ORGANIZACIONES DE DD.HH. RECHAZAN BAJA DE CONDENAS DE TORTURADORES DE JOSÉ TOHÁ

Las organizaciones de derechos humanos y sociales que suscriben esta declaración expresan su rechazo e indignación por la ratificación de las bajas condenas y remisión de ellas que ha resuelto la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de aplicación de tormentos reiterados a don José Tohá González, exministro del gobierno de la Unidad Popular.

A pesar del reconocimiento explícito de que don José Tohá fue sometido reiteradamente a tortura física y sicológica, tratos crueles y degradantes con el objeto de doblegar su voluntad -acciones todas definidas como tortura en la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes-, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le impuso una pena irrisoria a los responsables de estos crímenes, Ramón Pedro Cáceres Jorquera y Sergio Fernando Contreras Mejías, lo que contraviene el numeral 2 del artículo 4º de la Convención señalada, que indica que “Todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.

Además de lo anterior, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los recursos de las partes querellantes, quienes instaron porque además de sancionar los hechos que tuvo por acreditado el Ministro intructor como constitutivos de tormentos, fuesen también estos sancionados porque son constitutivos del delito de secuestro simple, ya que la víctima fue ilegítimamente privada de su libertad.

A lo anterior, la resolución del tribunal de ratificar la remisión condicional de la pena se convierte en una trasgresión al anhelo de justica de las víctimas, sus familiares y, claramente, a la conciencia universal de la humanidad, que ha considerado que la tortura es una de las acciones más aberrantes contra la dignidad humana y que nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene justificación. Como bien lo señala la Convención,“En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

Condenamos y repudiamos, en primer lugar, el fallo del Ministro Jorge Zepeda Arancibia y, además, la resolución de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, quienes con sus decisiones dejan en la impunidad acciones criminales consideradas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad. Les hacemos responsable de que aún hoy se torture en nuestro país, por no sancionar de manera ejemplificadora estos crímenes para asegurar su no repetición.

Nuestra indignación es tan profunda que demandamos que jueces tan veniales, que ignoran los compromisos internacionales de DDHH asumidos por Chile, dejen sus cargos de tan alta responsabilidad o, de no ser así, se inicie un proceso de destitución por grave incumplimiento del deber de aplicar justicia tan gravemente conculcado.

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)

Comunidad Ecuménica Martin Luther King

Corporación Memoria Lonquén

Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad

Comisión Funa

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas

Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagüa

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Antofagasta

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso

Brigada Salvador Allende (BRISA)

Corporación La Serena Dieciséis de Octubre

Asociación Mutual Expresas y Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular

Coordinadora Nacional Expresas y Presos Políticos “Salvador Allende”

Santiago de Chile, 20 de enero 2017
Crónica Digital

 

 

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HIJAS E HIJOS DE MIGRANTES NACIDOS EN CHILE ESTÁN EN RIESGO DE APATRIDIA

Vie Ene 20 , 2017
“Migración y derecho a la nacionalidad: situación de apatridia en Chile” es un tema integrado en el Informe situación de los derechos humanos en Chile 2016, elaborado por el INDH, en el que se sostiene que los flujos migratorios han ido en constante aumento en nuestro país, lo que ha obligado al Estado a tomar definiciones de políticas públicas al respecto, las que se espera sean acordes a los estándares internacionales y valoren los importantes efectos positivos que produce la migración. Agrega que la población migrante se encuentra especialmente expuesta a la vulneración de derechos y que es urgente contar con legislaciones y políticas públicas que los resguarden. Al respecto, el INDH ha insistido en la urgente necesidad  de contar con una legislación acorde a la situación actual y recomienda dar prioridad legislativa al nuevo  proyecto de ley en esta materia. El Informe INDH 2016  indaga sobre el peligro de apatridia en que viven millares de personas hijos e hijas de  migrantes nacidas en Chile. Entre 1995 y 2014, el Estado optó por un criterio para el otorgamiento de nacionalidad a los niños y niñas nacidas en Chile, hijo/as de padre o madre extranjero/a en situación irregular en el país, a quienes se les inscribía como hijo de extranjero transeúnte (HET). El  Registro Civil estima que son 2.500 los inscritos en esta categoría, muchas de ellas viven hasta 20 años sin ser plenamente reconocidos como chilenos. La condición de apátrida coloca a una persona en una situación de especial vulnerabilidad, al no contar con el reconocimiento jurídico ni ser parte de una comunidad política. A pesar de que el Estado cambio su criterio en 2014, se detectó que aún se realizan inscripciones como HET en la actualidad. El Informe sostiene que es imperativo encontrar a esas personas y restituir su derecho a la nacionalidad de forma integral. Manifiesta su preocupación por ser esta una acción, no tan solo opuesta a estándares internacionales, sino manifiestamente contraria a la normativa interna. En este apartado el INDH entrega los resultados de un trabajo de detección de casos HET, realizado junto a otras instituciones, en las regiones de Antofagasta y Santiago, los revisa desde los estándares internacionales de derechos humanos y la normativa nacional en materia de derecho a la nacionalidad. Según testimonios recogidos en el estudio, las personas inscritas como HET ven afectada la atención de salud en hospitales públicos, otras no han podido ser matriculadas en la escuela o  han perdido becas estudiantiles, se dificulta su salida y entrada del país, entre otras situaciones que evidencian tratos discriminatorios y denegación de derechos. En el curso de la investigación, el INDH y otras instituciones, lograron que se aplicara la legislación que actualmente rige, lo que permitió otorgar la nacionalidad chilena en los más de 160 casos indagados de personas inscritas como HET. El derecho a la nacionalidad se encuentra reconocido en diversos instrumentos internacionales y americanos de derechos humanos ratificados por Chile, entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional […]

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