Miembros de diversas organizaciones de la Salud, entre ellas la Corporación Innovarte, Fundación Nuevo Renacer y el Colegio de Químicos Farmacéuticos, acompañados del diputado Giorgio Jackson y representantes del Movimiento Autonomista, llegaron hasta La Moneda para entregar una carta a la Presidenta Michelle Bachelet donde solicitan su intervención ante el Ministerio de Salud.
Esto ya que en marzo de este año presentaron a la ministra de dicha cartera, Carmen Castillo, una solicitud para declarar que el acceso a los medicamentos de última generación destinados a curar la Hepatitis C y el cáncer de próstata resistente a la castración, constituyen un problema de salud pública que justifica una licencia no voluntaria de conformidad con la ley 19.0391, petición que hasta la fecha no ha sido respondida.
La iniciativa busca potenciar el uso de las licencias obligatorias, con el fin de disminuir el costo que significa para el Estado la compra de este tipo de medicamentos. De acuerdo a las cifras entregadas por los expertos, dicho ahorro ascendería, en el caso de los pacientes de cáncer de próstata y considerando sólo los 500 casos más urgentes detectados, sería a lo menos de tres mil doscientos cincuenta millones de pesos, mientras que en el de los 5000 pacientes con hepatitis C, superaría los veintisiete mil quinientos millones de pesos.
En la carta los firmantes afirman que “el alto costo del tratamiento que incorpora el sofosbuvir en Chile es el resultado de la falta de precios competitivos, por encontrarse impedido el ingreso de genéricos por la patente que otorga exclusividad a su titular. Dicho alto costo resulta escandaloso, si se considera que este es superior en un 900% al que está disponible en otros países donde existen alternativas genéricas, posibles por la ausencia de patentes, más asequibles”.
Como ejemplo, señalan que en Chile, el precio de venta al público en farmacias alcanza 18 millones de pesos para 3 meses de tratamiento lo que sumado a los otros medicamentos con los que se administra, el valor del tratamiento puede llegar a los 40 millones de pesos, en circunstancias que el tratamiento completo incluyendo la combinación con antivirales, por ejemplo, en la India o Egipto puede costar menos de trecientos mil pesos.
La misiva fue entregada con el apoyo de los diputados del Frente Amplio, Gabriel Boric y Giorgio Jackson. Desde el Movimiento Autonomista también asistió la médica salubrista, María José Díaz, quien señaló que con esta medida se busca que el acceso a los medicamentos responda a una política social solidaria y no mercantilista.
“La falta de acceso a un medicamento de eficacia comprobada, por razones basadas en un costo desproporcionado a la realidad económica del país y las posibilidades de los pacientes, constituye un atentado a la dignidad humana, a la no discriminación y una vulneración del Derecho a la Salud que es consagrado como una obligación constitucional en Chile, así como del derecho internacional”, concluyeron en el acto.
Santiago de Chile, 11 de noviembre 2017
Crónica Digital
