DIPUTADOS ENTREGAN CARTA A PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA

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    Señor

    Hugo Dolmetsch

    Presidente

    Corte Suprema

    De nuestra consideración:

    Con preocupación observamos como en el último tiempo los tribunales de justicia están otorgando beneficios penitenciarios a condenados en graves casos de violaciones a los derechos humanos. 

    En agosto de 2015 fue ratificada por la Corte Suprema la libertad condicional del ex agente de la Dicomcar Alejandro Sáez, condenado a presidio perpetuo por el secuestro y homicidio de los militantes comunistas José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, conocido como el Caso Degollados. Durante el presente año se otorgaron similares beneficios para sujetos condenados en el mismo caso. Así, el 6 de diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago concedió la libertad condicional a otro agente de la Dicomcar, el ex carabinero Claudio Alberto Salazar Fuentes, también condenado a presidio perpetuo.   Finalmente, ha sido la propia Sala Penal de la Corte Suprema la que ratificó en días recientes la libertad condicional para el condenado a presidio perpetuo como autor en el mismo Caso Degollados, Guillermo González Betancourt. 

    Estimamos que estas resoluciones judiciales revisten especial gravedad pues resultan contrarias a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por Chile y que tienen jerarquía constitucional por mandato del artículo 5º inciso segundo de la Constitución. Al mismo tiempo estas decisiones debilitan el compromiso del Estado chileno con la defensa de los derechos humanos.

    Por otro lado, las medidas adoptadas en torno a la situación de estos condenados ofenden y constituyen un serio agravio a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y representa un grave retroceso en la lucha por la justicia y el fin de la impunidad.

    Es preciso recordar a este respecto que la Corte Suprema hizo un reconocimiento, en el contexto de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado, de acciones y omisiones del Poder Judicial durante la Dictadura que constituyeron “dejación de funciones jurisdiccionales”, ocasión en que expresó su compromiso  con el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad. 

    Es por ello que los parlamentarios que suscriben, llamamos a que en función del compromiso con los derechos humanos que todas las instituciones del Estado deben observar, no se acepte ninguna forma de impunidad para los responsables de su violación sistemática. En consecuencia, no dejaremos de abogar por el respeto de los tratados internacionales y por la sanción efectiva de los delitos de lesa humanidad, empleando para ello todas las herramientas que la Constitución y las leyes nos confieren.

    Saludan atentamente,

    Sergio Aguiló

    Diputado

    Hugo Gutiérrez

    Diputado

    Lautaro Carmona

    Diputado

    Santiago de Chile, 13 de diciembre 2016
    Crónica Digital

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