El procesamiento y encarcelamiento del ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, en calidad de cómplice del asesinato de 15 personas prisioneras en el regimiento Rancagua de La Serena, tras el Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, recordó a los chilenos que la justicia sigue con tareas pendientes en Chile.
El juez Mario Carroza, al dictar su resolución consideró que «Sin perjuicio de las circunstancias que rodean sus acciones, el elemento esencial es su conocimiento de lo que se estaba realizando en esas 3 horas que estuvo la comitiva (la Caravana de la Muerte encabezada por el general Sergio Arellano Stark) en La Serena».
La Caravana de la Muerte fue una misión de exterminio ordenada por el dictador Augusto Pinochet Ugarte, comandada por el “oficial delegado” del dictador”, general Sergio Arellano Stark, destinada a “acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia a los prisioneros”.
En realidad se trataba de mostrar a los comandantes regionales de cómo proceder (“sin piedad” y sumariamente) con los funcionarios del gobierno constitucional de Salvador Allende y con los dirigentes de la Unidad Popular aprisionados tras el Golpe de Estado del ll de septiembre de 1973.
El balance fue de 97 fusilados, tras una orgía de sangre, y un ensañamiento bestial.
El general Joaquín Lagos Osorio, Comandante de la Primera División del Ejército y Jefe de la Zo0na en Estado de Sitio de Antofagasta, señaló que el paso de los ejecutores de Pinochet por su regiòn declaró su horror, tras la dictadura:
“Me daba vergüenza verlos. Si estaban hecho pedazos. De manera que yo quería armarlos, por lo menos dejarlos en una forma humana. Sí, les sacaban los ojos con cuchillos, les quebraban las mandíbulas, les quebraban las piernas. Al final les daban el golpe de gracia. Se ensañaron. Se los mataba de modo que murieran lentamente. Osea , a veces los fusilaban por partes. Primero las piernas, después les quebraban órganos sexuales, después el corazón. En ese norden disparaban las ametralladoras” dijo el oficial.
De acuerdo a la sentencia del juez Mario Carroza, Cheyre fue sometido a proceso y detenido en calidad de “cómplice” de ese horror en el Regimiento de Infantería Nº21 de Coquimbo, junto a otros siete militares, que servían en la unidad y otro, de triste memoria, que venía en el helicóptero Puma, que trasladaba por el país a la Caravana de la muerte; Armando Fernández Larios, procesado en calidad de autor.
Los otros encausados son Ariosto Lapostol, Víctor Hugo Alegre, Jaime Manuel Ojeda, Hernán Emilio Baldevenito, Guillermo Oscar Raby Arancibia y Mario Hernando Vargas.
La Caravana de la Muerte- una vergüenza en la historia del Ejército de Chile- recorrió el país, del 30 de septiembre al 22 de octubre de 1973, dejando su huella de muerte en Rancagua, Curicó, Talca, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Cauquenes, La Serena, Copiapó, Antofagasta, Linares, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt.
Para la historia está la lista de los integrantes del comando de exterminio: general de brigada, Sergio Arellano Stark, Teniente coronel Sergio Arredondo González, mayor Pedro Espinoza Bravo, mayor Carlos López Tapia, Capitán Marcelo López Brito, capitán Antonio Palomo Contreras, capitán Emilio Robert de la Mahotiere González, Capitán Luis Polanco Gallardo, teniente Juan Viterbo Chiminelli Fullerton, te niente Armando Fernández Larios, y dos clases de la Escuela de Infantería del ejército.
Juan Emilio Cheyre, que según la sentencia de Carroza, está acusado de complicidad, ha alegado no participación en los crímenes de la “Caravana de la Muerte” en La Serena y permanentemente ha sufrido pérdida de memoria sobre la magnitud de los mismos.
Pero lo peor es que, a pesar de haber proclamado en noviembre del 2004, siendo Comandante en Jefe del Ejército, el “nunca más”, respecto de los crímenes de la dictadura de Augusto Pinochet(1973-1990), el Ejército como las otras ramas de las Fuerzas Armadas es poco lo que han hecho para dejar de lado la protección de los culpables de crímenes contra la humanidad de sus filas, que aun se protegen de la justicia por la impunidad, y los pactos de silencio, negándose a entregar los nombres y los antecedentes de ellos.
Cheyre, sin duda, pudo haber hecho mucho más, sobre los crímenes de los que fue testigo, si hubiese actuado conforme a sus palabras de 2004, en el documento “Ejército de Chile. El fin de una visión”:
“El Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personal de su directa dependencia, las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y la reconciliación”, señaló entonces.
Colocado hoy, por determinación de los tribunales, en una compleja situación judicial y moral tiene la oportunidad única de asumir su responsabilidad personal y distanciarse definitivamente de la carga de culpa por los crímenes de la dictadura a la que sirvió como oficial del Ejército.
Liberarse de la práctica de la complicidad, del pacto de silencio, del encubrimiento, revelar la verdad, es un deber patriótico, además de una necesidad de la democracia, de la justicia y de la reconciliación nacional.
Por cierto la estrategia asumida por su abogado, Jorge Bofil, de acusar a los tribunales de participar en “una persecución política infame”, no está en esta dirección ni ayuda en nada a Cheyre.
Tampoco fue un camino adecuado, como el de “blanquear” a Cheyre con cargos de categoría estatal como el designarlo- lo hizo el ex presidente Sebastián Piñare en 2013- en el Consejo Directivo del Servicio Electoral, en el que llegó a ejercer la presidencia, o darle un estatus académico, al ser designado en 2006 por la Pontificia Universidad Catolica de Chile como director del Centro de Estudios Internacionales, cargo al que se vio forzado a renunciar ahora.
Sin duda el caso Cheyre- tanto su procesamiento, como las acusaciones de complicidad en crímenes contra la humanidad que pesan en su contra- constatan las deudas que el país y la justicia aún tienen pendientes en verdad, justicia y en reparación respecto de las violación de los Derechos Humanos bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y refleja al mismo tiempo, las carencias, falencias y hasta complicidad de diversas instituciones del Estado, en un enjuiciamiento efectivo y condena de los criminales responsables de los crímenes bajo Pinochet.
La impunidad que persiste para esos criminales es más que un tema de procedimiento judicial. Tiene que ver con una falta de voluntad política, que se pervierte en una cierta complicidad, en dar vuelta la página.
Precisamente, Cheyre se benefició de esta actitud de protección política, de laxitud social, para eludir, hasta ahora, un enjuiciamiento por sus actos bajo la dictadura.
No se trata, como podría interpretarse de manera simple, de condenar a Cheyre por delitos no constatados por los tribunales, ante los cuales tiene obviamente la posibilidad de defenderse.
No como en los tiempos de Pinochet, a quien prometió lealtad personal en un ritual farsesco, de los que acostumbraba el ex dictador para comprometer a sus subordinados en sus crímenes.
El tema es más profundo. Se trata de que debe terminarse con los pactos de silencio, la complicidad y sobre todo con la impunidad.
Este es el sentido ejemplar que tiene el procesamiento de un hasta ahora intocable.
El mismo Cheyre debería asumirlo.
Y la ciudadanía tiene el derecho a sentir que se ha avanzado un paso, aunque sea solo un paso, pero en la dirección correcta. Y persistir en este empeño de verdad, justicia y reparación.
Por Marcel Garcés Muñoz
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 8 de julio 2016
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