Señor
Ministro del Interior, Jorge Burgos:
Presente:
En diversas ocasiones, me han preguntado qué pienso de la estrategia del Gobierno para resolver la situación del Pueblo Mapuche, que a juicio del Ejecutivo, pareciera que consiste en aumentar la dotación policial, crear una Fiscalía de Alta Complejidad, incrementar el número de persecutores, cantidad de detenidos Mapuche por sospecha y enviar especialistas a la central de inteligencia, a cargo del mal llamado conflicto Mapuche. Incluso, se han visto efectivos con armamento militar y helicópteros puma de la aviación, aterrizando y atemorizando a niños en la zona. ¿Esa es la manera de hacer frente a un escenario complejo donde el diálogo es, quizás para esta administración, la última herramienta a la cual recurrir?
En Ercilla se instalará una central policial en un colegio, mientras que en Pidima habrá un equipo policial, todos dotados de material militar, como tanquetas, por ejemplo. No sólo hay carabineros, también efectivos de distintas ramas de las fuerzas especiales destinadas a combatir a los enemigos del Estado. Es increíble, pero tengo la sensación de que hemos retrocedido en el tiempo.
A nivel comunicacional se habla de la necesaria paz en La Araucanía, aunque con estos medios, resulta difícil encontrar coherencia entre el discurso de paz y los hechos coercitivos. A menos que se entienda la paz, así como la consideraba Vicuña Mackenna en la, supuesta, pacificación de La Araucanía.
Hay un desmedido intento en transformar el problema político de la relación del Estado con el Pueblo Mapuche, que nace desde la violación del tratado de Trapigue -firmado en 1825-, en el Gobierno de Ramón Freire, en un problema de seguridad pública, transformado este histórico caso en un conflicto de delincuencia común y que para los cientistas se origina de la pobreza. Esto, es absolutamente, falso.
La génesis del “conflicto” es la violación de un pacto solemne entre el Estado y el Pueblo Mapuche y que inició en el momento en que el ex Presidente Manuel Bulnes lo transgredió, mediante la promulgación de la Ley de Colonización, en 1845 y que, hoy, tiene como consecuencia la situación de los descendientes de esos colonos.
Este problema político lo intentó resolver por medios violentos, el Presidente José Joaquín Pérez y Domingo Santa María, enviando una dotación militar con armamento de guerra a La Araucanía, asesinando a mujeres y niños inocentes. Hablo de mis abuelos, en el período entre 1861 a 1883. Hoy, 130 años después, es posible concluir que ésa no fue la solución.
No sólo, a raíz de la evidencia que delatan los hechos, se ha profundizado el conflicto histórico, sino que se ha creado una deuda que aumenta cada día y cuya alternativa para llegar a un consenso y a tiempos de paz, se vislumbra muy lejana.
Lamentablemente, para nuestro país, la Junta Militar copió esa misma estrategia para resolver el problema político por medios represivos. Esto, ha causado un gran dolor que aún sigue vivo en el seno de la democracia chilena, ese mismo dolor está en el corazón de cada Mapuche por la muerte de sus antepasados.
Me niego a creer que en democracia se intente resolver el problema político entre el Estado y el Pueblo Mapuche por medios policiales, judiciales y militares, violentos en definitiva y que fomentan las distancias. No sólo, porque la historia ha demostrado que esa vía es equivocada y que causa dolor a inocentes, sino porque no se puede lograr la paz, a través de la represión. “Es la no violencia o la no existencia” decía MLK hace medio Siglo.
Aun así, me costaba creer que existiera una militarización, una especie de guerra ¿contra quién?, una guerrilla rural como decía el Fiscal Ljubetic. Estamos hablando de personas que fueron despojadas de sus tierras y de sus derechos colectivos que viven de la agricultura de subsistencia, pero como extranjeros en su propia tierra. Sin poder económico ni político. ¿Cómo harían una guerra o una guerrilla?
Sin embargo, el pasado sábado 19 de marzo al dirigirme a una reunión con el presidente del Consejo de Loncos de la provincia de Arauco, me detuvieron efectivos de carabineros, que portaban metralletas, casco militar de guerra, equipamiento como para, a lo menos, inferir temor en la ciudadanía, lo que según la Ley Anti-terrorista es una condición para determinar si una acción cae o no bajo esa denominación.
Me gustaría saber, oficialmente, ¿con quién estamos en guerra?, ¿quién es el enemigo interno que se persigue por medios militares y represivos? Acabo de ser víctima de ello, no creo que tan sólo el apellido de uno lo sindique como posible peligro, según determina el mecanismo de “seguridad ampliada” como le llaman al método donde se clasifican las personas, según su posible peligrosidad.
Me niego a aceptar las críticas que algunos han formulado, como me niego a la idea de que el poder del Estado se está utilizando para proteger a dos familias: Angelini y Matte, dueños de Forestal Mininco y Arauco, a quienes Ponce Lerou les regaló tierras Mapuche en dictadura y Pinochet le creó el DL 701 para financiarlos con dineros de todos los chilenos.
Me niego a creer que se proteja a los mismos que han comprado a políticos para que le hagan sus leyes, como la Ley de Pesca o el Royalty minero. El poder del Estado es para “proteger a los más débiles de la opresión, contener a los ambiciosos y asegurar a cada uno la posesión de lo que les pertenece”, así lo dice hasta el Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau.
