El especialista en transporte urbano de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, descarta que el anuncio del Gobierno, de acortar la concesión de las vías de 10 a 8 años, provoque que los operadores respondan con suficiente urgencia a los cambios que experimenta la capital. Señala que, para ello, se requiere introducir mecanismos de fiscalización y control de calidad en los contratos que permitan evaluar su correcta ejecución. “Una persona no puede esperar ocho años para ver cómo resultan las cosas”, critica.
El subsecretario de Transportes y encargado del proceso de licitación del Transantiago, Carlos Melo, confirmó que el plazo para concesionar las vías se acortará de 10 a 8 años, debido a los permanentes cambios que experimenta la ciudad, lo que obligaría a adecuar los contratos más urgentemente. Además, la autoridad destaca que la medida le daría más dinamismo al mercado.
El experto en transporte urbano de la Universidad de Santiago de Chile, Rodrigo Martin, reconoce que la medida es “sensata” en términos de dar mayor dinamismo a los contratos, para que estos corrijan en función de las nuevas condiciones que plantea la capital. Sin embargo, señala que “el acortamiento es menor y no muy significativo”.
“El acortamiento en ocho años es marginal, porque no es un factor que sea totalmente determinante respecto al resultado que le produce al habitante de Santiago”, enfatiza. “La diferencia es mínima para un usuario de la ciudad. Una persona no puede esperar ocho años para ver cómo resultan las cosas”, insiste.
Aunque es consciente de que una mayor reducción de tiempo provocaría un desincentivo a la hora de que las empresas se presenten a los procesos de licitación y vean en esto un buen negocio, enfatiza que el cambio “es poco en términos de dinamismo del contrato”.
“Lo que se está haciendo es ser cuidadosos con las empresas y no generarles un problema muy grande”, señala. “Esto tiene que ver con la capacidad del Gobierno de negociar con las empresas, pero no tiene una traducción tan directa respecto de lo que perciben las personas”, complementa.
Por eso, propone “incorporar en los sistemas de licitación ciertos criterios de control que permitieran establecer modificaciones durante el proceso de ejecución del contrato”.
“Que se incorporen mecanismos de fiscalización y control de calidad, y que los contratos estén sujetos al cumplimiento de estándares y resultados”, precisa. “Eso sería una buena señal para la ciudadanía, de que el Gobierno no solo está entregando una licitación de ocho años y lavándose las manos en las empresa”, agrega.
“Una licitación larga lo que hace es dilatar esos problemas. Acortarla tiene sentido, es razonable, pero aún suena largo”, sintetiza Martin.
Santiago de Chile, 30 de diciembre 2016
Crónica Digital / USACH.CL
