Representantes de esta instancia expusieron las propuestas de la Universidad de Chile respecto al proyecto de ley de universidades estatales referidas a gobernanza y autonomía, financiamiento y régimen laboral. En la ocasión, la senadora universitaria Mercedes López calificó como «inconcebible» que el plan de fortalecimiento sea de 150 mil millones de pesos dividido en 10 años para 18 universidades. «Eso significa que cada universidad va a recibir -si se dividiera por igual-, 660 millones de pesos, monto que recibimos los académicos por un proyecto de investigación del tipo Fondap o del tipo Milenio».
“Hay 13 planteles que conservan el estatuto de los años ‘80, por ende, la gran mayoría de las universidades del Estado mantienen los estatutos de la dictadura, donde predominan los modelos de Junta Directiva, de universidad privada y empresa”, planteó la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) e integrante del Comité de Coordinación Institucional (CCI), María Olivia Mönckeberg, este martes 8 de agosto ante los parlamentarios que integran la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.
Junto a ella, asistieron en representación del CCI a la sesión de esta instancia legislativa el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Roberto Aceituno; los senadores universitarios Juan Carlos Letelier –vicepresidente del organismo-, Doris Pinto y Mercedes López; y Fernando Molina, director Jurídico de la U. de Chile, quienes explicaron los acuerdos y propuestas emanados del trabajo conjunto y triestamental realizado por el CCI tras el ingreso de la ley sobre universidades del Estado al parlamento.
Mönckeberg manifestó que lo que propone la ley en materia de gobernanza a partir de un Consejo Superior, “se parece mucho más al directorio de una empresa que a la manera que hemos visto que se puede gestionar una universidad, considerando una democracia académica”.
En respuesta a este punto, la directora del ICEI expuso las propuestas del CCI, que incluyen “consagrar al menos dos órganos colegiados superiores en cada universidad, uno con funciones ejecutivas y otro funciones normativas y de estudios estratégicos”, donde esté asegurada la participación triestamental; y que quede estipulado un número máximo de representantes externos en dichos órganos colegiados.
Además de considerar inadecuado el financiamiento planteado mediante un crédito del Banco Mundial, la profesora Mönckeberg dijo que el proyecto debe dejar estipulado “un plan de fortalecimiento que debe reforzar un sistema público de Educación Superior, con mecanismos complementarios como el convenio marco, pero estos no deben ser la principal vía de financiamiento”.
Sobre este mismo punto, la senadora universitaria Mercedes López explicó que “es absolutamente inconcebible” que el plan de fortalecimiento propuesto por el actual proyecto de ley sea de 150 mil millones de pesos dividido en 10 años para 18 universidades. “Eso significa que cada universidad va a recibir -si es que el financiamiento se dividiera por igual-, 660 millones de pesos. Déjenme decirles que ese es el monto que recibimos los académicos por un proyecto de investigación del tipo Fondap o del tipo Milenio, entonces hay una incoherencia entre fortalecer un sistema estatal y darle a las universidades estos montos”.
López agregó que los planteles del Estado revisten un interés común del país, y que “representan a un mismo nivel que las fuerzas armadas, o el sistema judicial, los desarrollos que Chile como Estado requiere para el futuro”. Por ello, nuestro país “necesita fortalecer a sus universidades estatales porque es ahí donde está la mayor riqueza del siglo XXI que es justamente cómo a través del conocimiento y la cultura, nosotros somos capaces de enfrentar los desafíos que vienen”.
Respecto al régimen laboral de los funcionarios, el director Jurídico, Fernando Molina, detalló que las propuestas del CCI apuntan a que el personal de colaboración de las universidades estatales “no debieran exceptuarse de las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado”, dado que, advirtió, “es cuestionable la constitucionalidad de la excepción de este título. La constitución establece como obligatorio que una ley orgánica constitucional se tiene que regular la carrera funcionaria y se exceptúa a los funcionarios de las universidades del estado hay un posible vicio de constitucionalidad”.
Sobre este punto, complementó Molina, existe un “rechazo común de que cada universidad pueda dictar normas especiales para su personal no académico por sobre las normas del estatuto administrativo, porque debería haber un estatuto único que proteja a los funcionarios de las universidades del Estado y habrían 18 reglamentos particulares con la flexibilidad y desregulación y el riesgo que eso implica”.
La opinión de los parlamentarios y del Ejecutivo
Desde el Ministerio de Educación, la directora de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, manifestó que “la ministra, la subsecretaria y nosotros, hemos señalado permanentemente que estamos en un proceso de trabajo con las distintas comunidades universitarias y sus representantes”, respecto a los ajustes que requiere el proyecto en sus aspectos fundamentales.
“Hay una voz de las comunidades que es creo que es importante considerar y que se manifiesta muy crítica”, agregó por su parte la diputada Camila Vallejo.
Por su parte, la diputada Yasna Provoste, además de agradecer la claridad de la exposición, manifestó que “la experiencia en términos de la gobernanza que ustedes han expuesto es un tema de gran interés porque los gobiernos universitarios ponen en juego el concepto mismo de la democracia en las universidades”. Por ello, agregó, el proyecto debe “establecer condiciones mínimas de democracia universitaria donde se permita que todos los actores tengan participación en órganos de toma de decisiones”.
Santiago de Chile, 10 de agosto 2017
Crónica Digital
