Luego del dictamen de Contraloría que en abril pasado prohibió al Ejército de Chile vender un terreno en 790 millones de pesos emplazado en Victoria, el senador Eugenio Tuma dio a conocer el resultado de la fiscalización efectuada por el Ministerio de Bienes Nacionales, cuyo informe recomienda la devolución de los bienes fiscales.
El referido informe de fiscalización de Bienes Nacionales está fechado el 12 de mayo de 2016, cuando Víctor Osorio aún ejercía como Ministro, y concluye que “el Comando de Ingenieros del Ejército de Chile pretendió la venta del inmueble fiscal denominado Lote D1 por un valor de 30 mil UF (unos 800 millones de pesos), en circunstancias que el decreto de destinación señala expresamente que si el beneficiario no utilizase el inmueble en los fines señalados o si lo cediera, a cualquier título, se pondrá término a dicha destinación”.
La intención de vender fue publicada por el Ejército en un aviso en el “Diario Austral” de Temuco, lo que provocó un enorme revuelo en la Región de La Araucanía y que el senador Tuma hiciera una presentación a la Contraloría General de la República a comienzos de año. El ente contralor respondió formalmente el 29 de abril, bloqueando la intención del Ejército, señalando que correspondería a Bienes Nacionales hacer uso de sus facultades de fiscalización.
En el documento de fiscalización se establece que “de la revisión de los antecedentes, de lo observado en terreno, se concluye que el Batallón N° 4 de Transporte no existe como tal y que el Regimiento Logístico N° 3 de Victoria no utiliza el lote D1, destinado al Batallón N° 4 de Transportes”.
A su vez se establece que en el lote D1 no se encuentra utilizado por el Regimiento, ya que existen instalaciones efectuadas por la Municipalidad de Victoria para actividades sociales. En la fiscalización se consignó que las construcciones efectuadas por el Ejército en el lugar no cuentan con permiso de edificación por parte de la Municipalidad, por lo cual son irregulares. Entre las instalaciones se contemplan piscina, un quincho y un museo. Del mismo modo, otra parte de la destinación es utilizada por Aguas Araucanía.
El informe es categórico en constatar la incompatibilidad del destino militar del lote con los usos autorizados por el plano regulador, que establece para una parte significativa del inmueble fiscal la edificación de viviendas sociales, equipamiento comunitario (tales como centros deportivos o escuelas) e industrias inofensivas. De hecho, se constata también que los ejercicios propiamente militares se realizan en otro predio fiscal.
A ese respecto, el senador Eugenio Tuma valoró la actuación de las instituciones públicas en el resguardo del patrimonio fiscal, tanto el dictamen de la Contraloría General de La República y la fiscalización desarrollada por el Ministerio de Bienes Nacionales que dejan en evidencia que existe la destinación de un inmueble fiscal no se está cumpliendo, “y que lo que corresponde es que esta propiedad regrese al Estado para evaluar otras solicitudes que ha efectuado el municipio y que permiten el desarrollo de la comunidad de Victoria”.
“La intención de enajenar el inmueble por parte del Ejército es una muestra palpable de la prescindencia que le otorgó la institución a dicho terreno, por lo tanto lo que corresponde es poner término a la destinación y procediendo a su restitución al Fisco, para ponerlo al servicio del desarrollo de la comunidad de Victoria y La Araucanía en general”, explicó.
A juicio del senador Tuma, “se ha establecido un precedente a nivel nacional respecto a las destinaciones fiscales (a las instituciones de la Defensa Nacional), ya que los inmuebles o se usan para el objetivo de la destinación o regresan al Fisco, pero lo que no es tolerable es que se pretenda efectuar una gestión inmobiliaria por parte del Ejército. Sus tareas están asociadas a la defensa nacional y no a este tipo de actividades”, aseguró.
El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, recurrió a Contraloría para solicitar que se reconsiderara su determinación inicial de abril, lo que fue respondido a finales de noviembre, oportunidad en la que insistió que Bienes Nacionales tiene que determinar si se están o no cumpliendo los fines de la destinación. Para Tuma es muy importante que se haya ratificado el criterio de la Contraloría: “Si el inmueble fiscal no se usa debe regresar a la administración del Estado”, sostuvo.
Santiago de Chile, 27 de diciembre 2016
Crónica Digital
