«EL POLÍTICO SOY YO, NO MI HIJO»

Los medios de comunicación tienen todo el derecho y el deber de investigar e informar sobre todas mis conductas, incluidas las personales, pero ese derecho no se extiende a mis hijos, a menos que incurran en delitos que por sí mismos sean noticia.

Mi hijo menor fue conducido (no detenido) a la 16° Comisaría de La Reina luego de ser sometido a un control de identidad junto a un grupo de amigos, en circunstancias que uno de ellos bebía una lata de cerveza y mi hijo portaba un pito de marihuana de 0,5 gramos. Como es sabido, la Ley 20.000 sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, pero excluye explícitamente la sanción al porte de pequeñas cantidades cuando están destinadas al tratamiento médico «o a su uso o consumo personal exclusivo».

¿Qué lleva a un medio de comunicación a convertir en noticia la falta cometida por un menor, que por supuesto tendrá sanción familiar pero no penal?

¿Por qué un parte policial que señala expresamente 0,5 grs es presentado como 500 milígramos, que es lo mismo pero se cambia la unidad para dar la impresión de que es un volumen mucho mayor de marihuana?

¿Por qué se siente con derecho un medio de comunicación a publicar como noticia relevante la falta cometida por un menor, con sus evidentes consecuencias estigmatizadoras, por el solo hecho de ser hijo de un diputado, como si mi responsabilidad y notoriedad se extendiera obligadamente a mi familia?

Me indignan las respuestas de algunos medios a estas preguntas. Me apena el daño que le han hecho a mi hijo por el solo hecho de que soy su padre. Él me expresó su arrepentimiento y disculpas por su falta, yo le pido perdón por el daño que le han hecho por mi responsabilidad.

Pepe Auth

Santiago de Chile, 21 de diciembre 2016

Crónica Digital

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El parlamentario del Partido País indicó que “mientras en Islandia, los máximos banqueros pasaron efectivamente por la cárcel por coludirse, en Chile, los ejecutivos farmacéuticos fueron castigados con hacer clases”. “Y cuando se descubre que nuevamente empresarios se coludieron con algo tan esencial para las familias chilenas como lo son los pañales para los bebés, vemos que la ley aprobada solo hace unos meses no los puede castigar, porque ya pasado mucho tiempo desde los hechos”, agregó. Legislador es autor de Proyecto de Ley, Boletín 10373-03, que busca impedir que empresas coludidas participen de licitaciones estatales. También ingresará moción para que los dueños de las empresas paguen con cárcel. Recordando que, “lo advertimos durante la discusión del proyecto: se estaba aprobando una nueva ley que sigue tratando con guante blanco a los delincuentes de cuello y corbata”, el senador Alejandro Navarro se refirió al descubrimiento de una nueva colusión por parte de CMPC, que esta vez junto a la multinacional Kimberly Clark, subió los precios de los pañales por aproximadamente 7 años. El senador del Partido País explicó que, “hoy nos hemos enterado de la existencia de un nuevo cartel en nuestro país, el de los pañales para los niños. Y es CMPC, la empresa chilena que ya está siendo investigada por la colusión del papel higiénico, quien esta vez, junto a la corporación estadounidense Kimberly Clark, se coludió por cerca de 8 años para subir los precios de otro producto esencial para las familias”. “El problema es”, prosiguió, “que como los hechos habrían ocurrido entre los años 2002 y 2009, estos habrían prescrito según la nueva Ley Anticolusión, pues existe un plazo de 5 años luego de los sucesos para iniciar una investigación y la Fiscalía Nacional Económica como hoy sabemos, no lo hizo”. De acuerdo a Navarro, “esto lo advertimos durante la discusión de la ley: la FNE no da abasto, pues fue su propio director quien indicó que son una pequeña agencia con recursos limitados y pocos abogados, por lo que no pueden estar en todos los frentes como se debiera”. “Y lo que es peor, como la Ley 20.945, que fue promulgada en agosto de este año por la Presidenta Bachelet, establece que solo la FNE puede querellarse, el Ministerio Público está atado de manos”, manifestó el presidente de la Comisión de DDHH del Senado. Para Navarro, “votamos a favor pues era imprescindible, pues aunque no se aplique a los procesos actuales, sino sólo para el futuro, impedirá el círculo vicioso de este tipo de delito, pero hicimos también las críticas necesarias de forma de hacer cambios antes de que fuera tarde, pero lamentablemente, no fueron escuchadas”. “Pues no es posible que se requiera de una denuncia de la FNE para que se inicie una investigación penal. Ya lo hemos dicho, la ciudadanía, las asociaciones de consumidores, deben tener la facultad de presentar una querella criminal por colusión; el Ministerio Público debe tener la capacidad de investigar, sino, ocurre lo mismo que con el Servicio de […]

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