FEUC, DIRIGENTAS SOCIALES Y ACADÉMICAS ENTREGAN CARTA AL MINEDUC POR DESIGUALDAD DE GÉNERO EN PSU

La Presidenta FEUC, Sofía Barahona, la activista Javiera Parada, Mirentxu Anaya de Educación 2020, la economista Claudia Sanhueza y la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, entregan carta al Mineduc para demandar que la igualdad de género sea una de las prioridades en la reforma educacional.

Esto, con motivo de la entrega de los resultados de la PSU que año a año arrojan importantes diferencias entre hombres y mujeres, que vienen a complementar lo indicado por el informe Pearson (2013) que señala a la prueba como una con sesgos de género. En 2016 solo a 44 de los 163 puntajes nacionales, corresponden a mujeres.

La carta, firmada además por Laura Albornoz, Roxana Pey y Alejandra Sepulveda de ComunidadMujer, entre otras, denuncia que, pese a que en indicadores como las notas de enseñanza media las mujeres tienden a tener mejores resultados que los hombres, la PSU y el sistema educacional en general las discrimina, tal como concluyen las pruebas PISA y TIMSS.

“La PSU es una prueba que en general, parece medir dos cosas, el colegio del cual salen los estudiantes y si son hombre o mujeres. En este último aspecto, tristemente reproduce además algo que viene de mucho más atrás: una educación con sesgos de género que se manifiesta transversalmente en el desarrollo de las mujeres en su vida cotidiana y profesional”, señaló Sofía Barahona antes de entregar la carta.

“Si bien disminuyó la diferencia entre hombres y mujeres respecto al año pasado en los puntajes nacionales, hay una realidad constatada por el informe Pearson sobre este asunto. La PSU también genera brechas socieconómicas y ha demostrado ser menos predictiva que el NEM y el Ranking sobre el rendimiento de los estudiantes en la educación superior”, añadió.

Santiago de Chile, 26 de diciembre 2016
Crónica Digital

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EXPERTO SOSTIENE QUE LA COLUSIÓN EN EL CASO PAÑALES REPRESENTA UN PROBLEMA “PELIGROSO” PARA EL PAÍS

Lun Dic 26 , 2016
El economista de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, afirma que el acuerdo ilegal entre CMPC y la estadounidense Kimberly Clark genera “una desconfianza tremendamente grave” en el modo de operar del mercado chileno. Indica que las penas de cárcel para los ejecutivos que incurren en estas prácticas pueden provocar menos reincidencias.   Este martes se conoció el documento de delación compensada que CMPC, que participó en el caso de colusión del papel tissue, presentó a la Fiscalía Nacional Económica. En este, se supo que la papelera reconoció también un acuerdo ilegal de alzas de precios en los pañales para bebé con la multinacional Kimberly Clark.   Al respecto, el economista de la Universidad de Santiago de Chile, Víctor Salas, sostuvo que el hecho “genera una tremenda desconfianza” en el modo de operar del mercado chileno, y que eso representa una situación “peligrosa para el país”. “Esta situación revela que hay ejecutivos que solo buscan maximizar sus activos sin permitir que se desarrolle la competencia con sus oponentes. Esto, mediante acuerdos ilegales, lo que genera desconfianza y un abatimiento nacional”, explica. Además, apunta a la prescripción de estos actos. “Delitos como este, realizados de 2002 a 2009 ya no pueden ser perseguidos, porque ya ha expirado el hecho”, agrega. El especialista sostiene que las penas de prisión efectiva pueden tener un efecto más ejemplificador que las multas que actualmente se cursan. “Que paguen con cárcel los ejecutivos hará que, probablemente, dejen de reincidir en estas conductas”, sostiene. Sin embargo, reconoce que esto pudiera tener el efecto no deseado de que estos ejecutivos, a sabiendas de los delicados castigos a los que se exponen, “comiencen a ser más agiles y dejen menos rastros” de sus conductas delictuales. El especialista indica que “algunos creen que la delación compensada es un incentivo perverso que no conduce a nada, salvo para saber lo sinvergüenzas que son los ejecutivos y empresarios, pero no para establecer sanciones”. No obstante, sostiene que “es difícil investigar actos sobre los que ni siquiera hay una insinuación de denuncia”. “Una Fiscalía más proactiva significaría tener a un equipo bastante grande atento a lo que ocurre con cada una de las acciones de los ejecutivos y la evolución de los precios en cada uno de los mercados. Un ejército grande que vaya haciendo correlaciones suficientemente pesadas para decir que aquí ocurre un fenómeno irregular”, señala. Con todo, Salas señala que aun con grandes equipos de fiscales “estaríamos sin conseguir la información que necesitamos, porque está dentro de las empresas”.  Santiago de Chile, 26 de diciembre 2016 Crónica Digital / usach.cl

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