El diputado socialista Marcelo Díaz junto al abogado Andrés Silva, presentaron ante el Tribunal de Garantía de Viña del Mar una querella por fraude al fisco en contra de todas aquellas autoridades y/o funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, que resulten responsables.
El Diputado (PS) Marcelo Díaz junto al abogado Andrés Silva, presentaron una acción judicial que busca determinar si la Alcaldesa Virginia Reginato y varios directivos de la Municipalidad de Viña del Mar, sabían o debían haber estado en conocimiento del traspaso de la concesión de estacionamientos de la Población Vergara entre dos empresas para permitir que una de ellas cobrara una tarifa más elevada a los usuarios y pagara una renta menor a la que originalmente estaba dispuesta a pagar al Municipio.
El parlamentario socialista por la Región de Valparaíso dijo que “hemos presentado una querella contra quienes resulten responsables, en este caso funcionarios de la Municipalidad de Viña del Mar, en relación a la fallida concesión de los parquímetros de la Población Vergara”.
Díaz agregó que “han ocurrido hechos bastante extraños, primero se le adjudica a una empresa que presenta como respaldo de trayectoria a la figura de Raúl Alcaíno, titular de una concesionaria de parquímetros en Santiago. A los 45 días, este vende su parte en apenas 2 millones de pesos. Con posterioridad esta empresa vende la concesión a otra empresa que en la licitación original había resultado segunda y ofrecía mejores términos económicos para el municipio y un menor costo para el usuario”.
El parlamentario (PS) informó que “hay que recordar que el viernes de la semana pasada la Municipalidad decidió poner término anticipado a este contrato de concesión aduciendo que este ilegal traspaso de concesión le había sido ocultado todos estos meses. En el texto los querellantes dan cuenta de una serie de antecedentes que demostrarían que la Alcaldesa Reginato y varios Directores sabían o debían haber estado al tanto de este traspaso fraudulento que tenía como propósito perjudicar las arcas del municipio pagando menos renta de concesión y cobrando una mayor tarifa a los usuarios”.
Según el diputado Díaz “en el texto se da cuenta de una reunión que sostuvo la jefa comunal con los representantes de la empresa en el mes de febrero de este año, registrada en la ley del lobby, en el preciso momento que se estaba traspasando la concesión, así como también una serie de otras comunicaciones de la empresa que podrían haber sido fácilmente verificadas que daban cuenta del cambio de propietario”.
El parlamentario añadió que “también se hace referencia a solicitudes de concejales que advertían de este traspaso y que fueron desatendidas por la administración del municipio, lo que permitió que el contrato se prolongara más allá de lo que era legalmente procedente”.
El diputado por el distrito 7 sostuvo que “dentro de las diligencias que solicitaron en el escrito presentado hoy está el que el Ministerio Público tome declaración a la Alcaldesa Virginia Reginato, a su jefa de gabinete María Angélica Maldonado, a los representantes legales de la empresa concesionaria, para que puedan dar cuenta de si en la reunión del mes de febrero se informó o no de la venta de la concesión a la Municipalidad”.
Atendido el monto del perjuicio municipal, de comprobarse la culpabilidad de los funcionarios municipales involucrados se podrían arriesgar penas de presidio de entre 5 años y un día hasta 10 años .
Santiago de Chile, 4 de mayo 2018
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