El llamado a retiro de la plana mayor de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada Araucanìa de Carabineros (UIOE)- responsable de la llamada “Operación Huracán”- de su ex jefe, el general Marcelo Teuber Muñoz, del mayor Patricio Marín Lazo y del capitán Leonardo Osses Sandoval, y del empleado civil, Alex Smith Leay, alias “el profesor”- ha sido entendido por la opinión pública nacional como la aplicación institucional y política del tradicional mecanismo del “fusible” y radicar en funcionarios subalternos la responsabilidad de uno de los hechos de la mayor gravedad y peligrosa trascendencia en la relación de la cuestionada policía uniformada con la institucionalidad política y constitucional del país.
De acuerdo a declaraciones del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, se trataría de una medida enmarcada en el sumario interno instalado en la policía a instancia del Ministerio del Interior, para investigar la obstrucción a la investigación judicial y la falsificación de instrumentos públicos y la “presunta” manipulación de evidencias en Carabineros, en el marco del proceso por la operación de inteligencia enfilada contra el pueblo mapuche.
Otros intentan disimular la gravedad política de los hechos al lamentar lo “perjudicial” del caso para “la imagen del sistema procesal penal” o el perjuicio a las relaciones entre la policía y el Ministerio Público o meramente en el desprestigio a las instituciones aludidas, envueltas en una “controversia”.
Es decir se trataría un de problema de “formas”, de malos procedimientos, de mal manejo, es decir de malos tratos entre dos servicios, aunque se haya tenido que suspender las vacaciones en Miami del General director de Carabineros y se haya vivido un conato de rebelión, con armas en la mano y resistido a la acción de la justicia en el cuartel de la inteligencia policial de Temuco.
Pero de lo que en realidad se trata y en ello reside la gravedad del caso- y que muchos pretender eludir, ocultar, o tergiversar- se trata de uno de los montajes más siniestros perpetrados por aparatos de inteligencia del Estado, en contra de la democracia, de la institucionalidad, la estabilidad y la justicia, criminalizando a un sector de los chilenos, los pueblos originarios, tras el fin de la dictadura militar de Pinochet (1973-1990).
Por cierto no se trata de un “hecho puntual”, como intenta caracterizarlo para restarle importancia, el general Villalobos, que como un hombre de la “inteligencia”, sabe muy bien de que se trata.
El montaje, falsificación y adulteración de pruebas, la implantación de las mismas mediante manipulación tecnológica, de los celulares de los supuestos “culpables”, el engaño a las autoridades de gobierno e incluso el ejercicio de influencias a nivel de decisiones políticas, no es algo menor en el escenario político, o un procedimiento casual.
La “Operación Huracán” constata una perversa intención, rayana en la conspiración antidemocrática y complot, más que ineptitud o errores de algún subalterno al que se obligarà a pagar los platos rotos. Bajo la lógica de que paga las culpas la parte mas débil de la cadena. Y que el hilo se corta por lo más delgado.
En el libreto conspirativo puesto al descubierto , y en los hechos reconocido por el Alto Mando de Carabineros y el Gobierno se confirma la voluntad premeditada, de inculpar con pruebas falsas o manipuladas a un sector de la población a los que se presupone culpables, “enemigos internos”.
Se hace aparecer como delincuentes, subversivos, terroristas, aliados de un grupo extremista externo, incriminar en delitos terroristas a grupos sociales, políticos o étnicos- en este caso a mapuches o políticos- en acciones delictivas, de presentar un libreto demasiado conocido que convenga a la tipificación del “enemigo interno”, en un escenario de “guerra interna” y una estrategia de una campaña antisubversiva, que hace revivir las operaciones militares de “tierra arrasada”, como el conocido con los mismos actores, en la mal llamada “Pacificación de la Araucanía”, o “La campaña del Desierto” desarrollada respectiva y concertadamente en Chile y Argentina en los años del genocidio mapuche.(1861-1883 y 1878-1885), con el balance de cientos de miles de personas masacradas y la ocupación de sus tierras ancestrales.
En el libreto titulado por sus autores, los servicios de inteligencia policiales de Chile. como “Operación Huracán” (mas allá de la supuesta lista de escopetas y municiones, que es en realidad ridícula para un supuesto ataque a la integridad de Chile o su orden interno) se revela la intención de repetir la historia.
No es casualidad de que la ministra argentina de Seguridad, la ex montonera, Patricia Bullrich se haya inspirado en su texto para acusar a los mapuches de su país de constituir “un problema de seguridad nacional”, de impulsar un “proyecto secesionista”, y de ser, como nó, ”terroristas”.
No es distinta la argumentación de la derecha chilena y de las organizaciones de empresarios camioneros y madereros locales, que en el colmo de la histeria han hablado también de que los mapuches planifican “ocupar una franja del país, de mar a cordillera”.
Hay hechos en toda esta trama conspirativa país que merecen una profunda reflexión en quienes se interesen por la salud y estabilidad democrática de la sociedad chilena, y de su futuro.
Los servicios de inteligencia deben tener un control democrático que resguarden a las instituciones civiles, o la la sociedad en su conjunto, ser rehenes de audaces que se parapeten tras uniformes o roles “tutelares” autoasignados de custodios del destino nacional, o ponerse al servicio de estrategias coloniales de seguridad al servicio del Imperio.
El montaje que hemos conocido como “Operación Huracán” puede no haber terminado. El verdadero huracán , el conspirativo y antidemocrático, podría estar en plena gestación.
La lentitud mostrada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet para desmontar el tinglado conspirativo, y los esfuerzos de la clase política para restarle su gravedad y pretender circunscribirlo a un episodio meramente formal no puede ser superado en una conversación en un salón de La Moneda, entre un titubeante ministro del Interior, Mario Fernández, un silencioso y molesto Subsecretario, Mahmud Aleuy, un altivo y hierático general Bruno Villalobos que aparece ante la ciudadanía adoptando sus propias determinaciones por sobre la autoridad política a la que constitucionalmente debe subordinación, y el jefe de la policía civil, Héctor Espinoza.
Ante el hecho objetivo de un cambio presidencial en el país, y a la luz de la preocupante experiencia vivida, los sectores democráticos deben asumir, sin dudas ni vacilaciones, una responsabilidad política en las tareas de la seguridad, en la vigilancia de los vigilantes, en la formulación de políticas que garantice efectivamente la transparencia en las labores de inteligencia y seguridad, una clara y explícita definición democrática e institucional de su funcionamiento y un compromiso inequívoco con la democracia.
Y el nuevo gobierno no debe equivocarse al respecto, si cree que con la adulación hecha a Carabineros durante la campaña electoral se exime de una atención política permanente y vigilante en estas materi“Operación Huracán”: una amenaza contra la democracia.
Por Marcel Garcés Muñoz
Periodista
Director de Crónica Digital
Santiago de Chile, 18 de febrero 2018
Crónica Digital
