De manera unánime fue aprobado en la sala del Senado el Proyecto de Ley que, a través de una modificación al decreto Ley N° 3.500, busca eliminar el beneficio de que gozan las AFP en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas.
La Subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, valoró de manera positiva lo sucedido en el Senado indicando que «es importante redestinar los intereses que deben pagar las AFP producto del cobro en el atraso de las cotizaciones previsionales. Considerando, además, que actualmente parte de este cobro se iba a las Administradoras de Fondos de Pensiones».
Según lo explicado por la Subsecretaria de Previsión Social, «esto se está modificando, lo que permitirá que los fondos de los trabajadores puedan ser integrados a su patrimonio».
Proyecto de Ley
La propuesta establece que los recargos e intereses que hoy perciben las Administradoras de Fondos de Pensiones, que representan aproximadamente el 4% de la deuda previsional recuperada, serán abonados íntegramente a las cuentas de capitalización individual de los trabajadores.
Se sustituye su texto íntegro por “los reajustes e intereses, incluidos los recargos a que se refieren los incisos décimo primero y décimo segundo, serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones en la cuenta de capitalización individual del afiliado. Serán de beneficio de la Administradora sólo las costas de cobranza.
Santiago de Chile, 3 de mayo 2017
Crónica Digital
Mié May 3 , 2017
El experto en ordenamiento territorial y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Carlos Muñoz, sostiene que una de las principales causas de la ausencia de normas urbanas y de edificación en 110 municipios, como reveló un estudio de la CChC, es que no da réditos políticos al no ser algo inmediatamente visible para la población. Por eso, explica que se prioriza la construcción de escuelas y edificios en vez de establecer definiciones que, a largo plazo, mejoren la calidad de vida de la ciudadanía. Según un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, 110 municipios –lo que equivale a un tercio de las comunas del país- no cuentan con normas urbanas ni de edificación. Al respecto, el gremio definió la situación como “una crisis de planificación urbana”. Para el arquitecto especialista en ordenamiento territorial y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Carlos Muñoz, “lo admirable es que esto lo diga la Cámara, que es la que más se defiende para que no existan estos instrumentos de planificación, porque le afecta a sus inversionistas, que se benefician de la ausencia de este instrumento, como hemos visto en Estación Central”. “Por un lado, es muy bueno que ellos lo planteen, pero por el otro, subrayar que lo están haciendo recién, cuando el tema está en todas partes”, agrega. “Si no hay una norma clara que encamine las decisiones que tenga la defensa del bien común del espacio urbano que se está pensando desarrollar, esto no camina. El problema es gravísimo”, enfatiza. Muñoz sostiene que la situación se explica, principalmente, porque “normalmente, el ciudadano común no tiene idea de que esto es importante o trascendente. En un ejemplo extremo, si se le pregunta a alguien qué prefiere, que se construya una escuela o se diseñe un plan regulador, seguramente optarán por lo primero”, grafica. “El plan regulador es un intangible y, por lo tanto, no da réditos políticos visibles”. “Las Secretarías Regionales Ministeriales de Vivienda pueden solicitar recursos tanto al Fondo Nacional de Desarrollo Regional así como al sistema central del Ministerio para apoyar a municipios que efectivamente tienen escasos recursos, particularmente los de carácter rural o menos urbanos, para la ejecución de estos instrumentos”, explica. “Esto también es un tema que depende de la autoridad regional, no solo nacional. Cada Seremi puede hacer un catastro y determinar, del total de los planes reguladores, los que no tienen, y financiar un porcentaje para los que poseen más recursos y el total para los que tienen menos. Se puede tomar una decisión de carácter más propositivo y menos observador”, apunta. Por eso, afirma que “hay que apurar al intendente y al Seremi de la región respectiva por esta situación, ya que ante la carencia de ese instrumento, se requiere que apliquen la velocidad correspondiente”. “Estos instrumentos son de aprobación muy lenta, toman de 18 a 36 meses para sacarlos, entonces, incluso cuando se aprueban, están obsoletos y hay que actualizarlos inmediatamente”, advierte. “Hay que partir ya porque, si nos […]
