El diputado y presidente de la Comisión de Recursos HÃdricos, Daniel Núñez, destacó la aprobación en dicha instancia del proyecto de ley que busca rebajar las tarifas del agua potable mediante las ganancias que obtienen las empresas sanitarias con los llamados negocios no regulados o extras.
La principal novedad de la propuesta es descontar a favor de la tarifa final del cliente entre un 50% y 80% de las utilidades que la empresa sanitaria percibe por los llamados negocios extras o servicios no regulados.
Las empresas utilizan la misma infraestructura que es financiada por los clientes para hacer negocios extras que no están regulados por la ley, como son venta de aguas tratadas para fines agrÃcolas y mineros, manejo de residuos industriales lÃquidos (Riles) y asesorÃa técnica y administrativa a Comités de Agua Potable Rural (APR).
“Establecimos que cuando se hagan negocios con los servicios no regulados, que es todo un ámbito muy amplio, que incluye la venta de aguas servidas u otro tipo de negocios un porcentaje importante, el 50% o en otros casos el 80% tiene que ir a descuento en las cuentas del agua de los clientes de las empresas sanitariasâ€, recalcó Núñez.
El parlamentario también valoró el aumento general de las multas, por ejemplo, para cortes imprevistos de agua, episodios de turbiedad y cuando esté en peligro la salud de la población. También destacó la eliminación de los cobros por cortes de agua, tal como ocurre en la nueva ley eléctrica.
Durante la tramitación en la comisión de Recursos HÃdricos también se aprobó un artÃculo que obliga a las sanitarias a instalar sin costo en viviendas sociales los servicios de agua potable, alcantarillado y aguas servidas, siempre que se encuentre en las cercanÃas de las áreas de concesión.
“Se establece que al ser un proyecto de vivienda social la empresa sanitaria está obligada a proveer este servicio, si esos terrenos adyacentes a su zona operacional y esto tiene un gran impacto porque facilita que podamos desarrollar proyectos de viviendas sociales con menores costosâ€, enfatizó.
La iniciativa, agrega Núñez, incorpora mayores niveles de participación de la ciudadanÃa en el proceso de fijación de la tarifa como una forma de asegurar precios “razonables y justosâ€.
“Nosotros introdujimos la posibilidad de que la ciudadanÃa conozca este proceso, que tenga acceso a la información y que pueda opinar. Es un actor que tiene la posibilidad de conocerlo, de opinar y evidentemente el resto del proceso se fijará con criterios técnicos que establece cuales son los costos de la empresa, cual es el margen de rentabilidad razonableâ€, expresó.
La comisión de Recursos HÃdricos demoró cerca de dos meses en discutir y votar la iniciativa. El diputado informó que el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, manifestó su disponibilidad para que el proyecto se ponga en tabla la próxima semana.
“El presidente de la Cámara, Osvaldo Andrade, nos ha manifestado que está disponible para poner en discusión este proyecto la próxima semana. Si logramos también votarlo en la sala de la Cámara de Diputados serÃa un paso muy importante para que con el patrocinio de del gobierno y las urgencia respectivas pueda también ser votado por el Senado y sea ley de la República ojalá durante el año 2017â€, destacó.
Santiago de Chile, 16 de diciembre 2016
Crónica Digital