Si la guerra es contra la delincuencia, los estudios públicos de Adimark y Paz Ciudadana (Enero de 2015), demuestran que los más altos niveles de delincuencia se registran en las grandes ciudades: Iquique (52,2 %), Antofagasta (48, 3 %), Santiago (45,6 %) y, lógicamente, Valparaíso (45,2 %). Desde el punto de vista de un diagnóstico orientado a la focalización de esfuerzos preventivos, indica el mismo estudio, se observa que el Gran Santiago conjuga un alto porcentaje de victimización y un menor porcentaje de denuncia.
La situación más positiva se registra en Temuco, Talca y Valdivia. Antofagasta e Iquique en el norte del país, Santiago y Valparaíso en el centro y Puerto Montt en el sur, son las ciudades que presentan los porcentajes más altos de victimización. Por lo tanto, no son las comunas de Ercilla, Contulmo, Purén o Tirúa en las que se debiera poner el foco a la hora de establecer políticas dirigidas hacia la seguridad ciudadana, menos en la envergadura de los contingentes distribuidos en el mal llamado conflicto Mapuche. No he visto personal de seguridad y militar en Santiago, haciendo lo que hacen en el sur.
No sería prudente hablar de terrorismo Mapuche, no sólo porque la Corte Interamericana cuestionó a Chile por condenar a comuneros de manera injusta, sino porque el mismo relator de la ONU para temas de terrorismo, Ben Emerson, en su visita a Chile, aclaró que no hay terrorismo de parte del pueblo Mapuche.
Si la guerra es contra la violencia, la región más violeta es la Metropolitana. Y del total de Mapuche detenidos y enjuiciados basta mencionar el caso de Daniel Melinao, a quien se le comprobó su inocencia. La violencia debe ser condenada de dónde provenga, pero no se puede culpar a un pueblo por acciones particulares.
Tampoco uno se puede olvidar de Raúl Castro Antipán, infiltrado de carabineros en las comunidades Mapuche , a quien la institución lo remuneraba por cometer atentados e inculpar a los habitantes de la zona que son parte de mi étnia.
Antes de responder las preguntas que me han hecho algunos periodistas y dirigentes indígenas, lo primero es plantearle a usted que dirige el Comité Político, esta situación, porque soy respetuoso y creo en la política como medio de solución de conflictos y que se puede alcanzar sólo mediante el diálogo. No obstante, no se trata de cualquier diálogo, sino uno que reconozca los avances que se han hecho en materia de infraestructura pública y política para los pueblos indígenas, pero que reconozca al mismo tiempo que aún el Mapuche vive en una segregación política, social y económica.
Ese diálogo también debiera asumir que la solución es reformar la Ley Anti-terrorista y abstenerse de aplicarla al Pueblo Mapuche, acelerar los procesos de reconocimiento constitucional, así como, la restitución de tierras ancestrales, además, del establecimiento de un mecanismo de consulta adecuado.
Esto no está en mi imaginario. En efecto, el 24 julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, dio a conocer sus conclusiones sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en Chile, en el cual, los expertos recomendaron a Chile tomar estas medidas. De igual forma, a nivel local, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, en su informe de 2014, dedicó un capítulo completo al respecto, denominado Territorio y Derechos Humanos.
Esto no es una novedad y ha sido reconocido por nuestra máxima autoridad, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien ha manifestado: “Es nuestro deber como gobierno, impulsar y promover los derechos de los pueblos indígenas y adaptar los mecanismos internos para dar aplicación efectiva a los tratados internacionales que Chile ha ratificado sobre la materia”.
Estoy convencido que la no violencia es el camino y la política es la herramienta, para ello necesitamos otro concepto de democracia que sea más justa y que permita que las minorías étnicas sean representadas con igualdad de derechos. Al mismo tiempo, requerimos un sistema electoral para los pueblos originarios, con cuotas parlamentarias equivalentes a su población. De esta manera, los pueblos originarios pueden plantear sus demandas en el epicentro del poder, lo que descomprimiría, automáticamente, algunos nudos de violencia en que algunos utilizando el nombre del pueblo Mapuche han cometido actos censurables y que no representan el espíritu de libertad y fraternidad que, históricamente, hemos tenido con el chileno postergado en el mismo Estado de Chile.
Antes de plantear estos puntos, me pregunté ¿que me podría pasar por denunciar algo que considero injusto? Se vinieron a mi mente, de inmediato, muchas respuestas, pero la pregunta para un político debe ser, ¿que les pasará a ellos, a los postergados de este país? Estamos por los débiles, no por los poderosos.
Por: Diego Ancalao, Vicepresidente Nacional de la Izquierda Ciudadana (IC).
Santiago de Chile, 24 de marzo 2016
Crónica Digital
Hola, una pregunta: ¿Por qué es necesario enviarle «cartas abiertas» al ministro? ¿Que acaso no tiene una «jefa» ante quien deba responder? ¡Hasta cuándo tratan a Bachelet como una interdicta! Ella eligió al ministro. Ella le da poder a su segundo piso para que tengan el «kilombo» que tienen, y creen facciones y complots entre ellos mismos. Ella, por acción u omisión. Porque a ella se la eligió para gobernar no a sus colaborares y ministros. No resiste análisis esa estrategia deliverada de «ensalsar» y «cantar loas» a la Presidenta, cuando obtiene un logro o aprueba una ley; y en cambio, cuando hay fracasos y evidencia de mala gestión, pegarle a los ministros…