La semana pasada se aprobó idea de legislar, donde el senador UDI VÍCTOR Pérez votó en contra, el RN Francisco Chahuan se abstuvo cuestionando su constitucionalidad, y Adriana Muñoz (PPD), Jorge Pizarro (DC) y Carlos Montes (PS), votaron a favor.
Un tema complejo será la votación de las indicaciones del Ejecutivo, que revierten lo aprobado por la Cámara de Diputados, tergiversando el espíritu original de dar prioridad al consumo humano y la preservación de los ecosistemas por sobre el lucro particular.
Un paso decisivo dará este martes el Código de Aguas en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado. Ese día, desde las 10:30 horas, Adriana Muñoz (PPD), Francisco Chahuan (RN), Víctor Pérez (UDI), Isabel Allende (PS) y Jorge Pizarro (DC) comenzarán a votar en particular las indicaciones ingresadas tanto por el Ejecutivo como por los propios legisladores.
Será este un nuevo hito en el avance de la reforma desde que la semana pasada los senadores aprobaran la idea de legislar, con el voto en contra de Pérez y la abstención de Chahuan, quien pidió reserva de constitucionalidad. La derecha cuestiona artículos clave del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en primer trámite constitucional, no conforme con los ya impulsados desde el Ejecutivo que intenta de restringir la aplicación del caudal ecológico, mantener la figura de derechos de agua por sobre la de concesión y los privilegios que la minería tiene sobre los recursos hídricos, además de favorecer la energía hidroeléctrica en perjuicio de otros sectores productivos.
Argumentos
El martes 2 de mayo, previo a emitir su voto, los legisladores entregaron los argumentos que defenderán durante el análisis en particular del proyecto.
Pérez se refirió a la supuesta incompatibilidad de la coexistencia de dos categorías legales para el otorgamiento y uso del agua: los derechos de aprovechamiento actualmente vigentes vs. las concesiones, que sería el nombre que se daría a las nuevas autorizaciones.
El legislador UDI apuntó principalmente a temas de infraestructura, fiscalización y tecnología, recalcando que no es necesaria una reforma al Código de Aguas sino principalmente el fortalecimiento institucional de la DGA y entregar recursos para la construcción de embalses.
Chahuan, en tanto, entregó un listado de los artículos de la Constitución que, en su opinión, son vulnerados por la reforma: el fundamental, el derecho de propiedad. Destacó las indicaciones del gobierno, que son cuestionadas por la sociedad civil por revertir importantes avances logrados en la Cámara, particularmente las que favorecen a las empresas eléctricas y las que mantienen la figura de derechos de agua.
Pizarro, quien presentó una indicación que elimina de las prioridades el uso doméstico de subsistencia, señaló que la reforma es oportuna para ir transformando el agua en un bien nacional de uso público. Asimismo, relevó que el proyecto reconozca que este es un recurso escaso, el que debe ser usado con orientación hacia el bien de país y no para beneficio de unos pocos.
El senador Carlos Montes (PS), quien participó en reemplazo de Isabel Allende, concordó con Pizarro en el sentido de que la reforma reconoce el carácter del agua como un bien nacional de uso público, señalando que uno de los grandes problemas hoy es el acceso, y que el proyecto busca generar equidad tanto en este ámbito como en el de su uso para todos los chilenos.
Muñoz, quien preside la comisión y es una de las principales defensoras del espíritu original de la reforma al Código de Aguas, recordó que hoy prevalece un dejar hacer en materia de agua, lo cual es incoherente con su relevancia para la vida. Calificó de prejuicios los planteamientos que apuntan a que el proyecto sería expropiatorio, considerando que la propiedad privada a perpetuidad del agua que se da en Chile no existe en ninguna otra parte del mundo.
En este sentido, recordó las palabras del Papa Francisco, quien enfatizó que la próxima guerra será por agua, por lo cual es urgente buscar el equilibrio entre el mercado y las necesidades esenciales del ser humano y los ecosistemas, por lo cual no es posible seguir como en el caso chileno.
Previo a la aprobación de la iniciativa en general, se acordó permitir que se sigan ingresando indicaciones hasta el momento previo a su votación, quedando en claro que una vez discutidas y sancionadas no se pueden recibir propuestas sobre las mismas materias.
Obispo Infanti
La votación se produjo a solo unos días desde que el obispo de Aysén Luis Infanti enviara a los senadores una carta exhortándoles a pensar en el bien común al momento de votar la reforma. En ella, hace un recuento en la relevancia del agua para la vida, tanto humana como de las otras especies.
Recientemente, al darse a conocer la carta en un artículo en La Tercera, indicó que su objetivo es “estimular una acción ética, porque me temo que en las discusiones puedan primar más intereses económicos y ciertos poder económico”.
Para Infanti esta realidad es “muy grave y no responde a las exigencias más básicas de la gente. Yo creo que es importante considerar que sin agua no hay vida y cuando hay fuertes conflictos de agua, lo cual se da en la mayoría de los conflictos de hoy en Chile, la necesidad de la gente creo que tiene prioridad. Es una invitación por supuesto muy humilde la que les hago”.
Reconoció que en la tramitación de este proyecto hay presiones de grandes corporaciones multinacionales, “para que no se aprueben las modificaciones que ya ha hecho la Cámara. Ciertamente que hay presiones para beneficiar más a los poderes económicos donde también están involucrados políticos”.
Santiago de Chile, 8 de mayo 2017
Crónica Digital
Me parece increíble que el gobierno que dirige la señora Bachelet junto con los UDI y muchos DC , insistan en favorecer a las empresas y concesiónles de por vida el derecho de aguas , manteniendo una opinión diferente a toda la comunidad y pueblo de Chile que busca que el agua sea un bien común y prioritario para uso humano
y no una mercancia de consumo ; después de todo ,el agua es un bien natural y su distribución debe estar en manos del gobierno como ente representante del pueblo todo y no como entidad comercial vendiendo los bienes naturales ypeor aún , a empresas extranjeras.