Avalada por la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, la iniciativa recibió el rechazo del conservador Partido Popular, del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y la abstención de los liberales de Ciudadanos.
El texto solicita la modificación del artículo 143.4 del Código Penal para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio, práctica que es legal en países como Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Canadá, y cuya regularización fue impugnada en España en numerosas ocasiones.
También pide exonerar de responsabilidad penal a quien ayude a morir a una persona con una enfermedad terminal o incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave.
En la actualidad, la legislación española contempla penas de prisión de entre cuatro y ocho años para ‘quien induzca al suicidio de otro’ y de entre dos y cinco años para quien coopere con ‘actos necesarios al suicidio de una persona’.
Además, establece que será castigado con la pena de cárcel de seis a 10 años si la cooperación llegara hasta el punto de causar la muerte.
Madrid, 10 de mayo 2018
Crónica Digital /PL
