad y trabajo y suspensión de programas o financiamiento de inversiones de algunos ministerios como Educación, Salud, Vivienda, Obras Públicas.
Se trata obviamente no solo de un problema económico, sino político y social, porque los recortes pueden afectar, y gravemente, a programas e iniciativas centrales del Gobierno.
Por lo mismo es indispensable que la información que entregue el gobierno – tras su urgente Consejo de Gabinete de este lunes 29 de febrero- también sea dirigida al conjunto de la ciudadanía, para que no solo sea destinataria de medidas que afectarán su situación económica y laboral, sino que se informe detalladamente de los problemas de los que se tiene que hacer cargo.
Y sobre todo puede entregar su opinión ya que será el principal afectado.
No deja de tener razón el diputado DC, Pablo Lorenzini, cuando recuerda al respecto, que en el país “hay bastante evasión y elusión”, por lo que el Estado podría recuperar lo suficiente como para enfrentar sus dificultades presupuestarias, además de reclamar por mayor eficiencia dm algunos ministerios y servicios.
Por Marcel Garcés Muñoz
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 29 de febrero 2016
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